El intendente Wadith Velásquez García, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol –DIJIN– el pasado 18 de marzo había denunciado penal y disciplinariamente al fiscal Daniel Hernández, quien este viernes ordenó su captura acusándolo de interceptar a cinco policías en Cali.

            Velásquez García, uno de los policías que participó en labores investigativas de la llamada “Ñeñepolítica”, denunció a Hernández (fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá) por el delito de constreñimiento ilegal y abuso de función pública.

            La denuncia penal del intendente se debe a que Hernández lo sometió a un interrogatorio sin que estuviera presente su abogado y le dijo, según se lee en la denuncia: “Se me está saliendo el mal genio” y lo amenazó con “tomar otras decisiones” a menos que contestara lo que Hernández quería oír de boca suya.

Tomado de la denuncia contra el fiscal Daniel Hernández

      Velásquez ha sido uno de los investigadores de la DIJIN contra el asesino Marcos de Jesús Figueroa García, alias “Marquitos”, hoy preso en la cárcel de Cómbita, Boyacá.

     “Marquitos” era socio de José Guillermo Hernández, alias “Ñeñe”, y jefe de sicarios del asesino convicto Juan Francisco Gómez, alias “Kiko”, ex gobernador de La Guajira, condenado a 55 años de prisión por seis homicidios y concierto para delinquir con los paramilitares y la banda criminal de “Marquitos”.

     Velásquez y el grupo policial al que pertenece fueron los encargados de incautar los bienes de Marcos Figueroa y “Ñeñe” Hernández, valorados en dos millones de millones de pesos colombianos. Este grupo presentó, ante la Fiscalía, los informes de las interceptaciones legales que le hicieron a “Ñeñe” Hernández, en el que se evidenciaba que Hernández con su organización compró votos para Iván Duque durante la segunda vuelta electoral de 2018 y financió ilícitamente su campaña.

     El descubrimiento fue hecho en conversaciones telefónicas de “Ñeñe” Hernández intervenidas por la DIJIN a petición de la Fiscalía y autorizadas en dos oportunidades por un juez de control de garantías. Los investigadores indagaban sobre el asesinato en Barranquilla de Óscar Rodríguez Pomar cuando hicieron ese hallazgo sobre la compra de votos y lo reportaron oficialmente. El abogado representante de víctimas, Miguel Ángel del Río, descubrió el informe dentro del expediente y denunció públicamente el contenido del mismo.

     En las grabaciones lícitas quedaron conversaciones de “Ñeñe” con la secretaria privada del senador Álvaro Uribe Vélez, Claudia Daza, alias “Cayita”, en las que coordinan compra de votos para Duque y otras actividades clandestinas de campaña.

     La acusación del fiscal Hernández contra el investigador Velásquez y su jefe, el mayor Yeferson Fabián Tocarruncho, se refiere a que presuntamente, dentro de la orden legal de interceptaciones, se incluyeron líneas telefónicas de oficiales activos de la policía que no tenían relación con el homicidio de Óscar Rodríguez.

     Hasta ahora la Fiscalía no ha ordenado ninguna captura ni ha avanzado en ninguna investigación contra los involucrados de la compra de votos y la financiación ilícita de la campaña de Iván Duque. El abogado Miguel Ángel del Río señaló que el propósito con esta captura es contaminar la prueba original de los audios de la compra de votos. Si una de esas líneas es declarada ilegal, no habría ninguna investigación contra la campaña de Iván Duque.

     Las grabaciones lícitas por las que hoy son acusados los dos investigadores policiales fueron ordenadas por Jenny Andrea Ortiz, quien pidió y obtuvo autorización de las mismas en dos oportunidades. En 2018, esta fiscal recibió los informes que dan cuenta del hallazgo de fraude electoral y los ocultó junto con las grabaciones, que permanecieron escondidas hasta que La Nueva Prensa las reveló.

      En la audiencia de imputación de cargos contra los policías se presentó Marcos Figueroa, a través de su abogado Andrés Palacios, para solicitar ser reconocido como víctima en el proceso. Con esto pretendía coadyuvar que la prueba se declarara ilegal y posteriormente extender la ilicitud a los procesos que se desarrollan en su contra. El juez no aceptó.

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