El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella elevó a la categoría de “héroes” a los 22 mercenarios colombianos implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Además, ordenó usar fondos públicos para financiar la defensa legal de los 17 exmilitares que serán procesados en Estados Unidos, así como para apoyar económicamente a sus familias.
Aunque el grupo de mercenarios no ha sido juzgado en EE.UU., al menos cuatro de ellos confesaron su responsabilidad en el magnicidio, según reveló un informe de Noticias Caracol.
Esta cuestionada decisión ha puesto en evidencia la red de conexiones del entorno presidencial con el de personajes relacionados con la operación empresarial y sicarial que cometió el magnicidio.
Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias. No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) ???
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026
El trino publicado el 6 de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella ha desatado una ola de indignación y rechazo por parte de la ciudadanía. En su mensaje, instruyó a las carteras de Defensa y Justicia para que gestionen la defensa legal y ayuda económica en favor de los mercenarios colombianos vinculados al magnicidio en Haití, ocurrido en julio de 2021, y extraditados a EE.UU. el pasado 20 de septiembre.
La medida ha sido fuertemente cuestionada por virtuales conflictos de interés del jefe de Estado frente a este caso.
El trino fue precedido por un boletín de la Cancillería de Colombia, publicado el 21 de septiembre pasado, donde anunció que se encontraba adelantando gestiones de asistencia consular para los 17 colombianos requeridos por el Distrito Sur de Florida por el magnicidio de Jovenel Moïse. El comunicado resaltó que las autoridades colombianas no intervinieron en la decisión ni en el procedimiento de extradición de Haití a Estados Unidos y reiteró su apoyo presente y futuro a los asesinos y sus familias, en un caso judicial que no incumbe a Colombia.
El pasado 20 de septiembre, un grupo de 17 de los 22 mercenarios y exmilitares colombianos acusados de asesinar al presidente de Haití fueron extraditados a Estados Unidos tras cinco años de apresamiento en la ciudad capital de Puerto Príncipe. Al día siguiente, comparecieron ante la Corte del Distrito Sur de Florida que los procesará por conspiración criminal. La pena máxima para los delitos que se les imputan es de cadena perpetua.
Los delitos que se les atribuyen son conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de los Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material y recursos con resultado de muerte, sabiendo o pretendiendo que dicho apoyo se utilizaría para planear o ejecutar la conspiración para matar o secuestrar a un mandatario extranjero.
La decisión del gobierno colombiano llama la atención por el tono geneoroso y de respaldo abierto a los asesinos, en contraste con el discurso que De la Espriella ha mantenido desde la instalación de su gobierno frente a otros delincuentes, a quienes ha advertido que terminarán asesinados y empacados en bolsas, como las que han sido usadas en exhibiciones públicas para que el presidente camine entre ellas. Para los presos actuales en Colombia ha anunciado megacárceles y el despojo de varios derechos humanos, empezando por el de la dignidad, lo cual viola los principios fundamentales que establece la Constitución Nacional.
El boletín de prensa de la Cancillería hizo énfasis en que Colombia no intervino en la extradición de los mercenarios y reiteró que los acusados y sus familias cuentan y seguirán contando con el apoyo del Estado colombiano durante el juicio y después de él.
La decisión oficial plantea cuestionamientos sobre las relaciones que existen entre algunos de los protagonistas vinculados al magnicidio y personas del círculo cercano del presidente De la Espriella y los intereses detrás de la decisión de este gobierno de utilizar los recursos de los contribuyentes colombianos para la defensa jurídica de los asesinos y la promesa de apoyo económico para sus familias en Colombia.
Los mercenarios colombianos y la empresa CTU Security
Los 17 exmilitares extraditados a Florida fueron contactados en primer lugar por Arcángel Pretel, socio en la empresa estadounidense CTU Security (Counter Terrorist Unit Security), de Antonio Intriago.
Pretel, hoy condenado por este caso en EE.UU., es un exmilitar colombiano que perteneció a la compañia Delta del Bloque de Búsqueda de Colombia y luego de su retiro se radicó en Miami.
Intriago, por su parte, es un venezolano-estadounidense también declarado culpable en una corte federal por asociarse con personal en EE.UU. y pandilleros haitianos para cometer el magnicidio. Actualmente espera la sentencia que definirá la duración de su condena.
El objetivo inicial de la operación era capturar al entonces presidente haitiano e imponer en el cargo al médico y pastor evangélico Christian Emmanuel Sanon, pero justo antes del inicio de la operación, el plan cambió y la orden fue asesinar al presidente y a todas las personas que lo estuvieran rodeando en el momento de la incursión.
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Antonio Intriago fue socio durante varios años del colombo-estadounidense Alfred Santamaría en la Fundación Latinoamericanos Unidos (FLAU), en el sur de Florida. Ambos participaron en distintos planes para sacar a Maduro del poder en Venezuela.
Santamaría es barranquillero. Es el ministro de su iglesia evangélica en el Sur de la Florida, está vinculado allí a la política de extrema derecha y es viejo amigo de Abelardo de la Espriella y su familia. Fue uno de los principales enlaces de Álvaro Uribe en la Florida en Estados Unidos. Además, mantiene una relación estrecha con varios miembros del gobierno de Trump, sus aliados en Colombia y a nivel internacional.
La relación entre Santamaría e Intriago
La Nueva Prensa reveló en 2021 la relación entre Intriago y Santamaría. Este último lo negó de tajo en una entrevista con Blu Radio. Aseguró que nunca tuvo relación personal ni societaria con Intriago; que lo conocía, pero nunca habían sido amigos, y que la última vez que había tenido un “roce” con él, Intriago le habría dicho que se mudaría de estado. También añadió que dichos señalamientos hacían parte de una persecución política para afectarlo a él, al entonces presidente Iván Duque y al expresidente Uribe.
Los entonces congresistas Alexander López Maya, Gustavo Petro, Roy Barreras y Wilson Arias, cuestionaron la relación entre Santamaría e Intriago y las conexiones de estos con Iván Duque. Santamaría interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los cuatro congresistas que llevó a López, Barreras y Arias a retractarse. El entonces senador Petro se negó a rectificar, por lo que la causa penal en su contra por injuria y calumnia sigue abierta.
Duque es amigo de Alfred Santamaría, miembro de la extrema derecha en La Florida, EEUU, y socio de Tony Intriago, el empresario que contrató a los mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití https://t.co/OSptXwZqnu
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2021
La relación entre Intriago y Santamaría aparece extensamente documentada en diferentes registros y publicaciones.
En 2011, Santamaría e Intriago fueron registrados juntos durante un evento de desagravio a Simón Bolívar en Miami.
En 2014, fueron fotografiados en una reunión de la junta directiva de su Fundación Latinoamericanos Unidos (FLAU). En 2015, Las Américas publicó un artículo sobre un evento organizado en casa de Santamaría, donde describió a este como el fundador y a Intriago como el tesorero de la fundación.
En 2015 también se reportó que CTU Security fue uno de los donantes de la campaña de Santamaría para la alcaldía de Miami-Dade, que disputó en 2016.
Santamaría perdió esas elecciones y fue posteriormente acusado y multado por la Comisión de Elecciones de la Florida por violar los topes de financiación y por cuestiones relacionadas con el origen de los recursos. También se cuestionó la recepción de dinero procedente de Colombia y el uso cuestionable de voluntarios dentro de un esquema de donaciones. Sin embargo, no se presentaron cargos criminales en su contra.
En 2016 hubo nuevos registros de su relación profesional. Santamaría e Intriago aparecen juntos en una reunión de integración de la FLAU, en otra reunión de su junta directiva y en un foro sobre “democracia y seguridad”, organizado por la Fundación y con respaldo de la UNESCO, en el que Intriago y Santamaría fueron presentados como panelistas expertos.
Su relación también aparece documentada en registros oficiales de empresas en Florida. En el reporte anual de 2017 de la FLAU, Intriago y Santamaría aparecen juntos como agentes o directores de la fundación.
Ese mismo año, la Fundación organizó una gala para conmemorar su reconocimiento como organización de la sociedad civil de la Organización de Estados Americanos. Durante el acto, Santamaría e Intriago rindieron un homenaje a Luis Almagro, entonces secretario general de la OEA.
La relación con Álvaro Uribe
Por la misma época Santamaría trabajaba con Álvaro Uribe, su padrino político en la Florida.
La Nueva Prensa estableció que, en 2015, Santamaría y Uribe organizaron una cena y un torneo de golf en la Florida para recaudar fondos destinados a atender la emergencia provocada por la avalancha de Salgar, Antioquia.
Ambos eventos fueron patrocinados por CTU Security, propiedad de Intriago, a quien Uribe, quien ejercía como anfitrión de los eventos, negó conocer.
En la cena de recaudación, la mesa principal, marcada con el número 1, reunió al expresidente Uribe, a su secretaria privada María Paula Correa y a Alfred Santamaría, junto a la exmodelo Catalina Amaya, el cantante Jorge Villamizar y el entonces congresista estatal de la Florida Carlos Curbelo, entre otros invitados.
En la mesa 3, a la derecha de la principal, estaba el mercenario Antonio Intriago posando, entre otros asistentes, con Juan David Vélez, entonces representante a la Cámara por los colombianos en el exterior por el Centro Democrático.
La Nueva Prensa recuperó en 2021 las fotografías de Intriago como partícipe y financiador del evento, en el marco de la investigación por el magnicidio del presidente de Haití. Las imágenes habían sido publicadas originalmente por El Notiloco de Botero, pero el artículo fue eliminado posteriormente. La publicación había sido citada en las redes de la supuesta fundación Wake up and Arise, usadas exclusivamente para esa recaudación de fondos.
La FLAU y CTU Security
La FLAU de Santamaría e Intriago había sido presentada ante la OEA como una fundación comunitaria y no partidista, pero, en realidad, funcionaba como fachada y plataforma política para legitimar, entre otras cosas, negocios en distintos países de Latinoamérica con empresas, fuerzas armadas, policías, gobiernos y actores privados, particularmente en la industria de la seguridad privada.
Legitimados por la OEA como organización civil reconocida, usaban el nombre de la FLAU para delegar agentes en distintos países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, Colombia, Perú y Brasil, para negociar a través de CTU Security cuestionados contratos en materia de seguridad.
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Los planes contra el Régimen de Maduro
A partir de 2017, Santamaría orientó buena parte de su actividad política a la diplomacia ciudadana para impulsar la agenda “por la recuperación de la democracia en el hemisferio”.
En ese contexto, se sumó a la campaña para derrocar a Nicolás Maduro, en la que participaban, entre otros, Álvaro Uribe, Luis Almagro, Juan José Rendón —conocido como J.J. Rendón—, Juan Guaidó, y varios políticos colombianos, latinoamericanos y del Sur de Florida.
Durante la presidencia de Duque, Santamaría integró, junto a sectores de la OEA, líderes de derecha colombianos, venezolanos y republicanos del sur de Florida, un grupo que adelantó distintas iniciativas destinadas a derrocar el régimen de Nicolás Maduro, algunas de ellas desafiando las normas del derecho internacional.
Una de ellas fue el Venezuela Aid Live, un controvertido concierto celebrado en la frontera colombo-venezolana en febrero de 2019.
El evento fue presentado como una iniciativa destinada a recaudar 100 millones de dólares para financiar ayuda humanitaria y visibilizar la crisis venezolana. Posteriormente, surgieron denuncias y cuestionamientos sobre el destino extraviado de los recursos recaudados a través de donaciones.
El concierto también fue utilizado como herramienta de presión política contra Maduro y de respaldo a Juan Guaidó, quien se había autoproclamado presidente interino de Venezuela un mes antes, con el respaldo del gobierno estadounidense.
Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja se negaron a participar porque consideraron que violaba los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia de la ayuda humanitaria legítima, y que respondía a fines políticos, en lo que coincidió también el informe de auditoría de USAID sobre el evento.
Durante el desarrollo del concierto, el investigador, defensor de derechos y director de la Fundación Progresar de Norte de Santander, Wilfredo Cañizares, denunció que Juan Guaidó cruzó la frontera hacia Colombia escoltado por miembros del grupo narcoparamilitar "Los Rastrojos".
Entre las empresas de seguridad privada que prestaron servicio durante el concierto en la frontera con Venezuela, se encontraban CTU Security y Silvercorp. Ambas compitieron por ser la contratista que llevaría a cabo la posterior Operación Gedeón.
El concierto también habría funcionado como ejercicio de inteligencia para la planeación de Gedeón en Venezuela.
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La Operación Gedeón
La Operación Gedeón fue una incursión marítima fallida, realizada el 3 de mayo de 2020 en Venezuela, que buscaba capturar a Nicolás Maduro y a miembros de su gobierno. El plan buscaba replicar la fallida invasión de Bahía Cochinos en Cuba (también conocida como la batalla de Girón), realizada en abril de 1961 por exiliados cubanos radicados en La Florida.
En Gedeón participaron un grupo armado de militares disidentes venezolanos, mercenarios estadounidenses y exmilitares y criminales colombianos, articulados por la empresa Silvercoop, encargada de ejecutar la operación.
La Operación fue planeada directamente por Juan Guaidó y J.J. Rendón, para entonces responsable del Comité de Estrategia del gobierno interino de Guaidó.
Durante el juicio en EE.UU. contra Jordan Gourdeau, ex boína verde del ejército estadounidense y dueño de Silvercorp, se descrubrió que Guaidó y J.J. Rendón habían firmado directamente el contrato final de la Operación, por 213 millones de dólares.
El contrato contenía una cláusula según la cual, si la operación fracasaba, Guaidó y su gobierno podían negar todo conocimiento y responsabilidad sobre la misma, pero, en caso de éxito, el reconocimiento correspondería al gobierno interino y a las partes que habían participado en ella.
Ante la evidencia del contrato, Rendón se vio obligado a reconocer que había puesto 50 mil dólares de su bolsillo para pagar el primer adelanto, girado el día de la firma del contrato. Sin embargo, negó haber sido parte de la incursión, alegando que había cancelado el contrato con anterioridad debido a infiltraciones e incumplimientos de Silvercorp, y que dicha contratista había decidido seguir adelante con el plan por su cuenta.
Por este caso J.J. Rendón debió renunciar al equipo de Guaidó quien, a la postre, perdió su fuerza política.
Rendón, Santamaría y de la Espriella
J.J. Rendón no solo mantiene una relación política y personal con Santamaría. También tiene una relación de larga data con el hoy presidente Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía.
De la Espriella ha ejercido como abogado de Rendón en distintas ocasiones, entre ellas, en el caso en que se acusó al estratega venezolano de recibir dineros del narcotráfico provenientes de los hermanos narco-paramilitares Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, conocidos con el alias de ‘Los Comba’.
Fotografías de distintos momentos muestran, además, la cercanía de Rendón con la esposa de De la Espriella y dan cuenta de una relación que trasciende el plano profesional.
La relación de De la Espriella con J.J. Rendón constituye uno de los varios vínculos que conectan al actual presidente colombiano con el alto nivel de políticos y mafiosos venezolanos.
A Santamaría y al presidente Abelardo de la Espriella no los une solamente su larga amistad y la relación común con Álvaro Uribe y J.J. Rendón.
Aunque Santamaría ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en Miami, pertenece a la élite barranquillera y mantiene intactos sus contactos con el poder de esta ciudad. Es primo del exsacerdote y locutor de Blu Radio Alberto Linero y es también cercano al círculo más íntimo del Abelardo en el caribe.
Sus vínculos incluyen al empresario Gregory Schaller, compadre y coordinador de la campaña de Abelardo a la presidencia, quien además está directamente vinculado con los operadores que la Casa Blanca habría designado para ayudar a de la Espriella a ganar las elecciones.
También, fotografías recuperadas de redes sociales demuestran la cercanía entre Santamaría y el alcalde de Barranquilla Álex Char, una figura decisiva durante la campaña y el ejercicio presidencial de De la Espriella.
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Las relaciones de Santamaría en Estados Unidos
La red política y personal de Santamaría en Estados Unidos se extiende a dirigentes republicanos del sur de la Florida.
Es amigo personal del hoy secretario de Estado Marco Rubio, de los representantes David Rivera y María Elvira Salazar, así como de los senadores Mario Diaz-Balart, Rick Scott, entre otros, con quienes mantiene una relación de más de quince años.
También, fue parte de la campaña de Pam Bondi para fiscal general del estado de la Florida en el 2014. Bondi fue fiscal general de los EE.UU. en el actual periodo de Tump y hace parte de la línea dura republicana del Sur de la Florida.
Todos los mencionados mantienen a su vez relaciones políticas con Abelardo de la Espriella y varios de ellos apoyaron abiertamente, incluso de forma injerencista, su cuestionada campaña presidencial.
De la Espriella adquirió la ciudadanía estadounidense en el 2023. Durante la ceremonia de naturalización, juró renunciar a la fidelidad a otros países y comprometer su lealtad y obediencia a los EE.UU. También, es miembro del partido republicano, ha sido donante de ese partido y ha apoyado económicamente campañas parlamentarias, entre ellas las de los congresistas María Elvira Salazar y Rick Scott.
En 2011, Santamaría trabajó como asesor congresional del representante estatal por la Florida, David Rivera, quien mantenía una agenda conjunta con el congresista Mario Diaz-Balart.
Rivera —amigo desde la juventud del hoy secretario de Estado Marco Rubio, con quien incluso compró una casa en Washington D. C. —, fue condenado en Estados Unidos por participar entre 2017 y 2018 en un esquema de lobby ilegal a favor del régimen de Nicolás Maduro, además de conspiración y lavado de dinero.
Según la acusación estadounidense, Rivera fue contratado por la entonces canciller y hoy presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez, por 50 millones de dólares —de los que cobró 20—, a través de la filial de PDVSA en EE.UU, para influir en congresistas y agentes del gobierno estadounidense para modificar la política de sanciones contra Venezuela.
La acusación señaló que Rivera se reunió con el entonces senador Marco Rubio para hablar de las intenciones del gobierno venezolano. Rubio, ya como secretario de Estado, fue citado como testigo en el juicio contra Rivera en marzo pasado, donde afirmó que no tenía conocimiento del contrato de Rivera y que, de haberlo sabido, jamás se habría reunido con él. Rubio no fue investigado en este caso.
Santamaría y la campaña de De la Espriella
Alfred Santamaría hizo parte de los líderes del Sur de la Florida que impulsaron la campaña de Abelardo de la Espriella en ese Estado.
Durante las actividades apareció junto a Paulina Estrada —entonces coordinadora de la campaña en el exterior y hoy cónsul en Madrid—, así como junto al senador estadounidense Mario Díaz-Balart y al cantante Nicolás Tovar, compositor de las canciones de la campaña y amigo personal de De la Espriella, con quienes estuvo haciendo proselitismo político en la entrada de la sede electoral, durante la jornada de elecciones colombianas en la Florida.
Lo anterior, a pesar de que la legislación colombiana prohíbe todo acto de propaganda político-electoral en los lugares próximos a las mesas de votación durante el desarrollo de las jornadas de elecciones.
Así las cosas, la decisión de Abelardo de la Espriella y su gobierno de garantizar la asistencia jurídica a los exmilitares colombianos procesados en Estados Unidos por su presunta participación en el magnicidio de Jovenel Moïse, así como el apoyo económico prometido a sus familiares en Colombia, plantea serios interrogantes y exige un escrutinio riguroso que permita establecer la relación concreta entre De la Espriella, las personas de todos los niveles vinculadas al complot y los intereses del presidente detrás de su reciente decisión.
