La estatal Central de Inversiones S.A. vendió la aeronave HK 2631 por más de 1.900 millones de pesos a la firma Faster Fuel SAS. La transacción coincide con millonarios pagos de combustible para la aviación militar.
En un giro clave respecto al control de activos estatales, la Central de Inversiones S.A. (CISA) notificó a La Nueva Prensa que el avión ejecutivo HK 2631 ya no forma parte de su inventario de bienes. La entidad estatal confirmó que la propiedad de la aeronave se la transfirió mediante proceso de subasta electrónica a la empresa de un coronel retirado del Ejército Nacional, identificado como Luis Carlos Mosquera Medina. La firma beneficiaria de la compra es Faster Fuel SAS. Sin embargo, CISA no ofreció detalles del proceso de subasta, el precio base de la misma ni el número de participantes dentro del proceso.
El avión fue originalmente del Ministerio de Transporte, quien lo enajenó a título gratuito a CISA, en el marco de la orden gubernamental de movilización de activos de la Ley 2294 de 2023, que ordena a las entidades estatales transferir a CISA los bienes inmuebles y activos de su propiedad que no se requieran para el ejercicio de sus funciones.
El aparato en mención tiene relevancia pública actual, pues es uno de los aviones que utiliza la campaña política de Abelardo de la Espriella para sus desplazamientos. Según los registros de la entidad, el avión dejó de ser propiedad de CISA desde diciembre de 2024. La venta se consolidó por una suma exacta de $1.934'758.578 pesos, más IVA.
El propietario de Faster Fuel SAS, el excoronel Mosquera Medina, tiene un historial amplio en la institución armada. El oficial perteneció al Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No. 5, adscrito a la División de Asalto Aéreo del Ejército (DAVAA). Esta experiencia se alinea con la actividad comercial de su empresa privada.
El objeto social de Faster Fuel SAS se enmarca en el suministro de combustible de aviación para las aeronaves del Ejército Nacional, aeronaves estatales que por intermedio de cooperación internacional así lo requieran y a las aeronaves civiles que presten sus servicios divisiones del Ejército, como la División de Asalto Aéreo, mediante contratos de horas rentadas o que presten alguyna misión de apoyo al Ejército nacional, bajo la modalidad “al ala”. La Nueva Prensa pudo establecer, a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente y documentos del Ministerio de Defensa, que esta empresa tiene decenas de contratos millonarios suscritos con el Ejército nacional, con el fin de prestar estos servicios en distintas zonas del país.
En el lenguaje de la aviación, el suministro o reabastecimiento "al ala" (en inglés, into-plane fueling) es una modalidad de servicio técnico y comercial donde la empresa proveedora entrega el combustible directamente en los tanques de la aeronave, asumiendo toda la operación logística hasta ese instante.
La precisión hecha por CISA sobre el destino del avión coincide de manera cronológica con la radicación de un paquete de soportes financieros. Estos documentos evidencian la entrada en operación de diversas aeronaves bajo la órbita y supervisión de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional de Colombia (DAVAA), una unidad de las Fuerzas Militares. Su función principal es combinar el poder de las aeronaves (helicópteros y aviones) con las tropas en tierra para realizar operaciones relámpago, de alta precisión o en zonas de difícil acceso. Los archivos adjuntos de dicho paquete detallan, a su vez, millonarios pagos orientados al abastecimiento de combustible tipo Jet A-1 para la flota estatal y militar.
La revelación de este negocio genera interrogantes en diversos sectores debido a los cruces de fechas y roles. Por un lado, la aeronave sirve a los propósitos logísticos de una campaña política activa. Por el otro, el nuevo dueño de la nave mantiene nexos comerciales con el sector defensa a través del suministro de insumos críticos en diversas zonas del país, incluso las más apartadas como Araracuaram en el Amazonas.
La documentación revisada por La Nueva Prensa da cuenta de que el proceso de pago y la fiscalización del combustible se surtieron ante la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación (CENAC). Con este panorama, las autoridades correspondientes evalúan la transparencia en la enajenación de los bienes de CISA y los contratos de suministro vigentes que sus compradores ejecutan con el Estado colombiano.
