Brasil celebrará el próximo domingo 25 de octubre una segunda vuelta presidencial marcada por una profunda polarización política, encuestas que muestran un empate técnico y crecientes tensiones con la administración de Trump. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intensifican sus campañas para movilizar al electorado en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.
Según la encuesta AtlasIntel/Bloomberg publicada el 19 de octubre, Bolsonaro obtiene el 51,1% de los votos válidos frente al 48,9 % de Lula, una diferencia que se ha reducido considerablemente desde la primera vuelta. Otros sondeos, como los de Datafolha y BTG/Nexus, confirman el empate técnico. Con apenas un 1% de votantes indecisos, la elección podría definirse por la capacidad de ambos candidatos para movilizar a sus bases y atraer a parte de los aproximadamente 33 millones de brasileños que se abstuvieron en la primera vuelta.
La confrontación entre ambos candidatos se ha intensificado tanto en los debates como en las calles. Durante su primer debate de segunda vuelta, celebrado el 18 de octubre, Lula y Bolsonaro intercambiaron acusaciones sobre presuntos casos de corrupción, investigaciones judiciales y la gestión de la pandemia de COVID-19.
Paralelamente, las campañas han organizado grandes movilizaciones en São Paulo. El 11 de octubre, simpatizantes de Lula realizaron una multitudinaria “Marcha por la Democracia” en la Avenida Paulista, cuyos organizadores afirmaron que reunió a más de un millón de personas, aunque la cifra no pudo verificarse independientemente. Una semana después, Flávio Bolsonaro encabezó una concentración en el mismo lugar que reunió aproximadamente a 71.900 personas, según estimaciones de la Universidad de São Paulo. Estas manifestaciones reflejan la profunda división política del país y la importancia que tendrá la participación ciudadana en el resultado electoral.
La postura del gobierno estadounidense se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos de la elección. El 15 de octubre, el Departamento de Estado respondió a una carta enviada por el senador Bernie Sanders y 30 representantes demócratas, reafirmando el derecho de los brasileños a elecciones libres y justas, pero sin comprometerse explícitamente a respetar los resultados. En otra comunicación, 12 congresistas demócratas liderados por los representantes Sydney Kamlager-Dove y Gregory Meeks condenaron la revocación de la visa diplomática de la embajadora brasileña María Luiza Ribeiro Viotti y exigieron explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio.
Estas tensiones coinciden con una visita del subsecretario de Estado Christopher Landau a Paraguay y Argentina entre el 19 y el 26 de octubre, así como con el despliegue de aproximadamente 600 militares estadounidenses en Panamá y la planificación de ejercicios adicionales en Colombia y Honduras. Aunque no se ha demostrado una conexión directa entre estos movimientos y las elecciones brasileñas, su coincidencia ha aumentado las preocupaciones sobre la política de los EE. UU. hacia la región. A ello se suman las controversias judiciales que involucran a la familia Bolsonaro, incluida la orden de detención emitida el 8 de octubre contra Eduardo Bolsonaro, quien reside en los Estados Unidos y ha promovido sanciones estadounidenses contra autoridades judiciales brasileñas.
Las plataformas digitales también están bajo escrutinio por su papel en la campaña electoral. El 15 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó a Meta garantizar un trato equitativo a Lula y Flávio Bolsonaro, prohibiendo restricciones discriminatorias al alcance de sus contenidos políticos y exigiendo la eliminación de anuncios electorales financiados por terceros, particularmente desde cuentas extranjeras. La empresa también deberá someter a revisión humana las restricciones automatizadas sobre publicidad electoral, bajo amenaza de multas diarias de 500.000 reales.
La decisión surgió después de denuncias sobre herramientas de inteligencia artificial que supuestamente permitían generar imágenes de Bolsonaro, pero no de Lula, aunque el tribunal no encontró pruebas de favoritismo deliberado. Meta habría suspendido temporalmente la generación de imágenes y recomendaciones de ambos candidatos. El episodio ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la influencia de las grandes empresas tecnológicas, la inteligencia artificial y la publicidad digital en la integridad del proceso democrático brasileño.
El 20 de octubre, cinco organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Congreso de Estados Unidos que investigara las prácticas de Meta durante las elecciones presidenciales de Brasil. La carta denuncia posibles irregularidades en la moderación de contenidos, el uso de inteligencia artificial, el trato desigual a los candidatos y la difusión de publicidad política financiada desde el extranjero. Las organizaciones que incluyen WBO, WOLA, CEPR, Amazon Watch y LAWG, piden mayor transparencia, supervisión legislativa y garantías de cumplimiento de la legislación electoral brasileña.
Los candidatos presentan proyectos políticos profundamente diferentes sobre el papel del Estado, la economía, los derechos laborales y la seguridad pública. Flávio Bolsonaro propone una agenda de austeridad fiscal inspirada en las políticas del presidente argentino Javier Milei, que incluye la eliminación de al menos diez ministerios, la reducción del gasto público, reformas al Poder Judicial, la disminución de la edad de responsabilidad penal a 16 años y la eliminación de la reelección presidencial.
Lula, por su parte, defiende la ampliación de los programas sociales, el fortalecimiento de los derechos laborales y una mayor protección de los sectores vulnerables. Entre sus propuestas figuran un aumento del 15% del programa Bolsa Família y nuevas medidas de alivio de deudas. Un tema central de la campaña ha sido la reforma constitucional aprobada por el Senado el 14 de octubre, por 75 votos contra uno, para poner fin a la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, conocida como “6×1”. La medida establece dos días de descanso remunerado y reduce la semana laboral de 44 a 40 horas sin disminuir los salarios. Aunque inicialmente mostró reservas, Flávio Bolsonaro, quien es senador, terminó votando a favor de la reforma.
El resultado del 25 de octubre tendrá consecuencias decisivas para el futuro político de Brasil, sus relaciones internacionales y las agendas en América del Sur. Aunque Lula logra reducir la ventaja de Bolsonaro, ambos candidatos enfrentan niveles de rechazo superiores al 50%, lo que convierte la movilización electoral en un factor determinante. Independientemente de quién gane, el próximo presidente deberá gobernar con un Congreso desplazado hacia la derecha, lo que podría limitar la agenda social de Lula o facilitar algunas de las reformas constitucionales impulsadas por Bolsonaro.