La Fiscalía General de la Nación se niega a utilizar el Convenio Relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal que Colombia firmó con Corea del Sur con el objeto de establecer oficialmente la manera como Carlos Mattos Barrero obtuvo de manera ilícita 33 millones de dólares. Ese dinero lo cobró con base en medidas cautelares que obtuvo mediante el soborno a dos jueces civiles, delitos de los que ya se declaró culpable y por ello hoy está preso en Colombia.
La orden de establecer los pormenores de esa y otras operaciones financieras ilícitas fue impartida por el magistrado Alberto Poveda, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Ese dinero Mattos debe ponerlo a disposición del estado colombiano para que con él sean reparadas las víctimas del llamado caso Hyundai.
No obstante, los fiscales del caso (Daniel Hernández y Álvaro Betancur) se niegan a obtener la información utilizando el Convenio Relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal, firmado entre Colombia y Corea del Sur el 23 de marzo de 2009 y vigente desde el 1 de diciembre de 2012.
El fiscal Daniel Hernández ha dicho en audiencia que solamente mandó un mensaje informal de correo electrónico a Corea del Sur, dirigido a una dirección que le suministró alguien no identificado y nunca recibió respuesta.
No se conocen los términos del mensaje de correo que Hernández dice haber despachado.
La Fiscalía se niega a informar a La Nueva Prensa porqué la orden perentoria del Tribunal de Bogotá no se ha tramitado integral y oficialmente a través de la Oficina Internacional de la Fiscalía General de la Nación, única dependencia autorizada y experimentada para hacer esas gestiones.
Una fuente cercana al caso dijo que “Hernández mandó un mail informal para que en caso de que obtuviera una respuesta pudiera ser declarada ilícita y eso jugaría en favor de Mattos Barrero”, quien, por otro lado, se encuentra negociando en la sombra nuevos preacuerdos con la Fiscalía General. También, espera estar libre y de regreso en España en febrero próximo, a más tardar.
El pago de los 33 millones que recibió Mattos Barrero se conoció por medio del cuestionado abogado Jaime Lombana Villalba, pese a que era confidencial para él. Este último dijo a la justicia que no reclamará ese dinero, pagado por su cliente ecuatoriano conocido como Grupo Eljuri.
Lombana no reclamará ese dinero pese a saber que fue cobrado ilícitamente a su cliente para mitigar los efectos de dos medidas cautelares favorables que Mattos obtuvo para sí mediante sobornos a dos jueces civiles de Bogotá.
Este caso nace cuando el grupo ecuatoriano Eljuri obtuvo los derechos exclusivos en Colombia de la coreana Hyundai Motor Company, beneficio que Mattos había tenido durante dos décadas.
Para impedir que Eljuri pudiera hacer uso de su nueva franquicia en Colombia, Mattos Barrero consiguió mediante sobornos que dos jueces civiles corruptos dictaran medidas cautelares que le prohibían al ecuatoriano comercializar en Colombia productos de la marca Hyundai.
Así, Eljuri, de acuerdo con la confesión de su abogado Lombana, aceptó pagarle a Mattos 33 millones de dólares y debido a ello cesaron los efectos de las medidas cautelares ilícitas.
La estrategia de las medidas cautelares usada por Mattos Barrero fue ideada para él por el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, quien para ello pactó una comisión de éxito cercana a los 4 millones de dólares, de acuerdo con documentación que posee La Nueva Prensa.
Más adelante se descubrió que fueron obtenidas de manera fraudulenta, Mattos se negó a pagarle a Martínez Neira la comisión de éxito y fue enjuiciado. Huyó a España y allí permaneció hasta cuando fue extraditado a Colombia.
La Nueva Prensa revelará próximamente detalles de la manera como fueron pagados los 33 millones de dólares por fuera de los controles fiscales y judiciales de Colombia, lo que fuentes federales de Estados Unidos explicaron que puede constituir el delito de lavado de activos, pues parte del dinero, que fue depositado en Suiza, llegó a bancos americanos.
Cuando Mattos Barrero fue extraditado de España a Colombia, el Fiscal General, Francisco Barbosa, declaró públicamente que no le concedería preacuerdo ni principio de oportunidad alguno, pues todos sus ilícitos ya estaban plenamente probados.
Sin embargo, mediante un aporte de 900 mil dólares que Mattos puso en movimiento a través de un abogado suyo, los fiscales Hernández y Betancur, así como otros funcionarios judiciales, cambiaron de opinión intempestivamente y le concedieron dos preacuerdos imposibles a Mattos Barrero. No obstante, los retiraron velozmente debido a que el periodista Gonzalo Guillén, por medio de una acción popular, le aportó a la justicia colombiana una de varias grabaciones en la que uno de los abogado de Mattos Barrero, Iván Cancino, reveló, entre otras cosas, el tema de los 900 mil dólares.
Carlos Mattos Barrero, también está señalado de haber dirigido una masacre de 11 personas en Codazzi, Cesar (ver aquí), y de abusar sexualmente a menores, principalmente en Cartagena y España. De hecho, recientemente fue acusado de acosar sexualmente a presos que se encontraban con él en la cárcel de Cómbita, Boyacá (ver noticia y video aquí).
