El Fiscal General colombiano, Francisco Barbosa, se vio en aprietos porque le mintió oficialmente a la agencia estadounidense Federal Bureau of Investigation (FBI). En efecto, le informó que no existía ningún informe del ex fiscal Ad Hoc, Leonardo Espinosa, sobre irregularidades delictuosas de los fiscales subalternos Daniel Hernández y Álvaro Betancur, cometidas en el caso de las coimas multimillonarias, pagadas en Colombia por la multinacional brasileña Odebrecht, en asocio con el Grupo Aval.
El pedido del FBI a Barbosa, con base en acuerdos binacionales de cooperación judicial, fue hecho en el desarrollo de una investigación que lleva adelante un equipo de fiscales federales en Washington sobre aspectos que nunca fueron aclarados acerca de los multimillonarios pagos de sobornos que hizo la multinacional en América Latina, buena parte de los cuales en su etapa final fueron lavados en Estados Unidos.
La investigación sobre Hernández y Betancur, quienes podrían encarar la opción de ser pedidos en extradición por Estados Unidos (principalmente el primero de ellos), se extendió recientemente a Ecuador y Perú.
El FBI le insistió a Barbosa que sí existían los informes y debió buscarlos con urgencia y empeño, hasta encontrarlos con la ayuda de un investigador colombiano que trabajó para el Fiscal Ad Hoc.
Son al menos cuatro informes -uno de policía judicial, dos técnicos y uno ejecutivo-, así como dos denuncias criminales contra Hernández y Betancur, copias de los cuales reposan en la Corte Suprema de Justicia. También los tiene La Nueva Prensa.
Las denuncias fueron archivadas recientemente, lo que no le fue notificado al Fiscal Ad Hoc para que, a pesar de estar retirado, pudiera tener el derecho de interponer los recursos legales que considerara convenientes.
El Fiscal Ad Hoc Leonardo Espinosa fue nombrado, en un hecho sin antecedentes, por la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2018. Llegó a esa posición como consecuencia del escándalo público internacional que se levantó porque el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, tenía intereses mayúsculos y evidentes en las corruptelas: había sido abogado consultor de Odebrecht, de su socio en Colombia (el Grupo Aval), y, además, en condición de superministro del presidente Juan Manuel Santos, participó en decisiones del estatal Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- que favorecieron los negociados de esa multinacional Brasileña y sus socios en Colombia. Debido a estos antecedentes, se vio obligado a declararse impedido, a pesar de que por mucho tiempo se negó a hacerlo.
Los informes no estaban en la Fiscalía cuando los solicitó el FBI porque, tan pronto renunció (prematura e intempestivamente) el Fiscal General Néstor Humberto Martínez (15 de mayo de 2019), cesó automáticamente en sus funciones el Ad Hoc, sus oficinas fueron allanadas y toda la documentación que guardaba, desapareció. No obstante, La Nueva Prensa posee copia digital íntegra de respaldo, que guarda en Nueva York, y un duplicado de esa documentación se lo entregamos en Panamá, con cadena de custodia, a un grupo investigador de agencias federales.
Qué dicen los informes pedidos por el FBI
El principal de los cuatro informes solicitados por el FBI al fiscal Francisco Barbosa es un extenso dosier de policía judicial, elaborado a instancias del Fiscal Ad Hoc, en especial sobre las maniobras con las que el fiscal Daniel Hernández favoreció a los tres principales ejecutivos de Odebrecht en Colombia para que pudieran huir del país y sacar todo el dinero que guardaban en bancos.
Los brasileños son: Eder Paolo Ferracuti, Amilton Hideaki Senday y Marcio Marangoni. Contra los tres fueron dictadas órdenes de captura en julio de 2017 pero el fiscal Daniel Hernández las engavetó y solamente las activó agosto de 2018, cuando los tres sujetos hacía casi un año habían huido de Colombia.
Ferracuti, Hideaki y Marangoni, son solicitados por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
El dosier de policía judicial recoge mentiras sobre las órdenes de captura que el fiscal Daniel Hernández les dijo a los investigadores. Esta es una de ellas:
En uno de sus informes ejecutivos, dirigidos a la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Ad Hoc consignó que su despacho logró programar para el 27 de junio de 2019 una audiencia penal de imputación de cargos criminales contra los tres brasileños. Empero, las funciones del Ad Hoc cesaron el 15 de mayo de 2019, por lo cual el caso regresó a manos de los fiscales Hernández y Betancur y estos se encargaron de echar al suelo la diligencia.
Sobre Hernández y Betancur existen sospechas de que recibieron sobornos de los tres brasileños para que les permitieran huir del país y sacar los dineros que guardaban en bancos. Esos dos fiscales, de hecho, son los únicos en Colombia que se niegan a cumplir el mandato legal de hacer públicas sus declaraciones de renta y patrimonio, postura que les tolera el actual Fiscal General Barbosa.
Hernández (Fiscal 7 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, adscrito a la Unidad del CTI) y Betancur (Fiscal 11 Delegado Ante el Tribunal Superior de Bogotá), hacen parte de un grupo creado por órdenes de Martínez Neira para que se encargara de las investigaciones de su mayor interés personal. La designación la hizo Gustavo Moreno, entonces Fiscal Anticorrupción, hoy preso por múltiples ilícitos de corrupción.
Ambos fiscales llevan también el caso del soborno a dos jueces civiles, cometido por el empresario Carlos Matos Barrero, a quien extraditaron de España. Recientemente le concedieron dos preacuerdos para aminorarle las penas que le corresponden, para lo cual Mattos dispuso US$ 900 mil a través de su abogado (Alejandro Sánchez Cerón), de los cuales existe la sospecha que Hernández y Betancur percibieron una parte.
En el caso de Mattos, también conocido como Hyundai, igualmente tiene complicidad, intereses y compromisos personales el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez.
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