Caso Hyundai (7): radiografía de cómo Néstor Humberto Martínez se habría apoderado de la justicia para ponerse a salvo de ella y ensuciar a inocentes

21 Mayo, 2022
  • El delincuente confeso y exempresario automotriz Carlos Mattos Barrero (incurso en corrupción y una masacre de 11 personas), delinquió al parecer guiado por su abogado de confianza, Néstor Humberto Martínez Neira, quien, siendo luego Fiscal General de la Nación, se convirtió en juez de sus propios actos y su más reciente confabulación -fallida- consistió en tratar de ensuciar al periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, quien, entre otras investigaciones, también publicó sobre una compleja operación de lavado de activos y evasión de impuestos en Colombia, articulada, básicamente, desde Panamá y España. Los casos del interés personal de Martínez Neira, quien parece seguir orientando desde las sombras, están invariablemente a cargo de dos cuestionados fiscales subalternos: Daniel Hernández y Álvaro Betancur.


Por ANDREA ALDANA

A nueve años y cinco meses fue condenado el delincuente confeso Carlos Mattos por haber sobornado al exjuez Reinaldo Huertas, cuando era el titular del juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. La condena la profirió el Juzgado 30 de Conocimiento de Bogotá en un proceso que solo ha estado rodeado de vicios e irregularidades, con los que al parecer se pretende favorecer a terceros —como al exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira— o perjudicarlos —como al periodista y director de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén—.

Este portal ha escrito seis entregas explicando en detalle las minucias y enredos que acompañan el mediáticamente conocido “Caso Hyundai” o “Caso Mattos” (ver aquí), en las que, básicamente, se narra que Carlos Mattos está en la cárcel —y ya fue condenado en uno de dos procesos que se le adelantan— porque lo acusaron de sobornar jueces y manipular el reparto de una demanda que —siendo dueño de Hyundai Colombia Automotriz— interpuso contra Hyundai Motor Company (casa matriz de Corea), cuando esta le quitó la distribución de los vehículos en el país para dársela al grupo económico de otro oscuro multimillonario: el ecuatoriano (ya fallecido) Juan Gabriel Eljuri Antón, empresario al que entonces Mattos también demandó.

La estrategia legal consistió en que los abogados de Mattos elevaran acciones legales con las que se obtuvieran unas medidas cautelares que apuntaran a dos cosas:  una, que se prohibiera a la Hyundai Corea distribuir vehículos en el país con alguien diferente a Carlos Mattos; y dos, que se prohibiera a la empresa de Eljuri —que ya contaba con la exclusividad de Hyundai que los coreanos le quitaron a Mattos— vender carros en Colombia, medidas cautelares que debían sostenerse mientras se fallaba el pleito legal.

Fuentes cercanas a los abogados de Mattos de la época afirmaron a La Nueva Prensa que quien diseñó esta estrategia legal, y la lideró cuando se implementó, fue Néstor Humberto Martínez Neira con su firma DLA Piper Martínez Neira, y así lo demuestran los documentos que publicó este medio en los capítulos uno, dos, tres, cuatro y cinco de esta serie, en los que se muestra que, aparte de los honorarios que le cobró por llevarle el caso —más de 700 millones de pesos—, en su oferta de servicios Martínez Neira pactó con Carlos Mattos una “comisión de éxito” que obtendría en el caso de que se decretaran las medidas cautelares, la cual sería el diez por ciento (10%) del monto que implicaran las medidas, ya sea “del valor de los bienes objeto de la misma [...] o de la caución requerida, lo que resulte mayor”. Y este diez por ciento también aplicaba sobre “indemnización”, “transacción, conciliación, etc.”, o cualquier dinero que recibiera Mattos, “independiente de la fuente donde provenga”, para terminar el proceso.

Facsímil oferta de servicios de la firma de Néstor Humberto Martínez a Carlos Mattos. Fecha: 18 de noviembre de 2015.

Facsímil Oferta de servicios. Honorarios y “comisión de éxito” pactada por Néstor Humberto Martínez. Fecha: 18 de noviembre de 2015.

 

Las acciones judiciales fueron a parar a dos juzgados: el Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en cabeza del juez Reinaldo Huertas, y el 16 Civil Municipal de Bogotá, en cabeza de la jueza Ligia Hernández Pérez; y ambos jueces dictaron medidas cautelares que favorecieron a Carlos Mattos. El monto que implicaban las medidas superaba los 30 millones de dólares y Néstor Humberto Martínez se quedó sin el diez por ciento de esta cifra porque Mattos se negó a pagarle la “comisión de éxito” acordada.

¿Por qué se negó a pagarle? Porque se asesoró con otros abogados (entre ellos Alex Vernot) y se dio cuenta de que con las medidas cautelares el único que ganaba era Néstor Humberto Martínez. Estas no le garantizaban ganar el pleito legal y aunque lo perdiera, debía pagarle ese diez por ciento por la sola obtención de las medidas. Así que, según dos de sus asesores cercanos que La Nueva Prensa consultó, a Carlos Mattos le pareció abusiva la “comisión de éxito” y se sintió embaucado por Martínez Neira, por eso no le pagó.

Años después, juez y jueza serían imputados por recibir presuntos sobornos por parte de Carlos Mattos —Reinaldo Huertas en 2018, Ligia del Carmen Hernández Pérez en 2019— y ya con Néstor Humberto Martínez Neira como director de la Fiscalía General de la Nación, quien solo se declaró impedido en el caso Hyundai el 28 de mayo de 2018, 21 meses después de posesionarse como Fiscal, tiempo en el que la Fiscalía investigó y persiguió a los funcionarios vinculados al juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, presidido por el juez Huertas.

El caso del juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá parecía no presentar mayor investigación, ya que la jueza Ligia Hernández Pérez solo fue imputada en enero de 2019 y, tal vez, porque quien presentó la acción legal que llegó al despacho de la jueza —y por la que se dictaron medidas cautelares a favor de Mattos— fue el propio Néstor Humberto Martínez Neira.

Facsímil. Acta de reparto de la solicitud que hizo Néstor Humberto Martínez. Documento publicado por el periodista Daniel Coronell en columna “Justicia por cuotas”.

Facsímil. Reconocimiento a Néstor Humberto Martínez como apoderado judicial de Hyundai Colombia, firma la juez del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá . Documento publicado por Daniel Coronell  en columna “Justicia por cuotas”.

 

El 23 de septiembre de 2016 y según Caracol Radio, Néstor Humberto Martínez Neira, dijo: “Si el caso trasciende a la justicia penal y particularmente llega a la Fiscalía, yo tendré que declararme impedido de manera inmediata”. Sin embargo, seis días después de esta declaración, el 29 de septiembre de 2016, empezó a actuar en este caso: en rueda de prensa de gran desplie gue anunció que había “evidencia documental” de manipulación en el reparto de la demanda de Hyundai.

Pantallazo noticia de Caracol Radio.  Néstor Humberto Martínez: “Si el caso Hyundai trasciende a la justicia penal y llega a la Fiscalía, yo tendré que declararme impedido de manera inmediata”. Fecha de emisión: 23 de septiembre de 2016.

 

 

Martínez Neira debió declararse impedido desde el mismo momento que se posesionó como fiscal general y no lo hizo. Tampoco informó que él mismo presentó la acción legal que llegó al despacho de la jueza Ligia Hernández Pérez y que también favoreció a Mattos con medidas cautelares. Y, como se narró en la quinta entrega de este reportaje, para el 21 de junio de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia le aceptó el impedimento, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ya tenía capturada a más de media docena de funcionarios del Juzgado 6 Civil del Circuito, entre los que incluía al juez Huertas y a Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor de ese despacho.

Media docena de funcionarios fueron privados de su libertad entre enero y junio de ese año, a los que la Fiscalía empezó a amenazar en audiencias (y por fuera de ellas) con penas mayores a quince años de prisión. Y todos en manos de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, a quienes la vice fiscal María Paulina Riveros, en calidad de fiscal general encargada, asignó el 5 de enero de 2018, “para conocer de la investigación con número de radicado 110016000049201603025, conocido públicamente como el caso Hyundai”.

Los mismos fiscales que siempre aterrizan en los casos en los que Néstor Humberto Martínez tiene intereses involucrados, como el caso Odebrecht, por el cual Hernández y Betancur hoy son investigados por el mismo Federal Bureau of Investigation, la agencia estadounidense FBI. Y por el cual Leonardo Espinoza Quintero, fiscal general Ad Hoc, compulsó copias para que se les investigara por sus actuaciones frente al caso, pues no entendió por qué, en la negociación de un principio de oportunidad con Otto Bula, los fiscales omitieron el lavado y el concierto para delinquir contra Bula, mayor lobista de Odebrecht.

Y, en últimas, también los mismos fiscales a los que, según Semana, el Tribunal Superior de Bogotá les “lanzó un duro cuestionamiento (...) por pedir la prescripción del proceso contra Básima Elías Náder, la cuñada del exsenador Ñoño Elías”, quien fue capturada por el delito de lavado de activos, por servir de intermediaria para mover millonarias coimas entre Otto Bula y el Ñoño, coimas provenientes de Odebrecht. El auto, en el que el Tribunal Superior de Bogotá cuestionó al delegado de la Fiscalía, advierte que: “De poco sirven grandilocuentes o rimbombantes estatutos anticorrupción si quien tiene la obligación de luchar contra la impunidad mira para otro lado o se somete al designio de la criminalidad de cuello blanco”. 

Pantallazo. Noticia de Revista Semana: La última jugada del exfiscal Moreno en el caso Odebrecht. Fecha: 25 de agosto de 2019.

Facsímil. Fragmento Auto proferido por el Tribunal Superior de Bogotá donde cuestiona a la Fiscalía. Fecha: 16 de agosto de 2019.

 

Y así las cosas, también serían Daniel Hernández y Álvaro Betancur los fiscales que se iban a hacer cargo del caso Hyundai, caso que directamente involucra a Néstor Humberto Martínez Neira, quien con su firma de abogados representó a Hyundai Colombia en el pleito legal.

Para el momento de la captura de los funcionarios implicados en el caso Hyundai, Carlos Mattos se encontraba en España, a donde había huido desde abril de 2018 ya que también tiene nacionalidad de allá; y después de estas capturas, inició la persecución contra los abogados de Mattos y el entrampamiento que comenzaron contra el periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, quien el 24 de septiembre de 2018 denunció en un artículo de prensa que el fiscal general Martínez Neira ocultaba bienes y fondos en España.

 

La persecución contra los abogados de Mattos

El principal perjudicado de la persecución contra los abogados de Carlos Mattos, fue Alexandre Vernot. Un abogado que asesoró a Mattos, no lo representó en este pleito legal, pero sí influyó en las negociaciones del contrato de transacción que firmaron Hyundai Colombia, Hyundai Corea y el grupo económico de Eljuri, el 7 de diciembre de 2016, para finalizar el conflicto entre las partes y que estipuló un pago de cerca de 33.670.000 dólares para Mattos como compensación, un monto del que Martínez Neira tampoco pudo cobrar el diez por ciento. Además, gran amigo, asesor legal y productor de documentales del periodista Gonzalo Guillén.

Vernot fue capturado y privado de su libertad por el testimonio de Luis David Durán, exabogado de Mattos y “testigo de estrella” de la Fiscalía en el caso Hyundai, el cual obtuvo su libertad debido a un principio de oportunidad que negoció con los fiscales Hernández y Betancur para entregar su versión, en la cual señaló a Vernot de supuestamente haberle ofrecido dos millones de dólares para que este dejara de colaborar con la justicia. Sin embargo, el 21 de febrero de 2022, la juez titular del juzgado 51 penal de Bogotá absolvió a Vernot y manifestó que la Fiscalía "no demostró la teoría del caso para arribar a un conocimiento más allá de toda duda". Decisión que fue apelada por el fiscal Daniel Hernández.

Pantallazo. El Tiempo: Juez absuelve a Álex Vernot del delito de soborno a testigos en caso MattosFecha: 21 de febrero de 2022.

 

Ahora bien, Vernot no fue el único abogado de Mattos que fue perseguido en medio de este proceso en su contra. Mildred Hartmann, quien también fue abogada defensora de Carlos Mattos, igualmente se vio afectada.

El 8 de octubre de 2018, la abogada Mildred Hartmann interpuso un derecho de petición —con aspecto de denuncia— ante la Vice fiscalía General de la Nación para “manifestarles [su] preocupación por hechos recientes que atentan contra el derecho de defensa de los implicados en el denominado ‘Caso Hyundai’ y en el ejercicio libre de la profesión de abogado en Colombia”. En el documento informa que recibió tres llamadas desde la Fiscalía General de la Nación y luego un mensaje de texto en su celular personal en el que la amenazaron con llevarla a la cárcel con las siguientes palabras: “Le mandan a decir que le van hacer lo mismo del sr Vernot (sic)”. Los teléfonos desde donde se le habrían efectuado las llamadas serían números de contacto de la Fiscalía: (+57) 1 570 2000 y 570 2092, como puede verse en su página web.

Pantallazo. Portal web de la Fiscalía General de la Nación.

 

Y que como no contestó las llamadas, recibió este mensaje de texto:

“Me imagino que estará algo preocupada por las llamadas que ha recibido en los últimos minutos, sin embargo, nada de qué preocuparse, más bien diría yo de alegrarse, le informo que hay una GRAN noticia para usted. Pero por favor tranquilidad, me dicen de Bogotá que la notaron alterada, no hay porque ya lo veras. […] lo siento yo no le voy a decir quién soy de pronto quien la llamo desde el despacho del gran jefe lo haga, yo simplemente estoy de intermediación para comunicarle 2 cosas, 1) que el Sr que la llamó hace un momento del despacho, como puede verificar, le quiere contar algo y por eso le pide el correo y 2) si es su decisión de bloqueo hágalo yo simplemente transmisión de un recado ah y otra cosa. Le mandan a decir que le van hacer lo mismo del sr Vernot y algo que quieren dar antes me dijeron que usted entendía

Es todo Sra y disculpe la molestia le reitero nuevamente que simplemente transmisión de recado es mi función acá (sic)”.

Los mensajes fueron conocidos por La Nueva Prensa y este episodio también se relata en la “Denuncia por detención arbitraria” de Alex Vernot, la cual presentó el abogado Ignacio J. Álvarez ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en Ginebra.

En su derecho de petición ante la Vice fiscalía General de la Nación —también firmado por el abogado Camilo Ortiz—, la abogada Mildred Hartmann manifiesta preocupación por la gravedad del asunto y por la detención de Alexandre Vernot, la cual considera una persecución a la defensa de Mattos. Y denuncia que tiene información de que han sido objeto de seguimiento e interceptaciones telefónicas, por lo que solicitó a la entidad información sobre si la Fiscalía había iniciado investigación contra ella y contra Ortíz.

Ese mismo 8 de octubre de 2018, día en que se interpuso el derecho de petición, también se conoció que Alberto Vergara, presidente de la Sala Disciplinaria, ordenó investigar a Hartmann por posiblemente desacatar los deberes éticos de la profesión de abogado, debido a unas declaraciones que hizo la abogada sobre el caso Mattos.

Pantallazo. Noticia de La W radio: Abren investigación contra abogada de Carlos Mattos. Fecha: 10 de octubre de 2018.

 

Según fuentes cercanas a los abogados de Mattos de la época, consultadas por La Nueva Prensa, esta persecución a su defensa se habría dado por varias razones, pero una de las principales sería porque, de llegar a etapa probatoria en juicio, la defensa de Mattos iba a vincular a Néstor Humberto Martínez Neira, entonces Fiscal General de la Nación, al que señalarían de determinador y principal benefactor de las medidas cautelares decretadas, teoría que al parecer lideraba la abogada Mildred Hartmann.

Así mismo, aseguraron a este medio dichas fuentes, de llegarse a esta etapa probatoria, la defensa supuestamente también argumentaría lo que Alex Vernot denunció en su “Acta de derechos del Capturado”: que tres investigadores del CTI afirmaron que “los investigadores técnicos en sistemas y tecnología no podían concluir de ninguna forma que el ataque cibernético supuestamente hecho por algunos de los detenidos había permitido direccionar el reparto del caso” y que, por el contrario, lo que encontraron fue que más de 15 casos del grupo AVAL habían sido “direccionados a un juez en particular”. Investigadores que, dice Vernot, después fueron removidos del caso.

Facsímil. Acta de derechos del capturado, documento redactado por Alex Vernot.

 

Pero el juicio de Carlos Mattos nunca llegó a etapa probatoria —y por lo tanto nunca se vinculó a Néstor Humberto Martínez Neira al caso— porque los fiscales subalternos Daniel Hernández y Álvaro Betancur echaron mano de la herramienta a la que están acostumbrados: la negociación con la justicia, en este caso, los preacuerdos.

 

El entrampamiento que iniciaron contra el periodista Gonzalo Guillén

Frente a su captura, Alex Vernot también afirmó que esta se debió a una publicación que hizo el periodista Gonzalo Guillén en la que denunció un actuar posiblemente ilegal del entonces Fiscal General de la Nación. Vernot y Guillén solían reunirse o comunicarse porque son viejos amigos y, sobre todo, por las consultas legales que Guillén le hacía sobre sus investigaciones periodísticas, afirma Vernot, y agrega que estos encuentros o intercambios los conocía la Fiscalía ya que tenía interceptadas sus comunicaciones. Tres días después de que Guillén publicara dicha investigación, Alex Vernot fue capturado y exhibido como un aterrador criminal.

En la sexta entrega de este reportaje se narra que, el 24 de septiembre de 2018, el periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, publicó una investigación en la que denunció que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, ocultaba, por lo menos, fondos bancarios en el Banco de Santander y un apartamento —”valorado en cerca de tres millones de euros”— en España, todo al amparo de una empresa panameña llamada Amanda Advisors S.A.

Así mismo, Guillén denunció que Amanda Advisors S.A. estaba constituida por “prestanombres”, que el beneficiario real era el fiscal general, que era una empresa panameña “de papel” —como las que suelen crearse para esconder o blanquear activos— y que había sido creada el 8 de octubre de 2007 por la firma de abogados Rosas & Rosas de la Ciudad de Panamá, firma que fue judicialmente señalada de blanquear fondos negros de la constructora Odebrecht con el objeto de pagar sobornos alrededor del mundo. 

Pantallazos. Noticias sobre la firma Rosas & Rosas. Publicadas por el medio panameño La Prensa. Fecha de emisión: 26 de junio de 2017.

 

La directiva de Amanda Advisors S.A se conformó con 5 prestanombres y/o testaferros que suelen suministrar tanto el bufete Rosas & Rosas, como el bufete Patton, Moreno & Asvat —firma que ahora figura en documentos como la agente residente de la empresa del fiscal—: entre sus directivas estaban Ilvis Kennion Avila, quien figura en otras 422 empresas; Omar José Labrador Romero, quien figura en otras 267 empresas; Iván Alexis Iturralde Moreno, quien figura en otras 422 empresas, Eliseo de León, quien figura en otras 2.538 empresas y Elisa Edghill, quien figura en otras 5.148 empresas. Y algunos de estos nombres coincidían con las directivas de otras empresas de papel que fueron asociadas a personas condenadas por blanqueo de dineros o vinculadas al lavado de dólares de Odebrecht.

Como los prestanombres Eliseo de León y Elisa Edghill, quienes coinciden en la directiva de Winter Blue S.A., empresa de papel (creada por Rosas & Rosas) de Eduardo Bernardi, exjefe de Aduanas de Buenos Aires condenado en Argentina por blanqueo de dineros con dicha empresa. O como Ilvis Kennion Avila e Iván Alexis Iturralde Moreno, testaferros que coinciden en la directiva de Sadler Associates Corporation S.A., empresa panameña cuya titular fue la contadora uruguaya Maya Cikurel Spiller, acusada de ser titular de otra sociedad anónima con la que Odebrecht habría lavado cerca de 70 millones de dólares y habría transferido coimas a Ricardo Martinelli (expresidente de Panamá) y a sus dos hijos.

Todos estos son datos que respaldaron la investigación del periodista Gonzalo Guillén y que se cuenta en detalle en la sexta entrega de este reportaje en serie (leer aquí).

Juntas directivas de Winter Blue S.A. y de Sadler Associates Corporation S.A. Fuente: OpenCorporates.

 

Al día siguiente de la publicación de Gonzalo Guillén, el 25 de septiembre de 2018, Néstor Humberto Martínez Neira, respondió en un oficio que llevaba abusivamente el membrete oficial de la Fiscalía General de la Nación y no el de su firma particular de abogado:

«El Fiscal General no tiene bienes ocultos. Nadie que quiera ocultar una inversión escoge España; allí no se puede esconder la titularidad de un inmueble. Según la Ley, en todos los casos se debe identificar el beneficiario real correspondiente, quien para este caso es ’...DON NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA’, de nacionalidad colombiana, con pasaporte de su nacionalidad número PO048859, como reza en la documentación del año 2014 que obra en poder de las autoridades competentes».

Sin embargo, tanto en septiembre de 2018 como el 11 abril de 2022, La Nueva Prensa solicitó el documento oficial de Registro de propiedad del bien inmueble que Guillén denunció ocultaba en España el fiscal general de Colombia, y como titular sigue figurando Amanda Advisors S.A. Apartamento que, según el documento público de registro, fue adquirido el 26 de septiembre de 2014, casualmente, uno de los años en los que más se repartieron coimas de Odebrecht.

Respuesta al periodista Gonzalo Guillén, por parte de Néstor Humberto Martínez Neira, entonces fiscal general de Colombia. Fecha: 25 de septiembre de 2018.

Documento oficial de España. Nota simple de registro de propiedad. Fecha: 2018

Nota simple de Registro de propiedad. Fecha: 11 de abril de 2022.

 

Todos los puntos que expuso el fiscal general Martínez Neira en su oficio, dirigido al periodista Gonzalo Guillén, se desvirtúan y se pueden conocer en detalle en la sexta entrega de esta investigación. Sin embargo, es necesario resaltar que, en ese mismo oficio, Martínez Neira mintió.

El fiscal negó —literalmente— conocer al bufete Rosas & Rosas: “No conozco ni he sido cliente de la firma Rosas & Rosas”. Pero el bufete Rosas & Rosas figura en todo el proceso de constitución de la empresa panameña Amanda Advisors S.A. —sociedad offshore a la que el fiscal no se refiere y por el contrario esquiva en su comunicado— y su nombre puede verse efectivamente en los documentos de registro público de la empresa.

Y por si esto fuera poco, en las bases de datos comerciales de Panamá, el nombre del fiscal también aparece asociado al bufete con otra empresa: la “Fundación Interamericana para el Derecho”, creada en 2005, posteriormente disuelta y en cuya directiva figura Néstor Humberto Martínez como secretario y Rosas & Rosas como agente residente.

Facsímil. Documentos públicos de registro de Amanda Advisors S.

 

Datos públicos de constitución de la empresa Fundación Interamericana para el Derecho.

 

En últimas, el oficio que el entonces fiscal general de la Nación le dirigió a Guillén estaba salpicado de evasión en sus respuestas y mentiras. No obstante, las investigaciones del periodista debieron alertar al fiscal: cuando Gonzalo Guillén publicó su investigación el 24 de septiembre de 2018, la junta directiva de Amanda Advisors S.A. estaba conformada por prestanombres y/o testaferros; un año después de la publicación del periodista, la empresa cambió su directorio y al parecer dejó de ser de papel. Según la base de datos abierta Open Corporates, la mayoría de prestanombres fueron reemplazados y a la junta directiva se incorporaron los nombres de Néstor Camilo Martínez Beltrán, María Claudia Martínez Beltrán, María Fernanda Martínez Beltrán y María Claudia Beltrán de Martínez; hijo, hijas y esposa del exfiscal general.

También cambió su denominación y ahora se llamaría Leik Tajo Investments S.A.

Ambas empresas, Amanda Advisors S.A. y ahora Leik Tajo Investments S.A., comparten el mismo número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 1223655-1-587021.

Fuente: Open Corporates.

 

Y por estos cambios imprevistos, cabe resaltar —una vez más— que, para el momento de la publicación de la investigación del periodista Gonzalo Guillén, la empresa Amanda Advisors S.A. no había sido inscrita en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio de Colombia.

La investigación de Guillén contiene más información sobre la extraña constitución de la empresa y sus vínculos, por eso, al día siguiente de su publicación —y aparte de la respuesta que obtuvo del Fiscal General—, un bloguero y tuitero que suele hacer eco de toda declaración del abogado Jaime Lombana —representante legal del grupo Eljuri en el ‘caso Hyundai’—  empezó a atacar al periodista y a decir en las redes sociales que Gonzalo Guillén hacía parte de “una estrategia del corrupto empresario Carlos Mattos”.

Sin embargo, mientras en Twitter empezaba el entrampamiento con el que pretendieron enlodar al periodista Guillén, su denuncia trascendía fronteras: el 4 de octubre de 2018, un diputado de Podemos, grupo parlamentario español, presentó un escrito ante la Mesa del Congreso de los Diputados con ocho preguntas dirigidas su gobierno “sobre las propiedades opacas en España del fiscal general de Colombia”.

Pantallazo. Noticia de Confilegal. Fecha: 4 de octubre de 2018.

Escrito que el grupo parlamentario Podemos dirigió al gobierno español sobre las denuncias del periodista G... by LaNuevaPrensa on Scribd

 

Casualmente, ese mismo 4 de octubre de 2018, día en que el nombre del fiscal general de Colombia fue ventilado y cuestionado en el parlamento español, “por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá emitió medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario, en contra del ahora confeso delincuente Carlos Mattos”. Y al día siguiente, el 5 de octubre, María Paulina Riveros Dueñas, entonces vice fiscal general, emitió un comunicado de prensa en el que informó que la Fiscalía había solicitado a España la extradición de Carlos Mattos.

Comunicado emitido por la Fiscalía. Fecha: 5 de octubre de 2018.

 

Y un mes y medio después de estos hechos, ya sería la azarosa locutora de radio Darcy Quinn quien echaría a andar en los medios de comunicación, en este caso Caracol Radio, la versión de Néstor Humberto Martínez Neira, en la que se le insinuaba a la opinión pública que el fiscal general de Colombia estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio financiada por Carlos Mattos.

Pantallazo. Noticia de Caracol Radio. Fecha: 26 de septiembre de 2018.

 

La misma periodista que a inicios de 2022 se iría lanza en ristre contra el periodista Gonzalo Guillén, y a la que el periodista Daniel Coronell pondría en evidencia, en denuncia periodística, por sus extrañas relaciones con el exfiscal general Martínez Neira y con Rodrigo Noguera, rector de la cuestionada Universidad Sergio Arboleda.

La publicación del periodista Gonzalo Guillén sobre los bienes que el exfiscal general ocultaba en España, investigación que llegó al parlamento español, sin duda fue la que más afectó a Martínez Neira. No obstante, Guillén ya venía advirtiendo en sus redes sociales sobre el papel y el impedimento que el exfiscal iba a tener al dirigir esa entidad, y lo hizo mucho antes de que siquiera iniciara el caso Hyundai o caso Mattos. 

Fuente: Twitter de Gonzalo Guillén Tuit 1 y tuit 2)

 

Y no siendo esta su única investigación fuerte, además, el 11 de septiembre de 2017 —y también mucho antes de que iniciara el caso Hyundai/Mattos—, el periodista Gonzalo Guillén publicó, junto al periodista ecuatoriano Christian Zurita, una extensa investigación sobre el lavado dinero y evasión fiscal relacionado con dineros de Odebrecht y que involucraría al grupo económico Eljuri. Reportaje cuya información fue reproducida casi en su totalidad por la Revista Semana tres días después.

Pantallazo. Noticia de Plan V, El grupo Eljuri en problemas por presunto lavado y evasión. Fecha: 11 de Septiembre del 2017.

Pantallazo. Noticia de Revista Semana, Parada en seco para Juan Pablo Eljuri Ventimilla por caso OdebrechtFecha: 14 de Septiembre del 2017.

 

En resumen, para antes de que iniciara el caso Hyundai, ya eran dos los poderosos enemigos que el periodista Gonzalo Guillén se estaba ganando con sus investigaciones; magnates y poderosos que posteriormente se verían implicados en el caso que iba a rodear a Carlos Mattos. Y no serían los únicos.

Aun así, Guillén no se quedó quieto: el 22 de octubre publicó que la firma panameña del exfiscal general tenía directivos ligados al estafador convicto David Murcia Guzmán (caso DMG);  el 6 de noviembre de 2018 denunció a Martínez Neira ante Jeff Sessions, entonces fiscal general de los Estados Unidos, por los delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos; y el 9 de julio de 2019 publicó en La Nueva Prensa la declaración bajo gravedad de juramento ante el fiscal Ad Hoc de la abogada de la familia de Jorge Pizano (principal testigo en caso Odebrecht), una declaración de hora y media en video en la que la jurista asegura que Pizano no se suicidó sino que fue asesinado, video que intentaron sustraer y desaparecer el 21 de mayo de ese año cuando el CTI —policía judicial de la Fiscalía— allanó las oficinas del fiscal Ad Hoc.

Además, en enero de 2020, el periodista Gonzalo Guillén y el penalista Daniel Mendoza denunciaron ante las autoridades norteamericanas al abogado Jaime Lombana “por lavado de activos a través de múltiples cuentas en Curazao, abiertas a nombre de otras personas” y de las que Lombana sería el primer beneficiario”.

Fuente: Twitter de Gonzalo Guillén tuit 1 y tuit 2.

 

Y como respuesta a su denuncia ante las autoridades norteamericanas, ocurrieron dos cosas: La W Radio publicó fragmentos de unas interceptaciones que la Fiscalía le hizo a las comunicaciones de la familia Mattos, en las que se mencionaba a un Guillén; y Jaime Lombana inició gira en medios masivos de comunicación afirmando que el periodista Gonzalo Guillen había recibido pagos de Carlos Mattos para ejecutar un plan que consistía en desprestigiarle (la misma versión que por entonces esgrimía Néstor Humberto Martínez), por lo que estaba “preparando acciones legales contra” el periodista en Estados Unidos. Acciones que jamás fueron instauradas.

Frente a lo primero, los fragmentos de interceptaciones que filtró La W Radio, fue un poco evidente que con ello se pretendía poner en entredicho el nombre e integridad de Gonzalo Guillén. La Nueva Prensa, por entonces, se hizo a una copia de estas mismas interceptaciones —las cuales habían sido ordenadas por el fiscal Álvaro Betancur, uno de los dos cuestionados fiscales que siempre aterrizan en los casos en los que Néstor Humberto Martínez tiene grandes intereses—y las publicó en su totalidad (ver aquí). Y si bien se nombraba a un Guillén, al que decían le habrían comprado un tiquete de avión y que, según la interceptación, iba a dormir en un apartamento de Mattos, lo cierto es que en las interceptaciones a quien sí nombraban e identificaban con claridad era a Julio Sánchez Cristo (director de La W Radio) y los mensajes en torno a este, según el análisis de las escuchas, relacionan al periodista con los Mattos e incluso se habla de unos conciertos que estos le habrían pagado a La W.

Así mismo, y después de interceptar una comunicación que hablaba de la entrega de unos cheques “a Alba Lucía para que los lleve al partido”, el analista de las interceptaciones escribe: “Parece ser que Carlos Mattos está apoyando la campaña de Iván Duque”. Sin embargo, este medio —y otros— consideraron que lo importante era hacer hincapié en el supuesto tiquete de avión de Guillén, tiquete que, además dejan en claro que nunca utilizó. Pocos días después, y en la misma línea discursiva, Jaime Lombana Villalba, representante legal del grupo económico Eljuri, salió a decir en los medios que Gonzalo Guillén lo difamaba porque estaba “obrando a sueldo” para Carlos Mattos.

Facsímil. Fragmentos del reporte de los analistas de las interceptaciones (“chuzadas”) ordenadas por el fiscal Álvaro Betancur. Caso Mattos.

 

En cuanto a las amenazas de Lombana contra Gonzalo Guillén, nunca se hicieron efectivas, no adelantó ninguna acción legal en Estados Unidos contra el periodista y lo único que hizo fue instaurar una tutela en Colombia argumentado su “derecho fundamental al buen nombre, honra e intimidad personal”, tutela que perdió y que se falló a favor de Guillén el 10 de marzo de 2020.

Por otro lado, al tratar de impugnar este fallo de tutela, fue el propio abogado Jaime Lombana quien reconoció ante un juez de control de garantías que sí existía una denuncia en su contra por lavado de activos a través de cuentas bancarias en el paraíso fiscal de la isla de Curazao. Y reveló, además, algo que Guillén ignoraba y, por tanto, no hacía parte de su investigación: que esta denuncia fue hecha por un testigo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, el cual lo señaló de tener -no siete cuentas como descubrió Guillén- sino catorce cuentas en un banco de dicha isla. Lombana hizo este reconocimiento el 16 de marzo de 2020, en su escrito de impugnación de tutela, ante el Juez 52 del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento. Y su versión coincidía exactamente con la investigación de Guillén, el periodista al que quería denunciar.

Ese mismo mes, en La Nueva Prensa, medio que dirige, Gonzalo Guillén también público que en las interceptaciones que le hicieron al asesinado narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias ´Ñeñe´ Hernández,  se destapaba una compra de votos para el presidente Iván Duque por orden del expresidente Álvaro Uribe; y esto se convirtió en una investigación periodística, de más de 20 artículos —y sigue—, que en adelante se conocería como “Ñeñepolítica.

Facsímil. Reporte de la Dirección de Investigación Judicial e Interpol (DIJIN) sobre varias interceptaciones legales.

 

Tuit del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, lamentando la muerte del narcotraficante. Fecha: 2 de mayo de 2019.

 

Las investigaciones del periodista Gonzalo Guillén ahora involucraban a Iván Duque, presidente de Colombia. Pero una vez más, Daniel Hernández —uno de los fiscales cuestionados que actuaban tanto en el caso Hyundai como en el caso Odebrecht— aterrizó en este caso. Hernández ordenó la captura de uno de los intendentes de la Dijin que presentaron ante la Fiscalía —y a petición de esta—los informes de las interceptaciones legales que le hicieron al “Ñeñe” Hernández, en los cuales se destapaba una compra de votos para favorecer a Duque.

El fiscal Hernández acusó al suboficial de la DIJIN Wadid Velásquez y a su jefe, el mayor Yeferson Fabián Tocarruncho, de haber interceptado a cinco policías que no tenían que ver en el caso. La Nueva Prensa denunció esto también y, en ese entonces, el abogado Miguel Ángel del Río le dijo a este medio que el propósito con esta captura que ordenaba el fiscal era contaminar la prueba original de los audios de la compra de votos, porque si una de esas líneas interceptadas era declarada ilegal, no habría ninguna investigación contra la campaña de Iván Duque.

A través de sus investigaciones periodísticas, Gonzalo Guillén, su colega Julián F. Martínez y La Nueva Prensa estaban poniendo en evidencia el papel que jugaban los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur  en la Fiscalía y, sobre todo, a qué intereses parecían obedecer.

Así mismo, en abril de 2020, Guillén también denunció que estos fiscales ocultaban sus declaraciones de renta —que por obligación deben ser públicas— y que tenían denuncias penales en su contra —por prevaricato y otros delitos— pero que la Fiscalía extrañamente solía “engavetarlas”; incluida la del exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa Quintero, quien compulsó copias para que se investigara a Hernández y Betancur por sus actuaciones irregulares en el caso Odebrecht, al cual el Ad Hoc fue designado por los intereses económicos que comprometían al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira.

Facsímil. Compulsa de copias del exfiscal Ad Hoc para caso Odebrecht.

 

Durante 2021, Gonzalo Guillén continuó con sus investigaciones periodísticas y junto al periodista Julian F. Martínez hicieron especial énfasis en denunciar las trampas que intentó hacer el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, contra el proceso de paz que inició el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla Farc (ver aquí y aquí). Incluso denunciaron que al expresidente Santos le fueron interceptadas —“chuzadas”— sus comunicaciones durante esta Fiscalía.

Facsímil. Solicitud de interceptación en la que se incluye teléfono asociado al expresidente Juan Manuel Santos, denominándolo “alias Santo”.

 

Y pese a toda evidencia que Guillén publicara, el abogado Jaime Lombana y el fiscal general Martínez Neira seguían alimentando la versión de que todo obedecía a una estrategia pagada por Carlos Mattos para desprestigiarlos, estrategia en la que querían involucrar al periodista.

En diciembre de 2021, Gonzalo Guillén y su abogado Roberto Mauricio Rodríguez (representante legal de La Nueva Prensa) fue advertido de un plan que se estaba intentando en la Fiscalía para entraparlo judicialmente, el cual querían gestar a través del caso Hyundai o caso Mattos.

Finalmente, esto se evidenció en enero de 2022, cuando se hizo público el contenido de uno de los preacuerdos que los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur estaban negociando con Carlos Mattos, como resultado de estos, y con ayuda de la locutora radial Darcy Quinn, el nombre de Gonzalo Guillén fue puesto en la palestra pública, estratégicamente todos lo señalaron como un difamador a sueldo de Mattos.

No obstante, pocos días después, el periodista consiguió una grabación en la que Iván Cancino, entonces abogado de la defensa de Mattos, confesaba que mencionar a Guillén y ensuciar su nombre a toda costa era una condición explícita de los fiscales Hernández y Betancur para transar con el empresario convicto. Todo esto, pese a que el fiscal general Francisco Barbosa advirtió, pública y definitivamente, en noviembre de 2019, que la Fiscalía no iba a negociar ningún preacuerdo con Carlos Mattos.

Audio revelación Iván Cancino 

Cancino reveló que Mattos dispuso de una bolsa de 900 mil dólares, convenida a título de “honorarios” con el abogado penalista Alejandro Sánchez Cerón, cuyo fin fue el de “cuadrar” los preacuerdos. La prueba magnetofónica obtenida por Guillén fue entregada oficialmente a la justicia como parte de una demanda de acción popular y ambas negociaciones corruptas de la justicia con Mattos se cayeron. Enseguida, el Juzgado 30 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó a Mattos a nueve años y cinco meses de prisión y el 11 Penal de Conocimiento de Bogotá está próximo a dar su veredicto, que será para promulgar los términos de una segunda pena, pues Mattos ya se declaró culpable de haber sobornado a una jueza -exalumna de Martínez Neira- y de los delitos conexos a ese hecho.

Finalmente, en la negociación de los preacuerdos con Carlos Mattos, no solo intentarían entrampar judicialmente a Gonzalo Guillén. Durante el mismo tiempo, otros hechos se presentaron y pusieron en peligro la vida del periodista.

Espere:

Los preacuerdos de Carlos Mattos con la justicia que el periodista Gonzalo Guillén tumbó por irregulares, y la jueza que la Fiscalía habría protegió para poner a salvo a Néstor Humberto Martínez.