El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió, tras una visita oficial a Colombia, sobre el crecimiento del reclutamiento de colombianos en actividades de seguridad privada y conflictos armados en el exterior, con riesgos para los derechos humanos.
La misión, realizada entre el 16 y el 27 de marzo en Bogotá, Cali y Medellín, incluyó reuniones con autoridades estatales, organismos judiciales, organizaciones sociales y familiares de ciudadanos vinculados a estos fenómenos. El organismo internacional destacó la cooperación del Gobierno colombiano durante la visita.
Entre sus hallazgos preliminares, el Grupo de Trabajo señaló que más de 10.000 colombianos podrían estar vinculados a operaciones de seguridad o conflictos en países como Ucrania, Sudán, Somalia, Yemen y la República Democrática del Congo, así como en redes del crimen organizado en América Latina.
El informe advierte que factores como los incentivos económicos, la falta de oportunidades laborales y vacíos regulatorios han facilitado el aumento del reclutamiento, en muchos casos a través de redes informales y plataformas digitales. También alerta sobre prácticas de reclutamiento engañoso que derivan en explotación laboral, condiciones inhumanas e incluso trata de personas.
El organismo expresó preocupación por el impacto de estas actividades en los derechos humanos y en la seguridad internacional, así como por las dificultades de las familias para obtener información sobre sus parientes en el extranjero. Más de 600 familias buscan actualmente noticias de sus allegados desaparecidos o retenidos en contextos de conflicto armado en el extranjero.
La misión también destacó los retos en la regulación del sector de la seguridad privada en Colombia, que cuenta con más de 1.300 empresas y alrededor de 400.000 trabajadores, además de la circulación ilegal de decenas de miles de armas sin licencia.
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El Grupo de Trabajo valoró la reciente firma de la Ley 2569 de 2026 por parte del presidente Gustavo Petro, que ratifica la convención internacional contra el mercenarismo, pero instó a fortalecer su implementación y acelerar su revisión por parte de la Corte Constitucional.
La ONU recomendó al Estado colombiano adoptar políticas coordinadas, reforzar la cooperación internacional y mejorar las oportunidades económicas para prevenir el reclutamiento, al tiempo que anunció que presentará un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año.
El informe también advierte sobre el crecimiento del reclutamiento a través de redes digitales y contactos informales, lo que dificulta el control estatal. Plataformas como redes sociales y aplicaciones de mensajería se han convertido en canales frecuentes para captar personal con experiencia militar o de seguridad.
El organismo internacional alertó sobre la situación de quienes regresan al país tras participar en estos escenarios. Muchos enfrentan traumas psicológicos, estigmatización social y vacíos jurídicos, lo que aumenta el riesgo de ser reclutados nuevamente por redes similares.
La Misión subrayó la necesidad de fortalecer la regulación del sector de seguridad privada y mejorar las condiciones económicas y laborales en Colombia. Según el reporte, solo una estrategia integral permitirá reducir la vulnerabilidad de quienes buscan oportunidades en el exterior.
