Nadie le entregaría la jefatura de los bomberos a un pirómano confeso, ni le pitaría la final a un hincha que jura odio eterno al rival. Es sentido común: hay cargos que exigen distancia con el oficio. Pero en la “patria milagro” ese principio no rige. La Unidad Nacional de Protección, UNP, la entidad que decide quién en Colombia anda con escoltas y quién con un chaleco y una oración, quedó en manos de Didier Fabián Blanco Rodríguez, quien durante la campaña electoral de su jefe se la pasó amenazando a las mismas personas cuya vida hoy le toca cuidar y responder por ellas.
Blanco Rodríguez no tiene ningún título ni experiencia válidos para ocupar el cargo de director de la UNP. Fue detective del siniestro DAS, la policía política que debió ser abolida de urgencia como única solución para ponerle freno a los actos terroristas y corruptos que cometían sus miembros en todo el país, principalmente contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Esa es toda la experiencia que acredita la “idoneidad” de ese sujeto.
Para entender por qué en Colombia ningún periodista independiente u opositor puede dormir tranquilo, basta con leer lo que ha escupido en público. El 23 de marzo pasado, Blanco escribió que ojalá La Silla Vacía sacara una edición en papel “para poderme limpiar el culo con cepeda, Petro, Coronel, Santos y el centro democrático”. El 11 de mayo siguiente trasbocó llamando al presidente Petro “cacorro mentiroso y cocainómano”. El 13 de junio volvió a vomitar con rencor y resentimiento: “no hay una sola acción de los zurdos donde no se unten el zapato de mierda” y anunció, con espíritu de fumigador, que “a buena hora llegará el tigre, a limpiar la mierda que han dejado impregnada en las instituciones del estado”. Ese es el director de la UNP.
La víspera de la segunda vuelta subió el tono. Prometió “un golpe de realidad a los zurdos” y a “estos bandidos de Petro, cepeda y las Farc”. El senador Ariel Ávila rescató otros trinos de Didier Blanco con epítetos como “comunista del demonio”, “heredero de las guerrillas” y “mafioso mayor”. En sus videos de 105 segundos, formato que bautizó con el número que tuvo en el tarjetón de la Cámara, despachó a Aida Quilcué como “marioneta” de Petro y acusó a Paloma Valencia de ser una “zurda” que creaba cuentas para “autoamenazarse”.
Esa última acusación merece hacer una pausa. El hombre que hoy evalúa las amenazas contra la oposición sostiene que una dirigente se amenazaba a sí misma para hacerse la víctima. Si esa es su teoría del riesgo, cualquier opositor que llegue a la UNP con una denuncia en la mano ya sabe lo que le espera: un torcido director convencido de antemano de que todo es montaje.
Y para que no quede duda de su amplitud de criterio, sobre la fórmula de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, dejó otra joya: “Hoy no estamos para maricadas”. Lo curioso es que en 2023, cuando aspiró a la Alcaldía de Ibagué y sacó 6.005 votos, el mismo Blanco prometía programas contra la discriminación de la población LGBTIQ+.
Su lista de agraviados es amplia, y nadie se salvó. Ni siquiera el uribismo, al que llamó “fresas”, “tibios” y “badulaques” porque le pedían no atacarlos con toda su capacidad para botar mierda. Por eso la senadora Alejandra Omaña resumió el asunto en una línea: “Parece ser que ni el Centro Democrático tendrá garantías, mucho menos nosotros”. El representante Daniel Briceño, del mismo Centro Democrático, coincidió: “Nunca he sentido garantías con el actual director de la UNP y con este tipo de cosas será muy difícil sentirlas con el señor Didier Blanco”. El problema no es precisamente ideológico cuando la izquierda y el uribismo dicen lo mismo de un funcionario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió por escrito al Espriella, el 4 de agosto, que evaluara de manera racional la peligrosa designación de Didier Blanco. El ministro del Interior; Rodrigo Lara, a quien Espriella acaba de despedir, respondió que “una publicación equivocada” no puede calificar toda una vida. Fueron meses de publicaciones amenazadoras, sicariales, no una. El Decreto 1228 del 18 de agosto de 2026 lo nombró de todas maneras.
Luego vino el perdón, y fue selectivo. El 29 de septiembre, en la Comisión Segunda de la Cámara, Blanco le pidió disculpas al Centro Democrático y explicó que sus palabras sicariales “obedecieron a temas de campaña”. A Petro, a Cepeda, a Quilcué a Oviedo, etcétera, no les ha pedido perdón. Ahora, el único partido con disculpa pública es también el único que no ha perdido esquemas de seguridad.
Porque lo que siguió fue la tijera. A los diez días de posesionado, la UNP ordenó retirar el esquema de Beto Coral y el de Juliana Guerrero; en la misma tanda se reportó el de Gabriela Muñoz. El 12 de septiembre le tocó a Levy Rincón, que se quedó sin sus dos escoltas y su camioneta. Rincón denunció un estudio de riesgo “exprés” ordenado por el director, dos meses después de otro que lo mantenía protegido, y nadie ha conocido la resolución que lo justifique, pues no existe. El 1 de octubre denunció que se lo habían vuelto a quitar.
El 21 de septiembre cayó la lista grande. Los exministros del Gabinete por la Vida, el grupo que se armó para hacer control político al gobierno, perdieron su protección. También la esposa de Iván Cepeda, la hija de Aida Quilcué y Daniel Mendoza, el creador de “Matarife”. Carlos Carrillo, con riesgo extraordinario reconocido por la UNP, quedó con un chaleco. Y el 19 de octubre, el mismo día en que el presidente llamó “criminal” al exministro Armando Benedetti en redes, se hizo efectivo el retiro del esquema de su esquema y el de su familia, sin que se hubieran resuelto los recursos legales que presentó.
Hasta hoy no se conoce un solo caso de un uribista, de un militante de Salvación Nacional o de un aliado del gobierno al que la UNP le haya quitado los escoltas. La tijera corta para un solo lado y, casualmente, es el lado al que el director ha insultado con odio.
El jefe, por supuesto, marca el compás. El 15 de octubre, Espriella ordenó acelerar el desmonte con una frase que bien pudo salir de un video de 105 segundos: “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron y, entonces, el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”. Añadió que habla todos los días con el director de la UNP. Es el mismo que el 29 de julio de 2025 le advirtió a la izquierda en La FM que tendría en él “un enemigo acérrimo que hará todo lo posible para destriparlos”, y remató: “A esa plaga hay que erradicarla”.
Uno no necesita imaginar complots para preocuparse. Le basta con sumar. Entre agosto de 2022 y junio de 2026 hubo 276 atentados contra personas protegidas por la UNP. En este país, el escolta no es un lujo de exministro sino lo que se interpone entre un opositor amenazado y quien lo quiera callar. Espriella, que ha manifestado con toda claridad su voluntad de destripar a la izquierda y llamó “bandidos”, “mafiosos” y “plaga” a quienes lo investigan, cuestionan y denuncian, es quien ahora decide retirar la protección a quienes lo critican, cuestionan e investigan. Cuando el mismo que descalificó a esas personas decide sobre sus condiciones de seguridad, pierde todo sentido hablar de garantías.
Blanco se presenta como uno de los mejores poligrafistas del país. Hagamos entonces la prueba de su oficio. Que la UNP publique, con la reserva que la ley exija, los estudios de riesgo y las resoluciones de cada retiro, y que diga cuántos esquemas les ha quitado a amigos del gobierno. Si todo es técnica, pasará el polígrafo sin sudar. Mientras no lo haga, la aguja ya se movió, y lo que marca es que en esta UNP ningún opositor tiene ni la más mínima garantía.