Caso Hyundai: Martínez Neira usó la Fiscalía General de la Nación como arma para ajustar cuentas y cobrar venganzas personales (5)

30 Marzo, 2022

Por ANDREA ALDANA

El multimillonario Carlos Mattos Barrero —dueño de la Hyundai Colombia Automotriz— está preso, la Fiscalía General de la Nación le imputó cuatro delitos: Cohecho por dar u ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en grado de determinador (artículos 407, 197, 269A y 269D del Código Penal). Los delitos le fueron imputados en categoría “agravados” y esto quiere decir que la pena que se pide para Mattos es superior a la pena base del delito.

Pero contemos esto con otras palabras: Carlos Mattos está en la cárcel porque lo acusan, básicamente, de sobornar jueces y manipular el reparto de una demanda que sus abogados instauraron contra la Hyundai Motor Company (casa matriz de Corea), cuando está le quitó la distribución de los vehículos en el país para dársela al grupo económico de otro multimillonario: el ecuatoriano Juan Eljuri, al que Mattos también demandó. Y la Fiscalía le cayó con todo el peso de la ley porque el fiscal general de entonces era Néstor Humberto Martínez Neira, quien antes de asumir este cargo fue —junto con su firma de abogados, DLA Piper Martínez Neira— representante legal de Mattos y jefe del equipo jurídico que diseñó la estrategia legal a implementar contra Hyundai Corea y el grupo de Eljuri.

La estrategia buscaba neutralizar la venta de carros Hyundai en Colombia si no era a través de Carlos Mattos (quien tenía el monopolio de los vehículos hace más de 20 años) y para lograrlo, los abogados buscarían —mediante acciones legales— que unos jueces decretaran medidas cautelares en favor de Mattos, medidas que, sí o sí, implicaban un monto económico y de este monto —también multimillonario— a Martínez Neira, tal como acordaron abogado y cliente, le correspondería el diez por ciento (10%). Las medidas se lograron pero Mattos no le pagó ese diez por ciento a Néstor Humberto Martínez, quien después  asumió como fiscal general de la nación. La Fiscalía pasó a ser, entonces,  la mejor arma para cobrar venganza.

¿Por qué le correspondía este el diez por ciento (10%) a Néstor Humberto Martínez? Como lo narramos en los capítulos uno, dos, tres y cuatro de esta serie, porque en la oferta de servicios que Martínez Neira le pasó a Mattos —y que éste aceptó—, aparte de los más de 700 millones de pesos que cobraba como honorarios, pactó una comisión de éxito que consistía en el diez por ciento (10%) del monto que implicara la medida cautelar: “del valor de los bienes objeto de la misma [...] o de la caución requerida”. Este diez por ciento también recaería sobre indemnización o sobre cualquier dinero que recibiera Mattos, “independiente de la fuente donde provenga” (transacción, conciliación, etc.), para terminar el proceso.

Facsímiles de Oferta de servicios: honorarios  y comisión de éxito pactada por Néstor Humberto Martínez. Fecha: 18 de noviembre de 2015.

 

Dos juzgados de Bogotá decretaron las medidas cautelares que favorecieron a Carlos Mattos: el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en cabeza del juez Reinaldo Huertas, y el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, en cabeza de la juez Ligia Hernández Pérez. El primero prohibió a la Hyundai Corea promocionar, comercializar o vender vehículos en Colombia con alguien diferente a Carlos Mattos. Y la segunda le prohibió a la empresa del grupo económico de Eljuri comercializar vehículos Hyundai y utilizar distintivos de la marca en el país.

Las dos medidas cautelares significaban dinero para Néstor Humberto Martínez: el juez Reinaldo Huertas determinó una caución (o sea, dinero que Mattos tenía que consignar en una cuenta como respaldo para hacer efectivas las medidas) de 77 mil millones de pesos, más o menos 26 millones de dólares al cambio de la época; y los bienes objeto de las medidas cautelares que decretó la juez Ligia Hernández Pérez eran, básicamente, 9.143 vehículos que Eljuri tenía retenidos en zonas francas y no podía ingresar a Colombia por cuenta de las medidas; o sea, más de 30 millones de dólares. El diez por ciento (10%) de alguno de estos montos le tocaba a Martínez Neira.

Facsímil. Garantía de caución millonaria que fijó el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y que pagó Carlos Mattos. Fecha: 30 de marzo de 2016.

 

¿Y por qué Carlos Mattos no le pagó esa “comisión de éxito”? Porque se sintió embaucado, eso es lo que afirmaron a La Nueva Prensa fuentes cercanas a los abogados de Mattos de la época. Asesores diferentes a la firma DLA Piper Martínez Neira le hicieron ver a Mattos que unas medidas se las decretaron respaldadas en su propio dinero —que pagó como caución— y que, aún así, las medidas cautelares no le garantizaban ganar el pleito. Que si las decretaban, el único que ganaba era Néstor Humberto Martínez Neira. “Esta comisión de éxito era abusiva porque las medidas cautelares no le aseguraban nada al cliente y, en cambio, él (Martínez Neira) sí cobraría por el solo decreto de las mismas”, sostuvieron las fuentes consultadas, y agregaron: “Carlos Mattos consideró que Néstor Humberto Martínez en lugar de ayudarle, lo había engañado. Y por eso no le pagó”.

Eso desataría la ira de quien el 11 de julio de 2016 sería electo Fiscal General de la Nación por la Corte Suprema de Justicia. Y todo empezó a ocurrir como si tuviera engranaje: Néstor Humberto Martínez Neira no cesó su relación con Carlos Mattos. Después de electo, la representación de Hyundai Colombia quedó en cabeza de su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán y su bufete de abogados —que pasó de llamarse DLA Piper Martínez Beltrán Abogados S.A.S.— y continuaron enviando facturas incluso un mes después de la posesión de Martínez, el 1 de agosto del mismo año.

Factura de 1 de septiembre de 2016, por “presentación de la demanda de competencia desleal para los vehículos comerciales”, emitida por DLA Piper Martínez Beltrán Abogados S.A.S.

 

El 23 de septiembre de 2016, el periodista Daniel Coronell publicó una columna (“Sobre ruedas”), en la que denunció que el juez Reinaldo Huertas, del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, compró un vehículo Mazda 3 por el que pagó “casi 73 millones de pesos” en efectivo, “menos de una semana después [el 12 de abril de 2016] de haber entrado en vigencia la medida cautelar que favorece los intereses de Mattos”. Al día siguiente, la Fiscalía General de la Nación emitió el “Comunicado de prensa 183” en el que se afirmó:

«Ni el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, ni la firma de abogados a la que estuvo vinculado con anterioridad a su posesión como Fiscal General de la Nación, han tenido actuaciones judiciales ante el juzgado del circuito de Bogotá al que se alude en la columna, en representación del empresario Carlos Mattos o de sus empresas vinculadas. Dicha representación fue confiada desde un inicio a otra oficina de abogados»

Pantallazo columna “Sobre ruedas”, escrita y publicada por el periodista Daniel Coronell en Revista Semana.

 

Pantallazo del comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación. Fecha: 24 de septiembre de 2016.

 

Se veía venir una investigación y Néstor Humberto Martínez Neira no solo no se declaró impedido frente al caso que mencionaba sino, que deliberadamente, omitió información: que su firma adelantaba otra demanda de Mattos en otro juzgado, el 16 Civil Municipal de Bogotá y que la juez titular de  dicho juzgado, Ligia Hernández Pérez, había sido alumna suya, según declaraciones del posteriormente indiciado en este caso —“caso Hyundai”—, Dagoberto Rodríguez Niño.

El mismo día que Coronell publicó su columna, Martínez Neira dijo ante los medios que “Si el caso [Hyundai] trasciende a la justicia penal y particularmente llega a la Fiscalía, yo tendré que declararme impedido de manera inmediata”, pero no lo hizo y el jueves 29 de septiembre de 2016 demostró todo lo contrario: dio unas declaraciones en rueda de prensa con las que, básicamente, inauguró una investigación bajo su mando en la que estaba involucrado hasta el tuétano de los huesos: “La Fiscalía tiene evidencia documental de que fue manipulado el reparto de asignación de denuncias y de demandas y que en tres casos, según la evidencia documental que poseemos, fueron enrutadas esas demandas hacia el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá”». Todo lo anterior, haciendo referencia a la asignación de la demanda de Carlos Mattos contra Hyundai Corea, que fue asignada al juez Reinaldo Huertas, quien decretó las medidas cautelares que favorecieron a Mattos el 6 de abril de 2016, las cuales hacían parte de la estrategia legal que Néstor Humberto Martínez diseñó bajo contrarto cuando era apoderado de Mattos.

Pantallazo de noticia de El Tiempo que recoge la declaración del 29 de septiembre de 2016, de Néstor Humberto Martínez, en la que anuncia  evidencia de manipulación en reparto de la demanda de Hyundai. Fecha de emisión: 30 de septiembre de 2016.

 

Un día después de las declaraciones del fiscal general de la nación, el 30 de septiembre de 2016, su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán y otros abogados le renunciaron a Carlos Mattos. El hijo del fiscal alegó que lo hacía “hasta tanto no se aclaren los hechos divulgados por la Fiscalía General de la Nación", aunque las razones parece que obedecían a un conflicto de intereses legales ya que DLA Piper Martínez Beltrán representaba a Hyundai Colombia y, al parecer, DLA Piper, la firma multinacional de abogados, representaba a Hyundai, la casa matriz, en Corea. Conflicto narrado en detalle en el cuarto capítulo de esta entrega (leer aquí).

Pantallazos de la noticia de Revista Semana en la que se publica el comunicado de Néstor Camilo Martínez Beltrán, hijo del entonces fiscal general de la nación. Fecha de emisión: 30 de septiembre de 2016.

 

Algo se estaba gestando en la Fiscalía. Y esto lo percibieron las empresas en conflicto. Así que, debido a la pérdida de dinero que estaban teniendo tanto Hyundai Corea como el grupo económico ecuatoriano Eljuri, las partes abrieron una negociación y la cerraron el 7 de diciembre de 2016: Hyundai Motor Company, Hyundai Colombia Automotriz S.A, Carlos Mattos, Neohyundai S.A, Neocorp S.A.S, Global Car World S.A.S, Metrokia S.A., Asia Race Colombia S.A.S, Juan Gabriel Eljuri Antón y Marcos Malo Acosta firmaron un contrato de transacción que estipuló un pago de aproximadamente 33.670.000 dólares a Mattos como compensación. Y este contrato exigió “desistimiento de procesos civiles y desistimiento de procesos penales”, según manifiesta el abogado Iván Cancino en una entrevista de la W Radio, quien posteriormente pasó a ser la cabeza del nuevo equipo de abogados de Carlos Mattos.

 

Los desistimientos, en su momento, se hicieron. Todo parecía resuelto pero, “increíblemente”, cuentan las fuentes cercanas a los abogados de Mattos de la época que La Nueva Prensa consultó, DLA Piper Martínez Beltrán intentó cobrar el 10% sobre ese acuerdo de transacción. En la “Denuncia de detención arbitraria de Alexandre Vernot” que el abogado Ignacio Álvarez Martínez envió al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en Ginebra, se lee: “los señores Néstor Humberto Martínez y Néstor Camilo Martínez pretendieron que el señor Carlos Mattos les pagara el 10% del monto transado, es decir, la cantidad aproximada de tres millones trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 3.300.000). Sin embargo, por diversas razones válidas que no vienen al caso, el señor Carlos Mattos se negó a pagar dicha suma”.

 

¿Y quién era Alexandre Vernot?

Álex Vernot era un abogado externo que asesoraba a Carlos Mattos pero no lo representaba, parte influyente del contrato de transacción que se logró entre las partes, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y gran amigo y productor general de documentales del periodista Gonzalo Guillén, este último director de La Nueva Prensa, y quien denunciaba continuamente actuaciones irregulares del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y de los fiscales designados para asumir el caso Hyundai: Daniel Hernández y Álvaro Betancur, a quienes años después un fiscal ad hoc mandaría a investigar por presuntamente favorecer a extranjeros implicados en el caso Odebrecht, caso en el que el fiscal general también tenía claros intereses en juego.

 

El fiscal general no se declaró impedido en el caso Hyundai aunque fue abogado de Carlos Mattos en ese pleito legal.

Aunque en medios de comunicación aseguró que se declararía impedido “Si el caso [Hyundai] trasciende a la justicia penal y particularmente llega a la Fiscalía”, Nestor Humberto Martínez no lo hizo y, por el contrario, se ejecutaron muchas acciones dentro de ese caso, siendo él el director de la ente persecutor: la Fiscalía General de la Nación. 

Luego de la publicación de la columna de Daniel Coronell —y sin cobrar su diez por ciento (10%) como comisión de éxito—, Matínez Neira inauguró el Caso Hyundai al emitir las declaraciones en las que aseguró que había evidencia en la manipulación del reparto de la demanda de Mattos.

Posteriormente, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura realizó una Auditoría interna (en octubre de 2016) en la que (sin tener funciones de policía judicial), supuestamente, se verificó el reparto del proceso —el relacionado a Hyundai—, el cual se hizo el 29 de febrero de 2016, y su informe UA 16-032 concluyó:

“Hubo manipulación irregular de las bases de datos SARJ y BITACORA y dentro de esa manipulación se pudo modificar el número de la puerta para el grupo 01 del Juzgado 6 Civil Circuito (31, 03, 006)”.

Es decir, que la demanda se la habían entregado al juez Reinaldo Huertas casi que a dedo.

Sin embargo, la defensa de Alex Vernot —una vez fue capturado— siempre sostuvo que existió otro informe realizado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, hecho con anterioridad al del Consejo de la Judicatura, y que ahí se estableció que no podía afirmarse que hubo manipulación del registro. Versión que aún hoy, libre y absuelto de todo cargo, sostiene Vernot.

Pero las cosas no pararon ahí, aún sin declararse impedido, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez inició una serie de imputaciones y capturas de implicados en los supuestos sobornos de Carlos Mattos. Todas, claro, alrededor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en cabeza del juez Reinaldo Huertas, y aún sin nombrar que su firma adelantó la otra demanda que también obtuvo medidas cautelares en favor de Carlos Mattos, en el juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá y que la juez titular de  dicho juzgado, Ligia Hernández Pérez, había sido alumna suya, según declaraciones del posteriormente indiciado en el caso Hyundai, Dagoberto Rodríguez Niño.

Las imputaciones y capturas fueron en este orden: el 12 de enero de 2018, se imputó a Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado 6 Civil del Circuito; a Edwin Fabián Macías Castañeda, ex empleado del Juzgado 6 civil del circuito de Bogotá y a Wilmar Andrey Casas Mendoza, empleado de la Rama, por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático (agravado), en concurso heterogéneo con uso de software malicioso y falsedad ideológica en documento público (agravado por el uso). Y el 16 de mayo fue capturado Edwin Enrique Angulo Martínez, quien fungía como funcionario del Centro de Servicios Judiciales de la Rama Judicial en Bogotá, a quien le fue decretada medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez empezó a apretar a un poco de gente, cuidándose de que estas personas fueran cercana al Juzgado 6 Civil del Circuito, no estuvieran conectadas al juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá (el de su exalumna), que era donde él mismo y su firma habían solicitado las medidas cautelares que también favorecieron a Mattos. 

Pero no logró sostener más su estrategia. Y el 28 de mayo de 2018, Humberto Martínez Neira, 21 meses después de posesionarse como Fiscal General de la Nación, por fin declaró su impedimento ante la Corte Suprema de Justicia y señaló que era su “primer y único contacto con la actuación” —como si él no fuera el director general de la Fiscalía— y, como puede leerse en el acta nº. 19 y Nº. 03 de la Corte, del 21 de junio de 2018, afirmó que:

“La firma de abogados de la cual era socio el suscrito Fiscal General de la Nación, obrando como abogado en ejercicio, prestó asesoría jurídica y representó a Hyundai Colombia Automotriz S.A. de propiedad de Carlos José Mattos Barrero, en su litigio de competencia comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la empresa del grupo ecuatoriano Eljuri, designado representante en Colombia de la compañía coreana Hyundai Motor Company, en el marco de la controversia  que  sostuvieron  esta  empresa  y  la  Sociedad  Hyundai  Colombia Automotriz S.A.».

Y aunque siguió ocultando él proceso que inició él con su firma DLA Piper Martínez Neira en el juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, donde la jueza también decretó medidas cautelares en favor de Mattos, en su declaración de impedimento —21 meses después de posesionarse— era más que evidente que debió inhibirse desde que el caso Hyundai llegó a la Fiscalía y que un fiscal ad hoc debió ser nombrado para adelantarlo. Pero Néstro Humberto Martínez Neira tenía, como ha demostrado toda esta investigación, intereses económicos en juego.

Días después, y sin que la Corte le diera respuesta sobre su declaración de impedimento, la Fiscalía siguió con sus capturas relacionadas al caso Hyundai:

El 6 de junio de 2018 fue capturado Reinaldo Huertas, juez sexto civil del circuito, quien declaró las medidas cautelares a favor de Mattos y en contra de Hyundai Corea. La Fiscalía le imputó cargos por cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático. El 7 de junio fue capturado Dagoberto Rodríguez, el oficial mayor del Juzgado 6 Civil del Circuito, al que ya le habían imputado cargos.

Y, en resumen, entre 28 de mayo y el 8 y 12 de junio fueron capturados los siguientes funcionarios judiciales involucrados con el sistema de reparto: Edwin Fabián Macías, auxiliar del Juzgado Sexto Civil de Bogotá, Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez.

La fiscalía de Néstor Humberto Martínez capturó a todos estos funcionarios basado en una supuesta manipulación de un reparto. Y lo hizo todo —en una inusual rapidez de la justicia— antes del 21 de junio de 2018, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aceptó su solicitud de impedimento.

Y aunque a partir de ese momento estaba inhibido frente al caso Hyundai, ya tenía más de media decena de funcionarios privados de su libertad, a quienes se les empezó a amenazar  en audiencias (y por fuera de ellas) con penas que superaban los quince años de prisión.

Todas estas detenciones fueron con Néstor Humberto Martínez Neira como director de la Fiscalía General de la Nación. Y con los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, a quienes la vicefiscal María Paulina Riveros Dueñas, en calidad de Fiscal General encargada, asignó “para conocer de la investigación con número de radicado 110016000049201603025, conocido públicamente como el caso “Hyundai”, el 5 de enero de 2018.

Y con las versiones de estos capturados, se pasaría después a la captura de los abogados de Carlos Mattos. Pero de los abogados que actuaron ante el Juzgado Sexto Civil de Bogotá; los abogados que actuaron ante el juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, donde la jueza Ligia Hernández Pérez también sería acusada de recibir sobornos, jamás serían llamados a juicio. Estos eran: Néstor Humberto Martínez Neira, su hijo Néstor Camilo Martínez Beltran y su firma DLA Piper Martínez Beltran, antes llamada DLA Piper Martínez Neira.

Y el abogado  que más iba a salir perjudicado en la vendetta de Néstor Humberto Martínez Neira era  Alex Vernot (quien ni siquiera fungió como representante legal de Carlos Mattos). Pero era amigo del periodista Gonzalo Guillén, quien acababa de publicar en La Nueva Prensa una documentada serie de investigación sobre la manera como el fiscal general Martínez Neira lavaba dinero, lo ocultaba de las autoridades impositivas colombianas y, clandestinamente, tenía bienes y fondos en España; todo esto, por medio de una empresa fantasma panameña, llamada Amanda Advisor S.A., cuya directiva la constituían los mismos prestanombres que figuraban, por ejemplo, en una empresa fantasma del célebre lavador colombiano David Murcia Guzmán /(el de DMG), otra de un narcotraficante británico y una tercera de un lavador de activos argentino.

Amanda Advisor S.A. fue constituida por la firma de abogados panameña Rosa & Rosas, famosa por haber sido creadora y administradora de una maraña de firmas de papel por medio de las cuales en aquella época se movieron y lavaron decenas de millones de dólares, procedentes del pago de sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht, de la que Martínez Neira -valga decirlo- también fue prominente abogado consultor.

 

Espere la sexta entrega:

La denuncia de Gonzalo Guillén contra Néstor Humberto Martínez y la arbitraria captura de Alex Vernot como represalia.