La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella se encuentra en el centro de las sospechas por presuntas violaciones a las legislaciones de Colombia y Estados Unidos. El origen de la controversia es el apoyo logístico y los aportes en especie que habría recibido de Dan Newlin, un poderoso abogado estadounidense, aliado político y financiador de Donald Trump. La cuestionada inyección de recursos se materializó, al menos, mediante el uso del avión privado de Newlin para giras proselitistas en Cartagena, Medellín y Bogotá, sumado a la participación activa en la campaña de empleados y figuras aliadas al presidente norteamericano.

El presidente Gustavo Petro ha denunciado públicamente una injerencia extranjera orientada a manipular los resultados de los recientes comicios presidenciales. En el centro de esta disputa se encuentra el magnate estadounidense Dan Newlin —abogado, amigo, uno de los principales donantes a la campaña de Donald Trump y otrora nominado por éste a la embajada de EE. UU. en Bogotá—, quien habría puesto su jet privado al servicio de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella en territorio colombiano.

La aeronave, un Cessna Citation Latitude, registrado en Estados Unidos con la matrícula N444DN y bautizado como “Dan Force One”, fue utilizada en al menos tres ocasiones para movilizar personal de campaña. El itinerario proselitista abarcó Cartagena, la Comuna 13 de Medellín, Bogotá y el municipio de Sopó, en las inmediaciones de la capital. Los eventos, que contaron con la presencia activa del propio Newlin interactuando con los asistentes, incluyeron el reparto de indumentaria con los distintivos de la campaña, balones de fútbol y un espectáculo musical liderado por el cantante Andrés Cabas junto a Marianne Schaller, amiga y comadre de De la Espriella (Espriella es padrino de uno de los hijos de Marianne y su esposo Greg Schaller).

El despliegue logístico configura un escenario de alta gravedad jurídica. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y el Acto Legislativo 01 de 2009, la legislación colombiana prohíbe taxativamente que los partidos o campañas reciban financiación, directa o indirecta, de gobiernos, personas naturales o jurídicas extranjeras. Esta restricción cobija los aportes en especie, cuyo quebrantamiento no solo vulnera la Constitución y las leyes, sino que está tipificado como delito en el artículo 396A del Código Penal.

El usufructo del jet privado propiedad de la compañía Dan Newlin Jet Aviation LLC constituye, por definición, un aporte en especie ilegal. El caso trasciende las fronteras nacionales: la presunta infracción también vulneraría normativas federales en Estados Unidos. De confirmarse las irregularidades, Newlin podría enfrentar la pérdida de su licencia profesional ante el Colegio de Abogados de Florida (Florida Bar) y severas sanciones penales y comerciales sobre su firma y su compañía de aviación.

El perfil de Newlin ya había estado bajo el escrutinio de Washington. Nominado por Donald Trump en 2024 para asumir la embajada en Colombia, el Senado estadounidense devolvió el nombramiento un año después ante la renuencia del abogado a mostrar sus registros financieros y potenciales conflictos de interés. Newlin argumentó posteriormente que declinó la postulación para evitar desprenderse de su bufete de abogados.

El entramado de conexiones norteamericanas se extiende a la tripulación y logística de los eventos en Colombia con la participación de Andrés Depew, un ciudadano colombo-estadounidense que se desempeña como relacionista público de Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump.

El historial de Depew en el ecosistema judicial colombiano no es nuevo. En mayo de 2025, el relacionista organizó un evento de relaciones públicas en favor de Diego Cadena, el abogado recientemente condenado penalmente por fraude procesal y soborno a testigos. Para entonces, Cadena afrontaba la recta final de su juicio mientras declaraba en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario, actualmente condenado en primera instancia, absuelto en segunda y a la espera del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, enfrenta de forma paralela una nueva imputación por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la promoción de estructuras paramilitares durante su gobernación en Antioquia.

Andres Depew viajó a Estados Unidos, proveniente de Ibagué, con una visa de turista y terminó logrando la ciudadanía norteamericana al casarse con un ciudadano de ese país. Allí ha trabajado como documentalista y creó una empresa llamada Madison Media, con la que logró acercarse a la Casa Blanca y terminó trabajando en el club de recreo de Trump.

Sus visitas recientes a Colombia han sido varias y se ha retratado junto a Abelardo de la Espriella, en el marco de su campaña presidencial, utilizando la indumentaria oficial del conglomerado empresarial de Trump, lo que se suma a las distintas expresiones que, inevitablemente, evidencian la injerencia del poderoso presidente del país del norte en la campaña.

Pero, no solamente se utilizaron los logos de empresas Trump. Durante los vuelos en el avión de Dan Newlin y descendiendo de ellos pudo verse, entre otros, a Marianne Schaller y a Miguel Polo Polo, cubriéndose con cobijas con el sello oficial del presidente de los Estados Unidos (THE SEAL OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES). Marianne, incluso, llevaba puesto un buzo oficial con el mentado sello. En el mismo vuelo, Andres Depew viajaba con una camiseta oficial del gobierno norteamericano que llevaba el mismo sello del presidente de ese país.

La Orden Ejecutiva 11649 de los Estados Unidos establece que los sellos y escudos del Presidente y del Vicepresidente de Estados Unidos (The seals of the President and the Vice President of the United States) sólo pueden ser utilizados en casos específicos autorizados por las propias autoridades, con fines históricos, educativos, informativos o en museos, bibliotecas y monumentos. Asimismo, prohíbe su fabricación, venta, reproducción o uso con fines comerciales, salvo que exista una autorización expresa o que la ley lo permita. El objetivo es evitar el uso indebido de estos símbolos oficiales y proteger su carácter institucional.

Mientras tanto, el apartado (a) de la Sección 713 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 713) prohíbe, entre otros, el uso del sello oficial del presidente de los Estados Unidos o de sus reproducciones para hacer creer, de forma falsa, que una persona, producto, evento o publicación cuenta con el respaldo o la aprobación del Gobierno estadounidense. Quien incurra en esta conducta puede ser sancionado con multa, prisión de hasta seis meses o ambas.

También preocupa que un representante a la Cámara de la República de Colombia, como Miguel Polo Polo, publique fotografías en las que se está arropando con una cobija con el sello oficial del presidente de los Estados Unidos. La justicia colombiana tendrá que investigar si este hecho constituye alguna falta disciplinaria o incumplimiento al reglamento de su labor como parlamentario.

La presencia de Depew no es menor. En declaraciones a uno de los medios de comunicación de ultraderecha creados en las redes sociales para difundir sistemáticamente desinformación y noticias falsas, llamado VOZ Media (fundado y dirigido por Orlando Salazar y Pablo Kleinman), el colombo-americano fue entrevistado y advirtió:

(…) Y no en vano, desde Mar-a-Lago, desde el círculo más cercano al presidente Trump, Mar-a-Lago y la Casa Blanca (sic.), hemos estado hablando sobre el peligro eminente (sic.) que Gustavo Petro juega en estas elecciones y el peligro para Colombia y para el hemisferio de las Amércias, una vez Iván Cepeda llegue a ganar las elecciones. Por lo tanto, Estados Unidos tiene muy, muy presente la importancia de estas elecciones. No en vano, hace poco, para la primera ronda, los Estados Unidos envió una delegación para Colombia (sic.) para monitorear las elecciones. Y en esta delegación, la persona que la estaba liderando, fue el senador republicano Bernie Moreno, con quien tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo con él (sic.) y le hemos estado dando pruebas a la embajada de Estados Unidos, al Departamento de Estado, de cómo, desde el gobierno colombiano, están tratando de manipular, utilizar los mecanismos del gobierno para incitar para que personas voten por Iván Cepeda (sic.) (…) Por favor, mucha atención a las elecciones en Colombia. Abelardo de la Espriella es un fenómeno en la política de Colombia y lo que Abelardo de la Espriella busca es crear un país más próspero, más seguro y con oportunidad para todos (sic.).

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De acuerdo con las imágenes compartidas por Andres Depew y por el mismo Dan Newlin, este último habría sido parte de la delegación de monitoreo de las elecciones en Colombia, enviada por Estados Unidos y liderada por el senador republicano Bernardo (Benie) Moreno Mejía, quien nació en Colombia y renunció a la nacionalidad para cambiarla por la ciudadanía estadounidense.

A la presencia de Dan Newlin y de Andres Depew se suma la de Javier Negre. Un español, catalogado por la revista Forbes como el “Rey Midas de la viralidad”, que conquistó la Casa Blanca con su empresa de desinformación y falsas noticias enfocada en capturar el voto hispano. Es fundador de La Derecha Diario, EDATV, UHN Plus y decenas más, que trabajan en colaboración con empresas como las de Orlando Salazar y Pablo Kleinman, intercambiando “información” y contenidos sobre la política estadounidense, española y latinoamericana.

Los comunicadores comparten un espacio de militancia y debate dentro de plataformas conservadoras internacionales. Por ejemplo, tanto Orlando Salazar (director ejecutivo de VOZ) como Javier Negre participan de manera conjunta como expositores en encuentros organizados por la Fundación Disenso (vinculada al partido ultraderechista español Vox) y el Foro Madrid, cuyo objetivo es estructurar una respuesta coordinada frente a los gobiernos de izquierda en la región, operando bajo una agenda alineada fuertemente con el movimiento de Donald Trump en EE. UU. y el gobierno de Javier Milei en Argentina, sirviendo como puentes mediáticos entre la derecha de España, Latinoamérica y los sectores hispanos conservadores estadounidenses.

Desde La Derecha Diario, que hace parte de esta red, se documentó el apoyo de la triada Newlin, Negre y Depew al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, demostrando la cercanía de los tres y el trabajo articulado que juntos desarrollaron en favor de esta campaña presidencial.

La ley FARA (ley federal de Transparencia en Estados Unidos) exige que cualquier ciudadano, firma o corporación estadounidense que realice actividades políticas, de cabildeo, de relaciones públicas o de difusión de información (como pauta publicitaria) en favor o bajo la dirección de un "mandante extranjero" (gobiernos, partidos políticos o candidatos de otros países) debe registrarse de manera obligatoria ante el gobierno federal. A la fecha no está claro si el abogado Newlin y Javier Negre (residente permanente en Estados Unidos), realizaron el debido registro en ese país, de acuerdo con lo establecido por esta ley.

Por otra parte, de acuerdo con la legislación colombiana, las campañas están obligadas a reportar todos los gastos e ingresos de las campañas, incluyendo donaciones en dinero o en especie. Sin embargo, al revisar el informe que la campaña del ilegítimo presidente electo Abelardo de la Espriella presentó en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el ítem de donaciones, la campaña reporta $0, cero pesos; es decir, ni los vuelos prestados por el avión de Dan Newlin, ni la generosa contribución del cantante Cabas en estos tres eventos hacen parte del reporte.

Al contrario, salta a la vista en el reporte de la campaña de Espriella, que para la segunda vuelta se registran solamente poco más de 344 millones de pesos en servicios de hospedaje, tiquetes y transporte terrestre, pues solamente en gastos de transporte aéreo, la cifra tendría que multiplicarse por las decenas de vuelos privados que tanto él como su esposa, su vicepresidente y varios coordinadores de su campaña contrataron con empresas aéreas colombianas, en donde el alquiler para un solo trayecto nacional puede estar alrededor de los 40 a 90 millones de pesos, incluyendo la reservación del hangar, la gasolina, los pilotos y el uso del espacio aéreo.

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La estatal CISA dijo que el avión ejecutivo HK 2631, uno de los que usa la campaña de De la Espriella, se lo vendió en 2024 a un coronel del Ejército

Mención aparte merecen los cuestionados gastos reportados en materia de servicios logísticos para eventos de la campaña, pues ésta reporta únicamente 800 millones de pesos, pero la elaborada producción, montaje y puesta en escena de los eventos de Espriella durante la segunda vuelta, además de los artistas que prestaron sus voces para animar estos eventos, así como el merchandising repartido entre las decenas de miles de asistentes, supera con creces esta cifra y se contaría en decenas de miles de millones de pesos.

Denuncias del presidente Petro sobre Dan Lewin en la campaña de Espriella

El pasado 6 de julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un trino preguntando a la campaña de Abelardo de la Espriella si era cierto que el señor Dan Newlin había aportado 1.8 millones de dólares en plataformas de Google para hacer publicidad en favor del entonces candidato Espriella y con el fin de desacreditar a su rival Iván Cepeda y al mismo Petro.

Esta denuncia se conecta con las revelaciones periodísticas de la alianza del medio hondureño Honduras Gate y el español Canal Red (asociado a Diario Red), en el que se filtraron los audios de conversaciones entre el actual mandatario de Honduras, Nasry Asfura, y el expresidente del mismo país Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en Estados Unidos por narcotraficante y a quien Donald Trump, presuntamente por solicitud del gobierno de Israel, le dio un indulto que le permitió salir en libertad sin pagar por sus delitos. Los 37 audios publicados en la investigación habrían sido grabados entre enero y abril de 2026.

La denuncia en mención fue conocida como el ‘Hondurasgate’. En los audios se escucha la conversación entre los dos mandatarios advirtiendo la creación de una célula “informativa” con sede en los Estados Unidos, con el fin de desestabilizar los gobiernos de izquierda en México, Colombia y Brasil y afectar las elecciones que se avecinaban en los últimos dos países mencionados.

Asimismo, en las grabaciones se escucha a Hernández decir que esta célula sería financiada por actores políticos de Estados Unidos, Israel, Argentina (directamente por Javier Milei) y el mismo Honduras, así como de otros sectores conservadores en la región. Asimismo, en los audios se habría hablado de represión y violencia, exponiendo una doctrina de control social absoluto basada en el uso explícito de la fuerza, la opresión y la eliminación física para retener o recuperar el poder político.

En conjunto, los hechos expuestos plantean interrogantes sobre la posible injerencia de actores extranjeros en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, el eventual incumplimiento de las normas colombianas sobre financiación electoral y la transparencia en el reporte de los ingresos y gastos de campaña. La participación de ciudadanos estadounidenses vinculados al entorno político y comercial de Donald Trump, el uso de bienes que, según la legislación colombiana, podrían constituir aportes en especie, sellos oficiales del gobierno de Estados Unidos, también regulados por sus leyes federales, y las inconsistencias señaladas entre el despliegue de la campaña y los reportes oficiales, configuran un panorama que ameritan la actuación urgente de las autoridades electorales, disciplinarias y penales en Colombia, en Estados Unidos y en la jurisdicción internacional, para dilucidar si existieron infracciones a la ley, determinar las responsabilidades a que haya lugar y establecer si la elección presidencial de Abelardo de la Espriella se ha hecho en contra de las leyes y la Constitución.

En juego no solo está la validez de una candidatura, sino la soberanía misma de las urnas colombianas frente al poder del capital extranjero. Al final, el Dan Force One no solo transportó una campaña; pudo haber dejado en el aire la legitimidad de toda una elección presidencial.