El confeso delincuente Carlos Mattos está en la cárcel acusado, básicamente, de sobornar jueces y manipular el reparto de una demanda que —siendo dueño de Hyundai Colombia Automotriz— interpuso contra Hyundai Motor Company (casa matriz de Corea), cuando ésta le quitó la distribución de los vehículos en el país para dársela al grupo económico de otro multimillonario corrupto: el ecuatoriano Juan Eljuri, al que Mattos también demandó.

Las acciones legales las interpusieron los abogados de Carlos Mattos y la estrategia legal consistía en obtener unas medidas cautelares que, por un lado,  prohibieran a la empresa de Eljuri vender carros en Colombia y, por el otro, impidieran a la Hyundai Corea distribuir vehículos en el país con alguien diferente a Mattos; todo esto mientras se fallaba el pleito legal. Quien diseñó esta estrategia legal y la lideró cuando se implementó fue Néstor Humberto Martínez Neira, con su firma DLA Piper Martínez Neira, así lo afirmaron a La Nueva Prensa fuentes cercanas a los abogados de Mattos de la época, y así lo demuestran los documentos que publicó este medio en los capítulo uno, dos, tres, cuatro y cinco de esta serie, en la que se narran en detalle todos estos hechos.

Aparte de los honorarios que cobró —más de 700 millones de pesos—, Martínez Neira pactó con Carlos Mattos una “comisión de éxito” que obtendría en el caso de que se decretaran las medidas cautelares, la cual sería el diez por ciento (10%) del monto que implicaran las medidas, ya sea “del valor de los bienes objeto de la misma [...] o de la caución requerida, lo que resulte mayor”. Y este diez por ciento también aplicaba sobre “indemnización”, “transacción, conciliación, etc.”, o cualquier dinero que recibiera Mattos, “independiente de la fuente donde provenga”, para terminar el proceso.

Ahora bien, una vez interpuestas las acciones judiciales, estas fueron a parar a dos juzgados: el Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en cabeza del juez Reinaldo Huertas, y el 16 Civil Municipal de Bogotá, en cabeza de la jueza Ligia Hernández Pérez; y ambos jueces dictaron medidas cautelares que favorecieron a Carlos Mattos. El monto que implicaban las medidas superaba los 30 millones de dólares y Néstor Humberto Martínez se quedó sin el diez por ciento de esta cifra porque Mattos se negó a pagarle la “comisión” acordada.

¿Por qué se negó a pagarle? Porque se asesoró con otros abogados (entre ellos Alex Vernot) y se dio cuenta de que con las medidas cautelares el único que ganaba era Néstor Humberto Martínez y, sobre todo, que estas no le garantizaban ganar el pleito legal y aun así debía pagarle ese diez por ciento. Así que, según dos de sus asesores cercanos que La Nueva Prensa consultó, a Carlos Mattos le pareció abusiva la “comisión de éxito” y se sintió embaucado por Martínez Neira, por eso no le pagó.

Dos o tres años después, Juez y jueza serían imputados por recibir presuntos sobornos por parte de Carlos Mattos. Pero la Fiscalía General de la Nación investigaría y perseguiría con especial énfasis a los funcionarios vinculados al juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, presidido por el juez Huertas; en el caso del juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá la investigación no fue rigurosa y, por el contrario, la jueza Ligia Hernández Pérez parece haber sido protegida.

¿Por qué ocurrió esto? Porque Néstor Humberto Martínez Neira ya era fiscal general de la nación; porque hizo de la Fiscalía un instrumento de vendetta contra Carlos Mattos por el diez por ciento que no le pagó de comisión; y porque a la jueza Hernández Pérez no la podía tocar, ya que el mismo Martínez Neira había instaurado la acción legal que se adelantaba en el juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá y que derivó en las medidas cautelares que ella decretó.

Facsímil. Acta de reparto de la solicitud que hizo Néstor Humberto Martínez. Documento publicado por el periodista Daniel Coronell en columna “Justicia por cuotas”.

Facsímil. Reconocimiento a Néstor Humberto Martínez como apoderado judicial de Hyundai Colombia, firma la juez del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá . Documento publicado por Daniel Coronell  en columna “Justicia por cuotas”.

Este pleito legal estuvo plagado de irregularidades, primero, porque al haber representado a una de las partes, Néstor Humberto Martínez Neira debió declararse impedido desde el mismo momento que se posesionó como fiscal general, el 1 de agosto de 2016, y no lo hizo. Él mismo lo reconoció el 23 de septiembre de ese año, según Caracol Radio, cuando dijo: “Si el caso trasciende a la justicia penal y particularmente llega a la Fiscalía, yo tendré que declararme impedido de manera inmediata”.

Pantallazo noticia de Caracol Radio.  Néstor Humberto Martínez: “Si el caso Hyundai trasciende a la justicia penal y llega a la Fiscalía, yo tendré que declararme impedido de manera inmediata”. Fecha de emisión: 23 de septiembre de 2016.

Néstor Humberto Martínez no solo no se declaró impedido sino que, seis días después de esta declaración, el 29 de septiembre de 2016, empezó a actuar en este caso. En una rueda de prensa de gran despliegue —y sin asomo de rubor por su vínculo con una de las partes— anunció que había “evidencia documental” de manipulación en el reparto de la demanda de la Hyundai.

El entonces Fiscal general de la Nación solo se declaró impedido 21 meses después, el 28 de mayo de 2018, cuando escribió a la Corte Suprema de Justicia notificando su impedimento y señalando que este era su “primer y único contacto con la actuación” —como si él no fuera el director general de la Fiscalía—. La Corte le aceptó el impedimento en acta del 21 de junio de 2018. Pero entre enero de ese año y días antes del pronunciamiento de la Corte —en una inusual rapidez de la justicia— la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez capturó a más de media docena de funcionarios del Juzgado 6 Civil del Circuito, entre los que incluía al juez Huertas y a Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor de ese despacho.

Todos estos funcionarios fueron capturados a partir de una supuesta manipulación de un reparto. Y a partir de ese momento se les empezó a amenazar en audiencias (y por fuera de ellas) con penas mayores a quince años de prisión. Media docena de funcionarios privados de la libertad y en manos de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, a quienes la vice fiscal María Paulina Riveros, en calidad de fiscal general encargada, asignó el 5 de enero de 2018, “para conocer de la investigación con número de radicado 110016000049201603025, conocido públicamente como el caso Hyundai”; los mismos fiscales que siempre aterrizan en los casos en los que Néstor Humberto Martínez tiene intereses involucrados, como es el caso Odebrecht, por el cual hoy Hernández y Betancur son investigados por el mismo Federal Bureau of Investigation, la agencia estadounidense FBI.

Todas estas detenciones, hechas con Néstor Humberto Martínez Neira como director de la Fiscalía General de la Nación y con los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur frente al caso, estaban directamente vinculadas el Juzgado Sexto Civil de Bogotá —la jueza Ligia Hernández Pérez, titular del juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá seguía sin ser imputada— y de las versiones de estos capturados, se pasaría después a la captura de los abogados de Carlos Mattos.

Y el abogado que más iba a salir perjudicado en la vendetta de Néstor Humberto Martínez Neira era Alex Vernot.

¿Y quién era Alexandre Vernot? Un abogado que asesoró a Carlos Mattos pero no lo representó; parte influyente en las negociaciones del contrato de transacción que firmaron las partes (Hyundai Colombia, Hyundai Corea y el grupo económico Eljuri) el 7 de diciembre de 2016, y que estipuló un pago de cerca de 33.670.000 dólares para Mattos como compensación para finalizar el conflicto —monto del que Martínez Neira tampoco pudo cobrar el diez por ciento—; ex candidato a la alcaldía de Bogotá y gran amigo del periodista Gonzalo Guillén, este último director de La Nueva Prensa y quien denunciaba continuamente las actuaciones irregulares del entonces fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

Guillén y Vernot solían reunirse o comunicarse para consultas legales sobre las investigaciones periodísticas del primero ya que el segundo es jurista, intercambios que conocía la Fiscalía pues tenía interceptadas las comunicaciones de Alex Vernot. Tres días después de que Gonzalo Guillén publicara una investigación sobre cómo el fiscal general Martínez Neira ocultaba de las autoridades colombianas bienes y fondos en España —a través de una empresa fantasma panameña llamada Amanda Advisor S.A.—, Alex Vernot fue capturado.

La evasiva respuesta de Néstor Humberto Martínez Neira ante la denuncia de Guillén

El 24 de septiembre de 2018, el periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, publicó una investigación en la que denunció que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, ocultaba fondos bancarios en el Banco de Santander  y un apartamento —”valorado en cerca de tres millones de euros”— en España, al amparo de una empresa panameña llamada Amanda Advisors S.A.

¿Y qué es Amanda Advisors S.A.? Una empresa panameña de esas que se consideran “de papel”, empresas fachadas que se crean en paraísos fiscales y que suelen usarse para esconder o blanquear activos. ¿Quién la creó? Según la investigación de Guillén, la empresa la creó la firma de abogados Rosas & Rosas de la Ciudad de Panamá, y su nombre puede verse efectivamente en los documentos de registro público de la empresa.

Facsímil de los documentos públicos de registro de Amanda Advisors S.A.

¿Y por qué es relevante este dato? Porque la firma Rosas & Rosas no solo creó Amanda Advisors S.A. el 8 de octubre de 2007, también es una firma que fue judicialmente señalada de blanquear fondos negros de la constructora Odebrecht con el objeto de pagar sobornos alrededor del mundo. Según las investigaciones de las que fue objeto en Panamá, la firma recibió pagos —entre el 5 de julio y el 23 de noviembre de 2010— por un monto de al menos 2.1 millones de dólares, dinero “que procedía de fondos negros de Odebrecht, normalmente utilizados por la empresa brasileña para canalizar el pago de coimas en el extranjero”.

En otras palabras, Rosas & Rosas es una firma de abogados con una actividad similar a la de Mossack Fonseca, el bufete de abogados famoso por ser el epicentro del escándalo conocido como “Panamá Papers”, el cual versa sobre evasión de impuestos y blanqueo de capitales a través de empresas de papel que el bufete creó.

Pantallazos. Noticias sobre la firma Rosas & Rosas. Publicadas por el medio panameño La Prensa. Fecha de emisión: 26 de junio de 2017.

Y es precisamente Rosas & Rosas la firma que ha tramitado directamente los cambios ante notario que ha tenido Amanda Advisors S.A., la sociedad de papel vinculada a Néstor Humberto Martínez y cuya junta directiva fue constituida por prestanombres y/o testaferros que suelen suministrar tanto el bufete Rosas & Rosas, como el bufete Patton, Moreno & Asvat —bufete que ahora figura en documentos públicos como nuevo agente residente de Amanda Advisors S.A—; y ambas son firmas de abogados de Panamá que han sido mencionadas en escándalos de blanqueo de capitales .

La directiva de Amanda Advisors S.A se conformó con cinco prestanombres:  Ilvis Kennion Avila, quien figura en otras 422 empresas; Omar José Labrador Romero, quien figura en otras 267 empresas; Iván Alexis Iturralde Moreno, quien figura en otras 422 empresas, Eliseo de León, quien figura en otras 2.538 empresas y Elisa Edghill, quien figura en otras 5.148 empresas.

Todos estos nombres coinciden con nombres de directivos de otras empresas cuyos titulares han sido condenados o investigados por blanqueo de capitales o por participar en la cadena de sobornos de Odebrecht.  Eliseo de León y Elisa Edghill, por ejemplo, coinciden en la junta directiva de Winter Blue S.A. (creada por Rosas & Rosas), una sociedad de Eduardo Bernardi, exjefe de Aduanas de Buenos Aires, quien utilizó dicha empresa de papel para esconder de las autoridades tributarias al menos medio millón de dólares. Bernardi fue juzgado y condenado por la justicia argentina bajo el cargo penal de blanqueo de dinero.

Otro ejemplo son Ilvis Kennion Avila e Iván Alexis Iturralde Moreno,  quienes coinciden en la junta directiva de Sadler Associates Corporation S.A., otra empresa panameña cuya titular y directora fue la contadora Maya Cikurel Spiller, ciudadana uruguaya señalada por ser la titular de otra sociedad anónima a través de la cual Odebrecht habría lavado cerca de 70 millones de dólares y con la que se habrían transferido coimas al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y a sus dos hijos.

Fuente: Open Corporates.

Y como se mencionó anteriormente, el 24 de septiembre de 2018, el periodista Gonzalo Guillén publicó que Néstor Humberto Martínez Neira, entonces fiscal general de la nación, ocultaba bienes y fondos en España a nombre de la empresa de papel llamada Amanda Advisors S.A. Antes de publicar, Guillén envió una serie de preguntas al fiscal entre las que estaban:

«¿Qué relación tiene usted con la firma Amanda Advisors S.A, inscrita en Panamá y registrada luego en España? ¿Usted o su núcleo familiar han utilizado servicios de la firma panameña de abogados Rosas & Rosas? ¿En la declaración jurada de bienes y rentas que debió presentar usted al asumir la Fiscalía General de la Nación incluyó bienes y sociedades en el extranjero de las que sea dueño, socio o beneficiario real? ¿Los bienes que posee Amanda Advisors S.A. en España han sido reportados a las autoridades tributarias colombianas?¿De dónde procedieron los dineros utilizados por Amanda Advisors S.A. con los que fue adquirido el cuarto piso, puerta izquierda, del edificio situado en el número 17 de la calle Ortega y Gasset, de Madrid, España, y de dónde los que se utilizan para cubrir los gastos inherentes a la propiedad y el uso de ese inmueble?»

 El fiscal general no respondió antes de publicarse la investigación, pero sí lo hizo un día después de publicada debido a la presión de la opinión pública. Y en su respuesta, abiertamente, mintió.

Respuesta al periodista Gonzalo Guillén, por parte de Néstor Humberto Martínez Neira, entonces fiscal general de Colombia. Fecha: 25 de septiembre de 2018.

En la página oficial de registro de propiedades de España, Registradores de España (www.sede.registradores.org), figuró que el titular de un apartamento ubicado en el cuarto piso (puerta izquierda) del edificio situado en la calle Ortega y Gasset, Nº 17, de Madrid, era Amanda Advisors S.A. Y que fue adquirido en 2014.

Documento oficial de España. Nota simple de registro de propiedad.

Sin embargo, Néstor Humberto Martínez Neira, sin exhibir documento alguno respondió: «El Fiscal General no tiene bienes ocultos. Nadie que quiera ocultar una inversión escoge España; allí no se puede esconder la titularidad de un inmueble. Según la Ley, en todos los casos se debe identificar el beneficiario real correspondiente, quien para este caso es ’...DON NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA’, de nacionalidad colombiana, con pasaporte de su nacionalidad número PO048859, como reza en la documentación del año 2014 que obra en poder de las autoridades competentes».

Pues bien, lo anterior está lejos de ser cierto. El 11 de abril de este año (2022), La Nueva Prensa volvió a solicitar el documento oficial de Registro de propiedad y como titular sigue figurando Amanda Advisors S.A.. Así que, o mintió el exfiscal general de la nación o lo hizo la página oficial de Registradores de España.

Nota simple de Registro de propiedad. Fecha de solicitud de este documento: 11 de abril de 2022.

En cuanto al tipo de empresa, el periodista Gonzalo Guillén señaló en su investigación que la offshore Amanda Advisors S.A., fue inscrita con un capital social autorizado de $10 mil dólares dividido en 10 mil “acciones comunes al portador”, cada una por el valor de un dólar y todas con iguales derechos y privilegios. La estructura “acciones al portador” sirve para evitar que las empresas figuren a nombre propio; en otras palabras, el dueño de los bienes de la empresa es quien posee sus acciones al portador. A modo de metáfora, con la propiedad ocurre igual que con la moneda corriente: el dueño de un billete es quien lo lleva entre el bolsillo.

Ante esto, en su oficio, el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez respondió: «es falso que el suscrito posea sociedades en el extranjero con acciones al portador. De paso, el autor del artículo debería conocer que las mismas están prohibidas en Panamá al tenor de la ley 47 de 2013».

Pero su empresa de papel fue constituida en 2007, es decir, antes de la ley que Martínez Neira menciona como referencia y que prohíbe las sociedades con acciones al portador. Y según el documento de registro público de Amanda Advisors S.A., esta sí es su estructura.

Documento público del registro de la empresa Amanda Advisors S.A.

Y para finalizar, después de hacer un defensa que consistió en decir que su patrimonio y el de su familia se forjó con el ejercicio profesional de muchos años, Néstor Humberto Martínez Neira, quien fungía como fiscal general de la nación, negó, literalmente, conocer al bufete Rosas & Rosas: “No conozco ni he sido cliente de la firma Rosas & Rosas”.

Pero el bufete Rosas & Rosas figura en todo el documento público de la constitución de la empresa panameña Amanda Advisors S.A., empresa de la que no da respuesta el entonces fiscal general de la nación. Por otro lado, en las bases de datos comerciales de Panamá, también figura otra empresa, la “Fundación Interamericana para el Derecho”, la cual fue creada en 2005 y posteriormente disuelta, y en cuya directiva figura un Néstor Humberto Martínez como secretario y Rosas & Rosas como agente residente.

Datos de constitución de la empresa Fundación Interamericana para el Derecho.

Así que, retomando, pese a la expresa pregunta que le hizo el periodista Gonzalo Guillén a Néstor Humberto Martínez sobre su relación con la sociedad offshore Amanda Advisors S.A., el entonces fiscal general no contestó y ni siquiera la mencionó en su oficio de respuesta.

Ahora bien, si Amanda Advisors S.A. es sociedad anónima y su fin es ocultar los nombres de los verdaderos dueños de la empresa, ¿de dónde sale la relación con Néstor Humberto Martínez Neira?

Un año después de la publicación de la investigación del periodista Guillén, la empresa cambió su directorio. Y, al parecer, intentó dejar de ser de papel. Según la base de datos abierta Open Corporates, su nombre y su directiva habrían cambiado. Ahora se llama Leik Tajo Investments S.A. y entre sus directivos figuran Néstor Camilo Martínez Beltrán, María Claudia Martínez Beltrán, María Fernanda Martínez Beltrán y María Claudia Beltrán de Martínez; hijo, hijas y esposa del exfiscal general Néstor Humberto Martínez Neira.

Fuente: Open Corporates.

Ambas empresas, Amanda Advisors S.A., y ahora Leik Tajo Investments S.A., obviamente comparten el mismo número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 1223655-1-587021.

Cabe aclarar —o insistir en— que, para el momento de la publicación de la investigación del periodista Guillén, la empresa Amanda Advisors S.A. no había sido inscrita en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio de Colombia ni reportada ante la DIAN. Y que su directiva estaba conformada por Prestanombres y/o testaferros.

La investigación de Guillén contiene más información sobre la extraña constitución de la empresa y sus vínculos. Y la modificación en el nombre y en la directiva de la empresa posteriormente le dio la razón al periodista.

Pero, en resumen, esta fue una de las razones que dio origen a la captura arbitraria de Alex Vernot. Gran amigo de Guillén, antiguo productor de sus documentales periodísticos, y uno de los abogados que el periodista consultó para estar seguro de los términos legales del artículo que iba a publicar.

Alex Vernot estuvo casi dos años confinado en la cárcel La Picota. Sin embargo, la juez del caso consideró que no había pruebas ni testigos válidos en su contra, así que lo absolvió. Mientras estuvo privado de su libertad, constantemente la Fiscalía le ofreció dejarlo libre a cambio de que se declarara culpable o de que inventara una acusación contra Gustavo Petro. Vernot se negó, en consecuencia, los fiscales hicieron cuanto estuvo a su alcance para prolongar su encierro.

Meses después, vendría la vendetta que desde la Fiscalía intentarían contra el periodista Gonzalo Guillén.

Espere la séptima entrega:

El montaje judicial que intentaron contra el periodista Gonzalo Guillén a través del Caso Hyundai o caso Mattos.