Mientras ejercía como un influyente oficial de protección y dirigente sindical en la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP), Wilson Javier Devia Pérez cultivaba una fachada de custodio de la legalidad y la seguridad institucional. Sin embargo, detrás de los despachos corporativos y las credenciales gremiales se ocultaba una sombra devastadora que los tribunales internacionales terminaron por sacar a la luz.

Documentos judiciales de una corte de familia en Ecuador revelaron un historial de violencia intrafamiliar y agresiones directas que culminó con la pérdida judicial de la patria potestad de sus propios hijos, tras acreditarse graves abusos cometidos en el ámbito íntimo del hogar.

Con una tardanza de cuatro años, Sebastián Fraga Calderón, del Grupo Jurídico de la Dirección Seccional Tolima, de la Fiscalía colombiana, certificó que reasumió el caso con el radicado 2026100003351581, del pasado 11 de agosto, expidió tres órdenes iniciales de investigación y advirtió de manera expresa que los delitos contra los niños son imprescriptibles. La extensa demora para asumir el caso en Colombia se debió a que los primeros investigadores inventaron que les había sido materialmente imposible encontrar a Wilson Devia.

Tras la sentencia emitida por un tribunal ecuatoriano en enero de 2021 que despojó a Wilson Devia de la patria potestad por abusos a su hijo, las autoridades de Ecuador solicitaron formalmente a la justicia colombiana la apertura de un proceso penal en su contra, para el que aportó todo el acervo probatorio. No obstante, el caso en Colombia ha sido demorado en exceso y enmarañado.

Wilson Devia fue detective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyos niveles de corrupción y criminalidad determinaron su clausura.

Este reportaje reconstruye, a través de los expedientes oficiales de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Tumbaco, en el Distrito Metropolitano de Quito y de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, los testimonios clave y los informes periciales que desnudan el contraste entre la fachada pública de un custodio estatal y el drama vivido en la intimidad hogareña.

Para entender el alcance de la ruptura legal y emocional que se ventilaría en los tribunales ecuatorianos, es necesario remontarse a los primeros años de convivencia entre Wilson Javier Devia Pérez y su entonces pareja, Paola Andrea Méndez Castro. Con una doble nacionalidad colombo-ecuatoriana y establecida como gerente general de una empresa de seguridad, Méndez Castro relató ante la justicia de Ecuador cómo lo que en un principio se presentaba como una relación de respeto mutuo se fracturó paulatinamente debido a dinámicas de control, infidelidades y episodios recurrentes de violencia.

Los informes de la trabajadora social ecuatoriana Elvira Asimbaya Beltrán, integrados formalmente en el proceso judicial bajo la causa número 17985-2019-00392, consignan que los dos hijos menores de la pareja —omitimos las identidades—, quienes para la época de las audiencias tenían 12 y 10 años respectivamente— crecieron en un entorno marcado por la violencia verbal y las agresiones físicas.

“La señora Paola Andrea Méndez Castro por medio de la presente demanda da a conocer el entorno familiar violento en el que vivieron sus hijos durante los primeros años de vida junto a su padre (...) debido a que fueron testigos en diferentes ocasiones de las agresiones verbales y físicas en su contra y el consumo de alcohol frecuente y problemático del señor Wilson Javier Devia”, reza el informe social del expediente penal.

Las tensiones no se limitaban a discusiones de pareja. La dinámica de poder dentro de la vida familiar comenzó a deteriorarse de forma alarmante a medida que el consumo de alcohol de Devia Pérez se tornaba más frecuente y problemático, según los testimonios rendidos en la audiencia única celebrada el 7 de enero de 2021 ante la jueza titular, Cecilia Elizabeth Duarte Estévez.

El núcleo más grave y devastador de la causa judicial en Ecuador se originó en diciembre de 2016, durante unas vacaciones de fin de año que los menores pasaban junto a su padre en El Guamo, Tolima. Lo que debía ser un espacio de integración familiar se transformó, según la investigación judicial y los testimonios de las víctimas, en el escenario de una agresión que calificaron de “imperdonable”.

De acuerdo con la relación de los hechos probados en el proceso, aprovechando una reunión familiar y bajo los efectos del alcohol, Devia Pérez perpetró actos de abuso sexual en contra de su hijo varón (omitimos el nombre), quien entonces era un niño de siete años. El menor, atrapado en una situación de total vulnerabilidad, experimentó un episodio de conmoción aguda.

Devia continúa empleado en la Unidad Nacional de Protección, donde ostenta el cargo de oficial de protección y, a la vez, preside el sindicato de trabajadores UT-UNP.

Durante la declaración de parte rendida en la audiencia judicial, la madre detalló cómo se enteró de lo sucedido a su pequeño hijo:

En las vacaciones de diciembre del 2016, ellos pasaban las fechas navideñas con su padre. En esa fecha el padre tuvo una reunión familiar, mi hijo estuvo insistiendo para ir a dormir a esa habitación... cuando se aprestan a dormir, el padre comienza a tocar sus partes íntimas, el padre hizo que lo toque a él. En ese momento el niño entra en shock y despierta a las otras personas; del miedo se encerró en el baño”, narró adolorida Paola Andrea Méndez Castro ante el estrado judicial.

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El testimonio de la madre fue respaldado por lo que el menor logró escuchar desde su encierro: la confrontación inmediata de los familiares en el exterior de la habitación, quienes recriminaban al oficial de protección de la UNP su conducta, mientras este intentaba justificar el acto aduciendo que se encontraba borracho. Tras el incidente, una tía de los menores asumió temporalmente el cuidado de ellos, pero el daño emocional ya estaba sembrado.

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El niño, silenciado inicialmente por el terror y la distancia geográfica, no reveló el alcance total de la agresión hasta meses después, tras regresar a Ecuador. Fue en su unidad educativa donde, a raíz de actividades académicas e institucionales, el comportamiento del menor generó profunda preocupación de los orientadores escolares, quienes notificaron a las autoridades competentes y a la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) y formalizaron la denuncia penal ante la Fiscalía.

La hermana, de 9 años, se encontraba en la cama contigua en la que Devia abusó a su hijo, según consta en la sentencia final.

La justicia de Ecuador también estableció que Wilson Devia abandonó los deberes de padre respecto de la manutención y las obligaciones de estar pendiente de ellos.

El proceso en la Unidad Judicial de Tumbaco no dependió únicamente de la palabra de la madre. Una serie de testimonios clave, rendidos bajo juramento y sometidos al contradictorio procesal, permitieron a la judicatura reconstruir el impacto devastador que el comportamiento del demandado tuvo sobre la estabilidad emocional y psicológica de los menores.

El testimonio de Paulo César Zambrano Chiang

Paulo César Zambrano Chiang, esposo de la madre denunciante y figura paterna que asumió el rol de crianza cotidiano en Ecuador, relató ante la jueza el estado en el que encontró al niño tras conocerse los hechos:

“Conozco sobre los hechos (...). El colegio tuvo conocimiento y ellos pusieron la denuncia y nosotros también lo hicimos. Nos llevamos bien con los niños, he asumido mi rol como padre. Le vi al niño muy afectado, en llanto con su madre, me contaron sobre el abuso que había sufrido y eso se corroboró luego con la llamada del colegio. (Nombre suprimido) fue quien nos contó directamente”, declaró Zambrano Chiang, subrayando el acompañamiento familiar que contrasta con el abandono afectivo del progenitor biológico.

El testimonio de Lorena Patricia Torres Calero

Amiga cercana de la familia y visitante frecuente del hogar durante años, Lorena Patricia Torres aportó elementos cruciales sobre el cambio drástico en la conducta del niño tras el incidente de 2016:

“Conozco a los niños (nombres suprimidos), soy amiga de la familia (...). Conozco los hechos, lo sé porque inicialmente llamaron de la escuela de (nombre suprimido), en la que se puso en conocimiento que el padre había querido hacer tocar y que lo toque en sus partes. ¿Supo cómo estaba (nombre suprimido)? Él era activo, después de eso era tímido, cambió de cómo era. Me consta”, testificó Torres Calero, evidenciando las secuelas psicológicas directas del abuso sufrido en el entorno paterno.

El testimonio de María Augusta Díaz Colmachi

Amiga íntima y comadre de la pareja, María Augusta Díaz corroboró el profundo estado de vulnerabilidad en el que quedó sumergida la madre al enterarse de la agresión:

“Conozco los hechos, porque Paola se encontraba sola y necesitaba quien le escuche una vez que se enteró de lo que había pasado con sus hijos. Conozco cómo estuvo (nombre suprimido): estaba mal (...). No lo conozco al señor [Wilson Devia], no sabría la razón de sus dichos, porque me consta, somos amigas íntimas”, afirmó ante el despacho judicial.

La columna vertebral de la decisión judicial recayó sobre los informes emitidos por la Oficina Técnica de la Unidad Judicial, los cuales aplicaron rigurosos protocolos periciales para evaluar la salud mental y el entorno de los niños.

El informe psicológico

El informe psicológico pericial No. 0064-2020-UJFMNAT-OT-PS, suscrito por la perito Dra. Genith Alcívar Zambrano, concluyó de manera categórica:

El niño “(se omite el nombre) evidencia que su edad cronológica está en relación con su desarrollo psicomotor. No se observa rasgos ni signos de maltrato físico externo (…) presenta síntomas depresivos moderados por lo tanto debe seguir terapia psicológica (...). Presenta problemas en el área emocional donde se evidencia descuido, negligencia y malos tratos de un familiar cercano. El menor está de acuerdo que su madre tenga la patria potestad, no quiere tener comunicación ni volver a verle a su padre por el abuso sufrido”.

Por su parte, el informe de la trabajadora social Elvira Asimbaya documentó la total desvinculación afectiva y material de Wilson Devia Pérez. Señaló que las pocas veces que los niños visitaban a su padre en Colombia experimentaban situaciones de riesgo debido a la negligencia derivada del alcoholismo del funcionario de la UNP. Asimismo, se incorporaron formalmente las copias certificadas del expediente penal abierto en Ecuador por el presunto delito de abuso sexual con menor de edad, bajo la radicación 170101817093658.

Cumpliendo con los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución de la República del Ecuador —que consagran el interés superior del niño como principio rector—, los dos menores fueron escuchados en diligencia reservada directamente por la jueza. Su postura fue unánime y determinante: exigieron no volver a tener contacto con su progenitor y respaldaron plenamente que su madre asumiera el control legal absoluto de sus vidas para no tener que depender de autorizaciones de un padre ausente, alcohólico y violento.

Un fallo histórico

Ante la incomparecencia injustificada del demandado Wilson Javier Devia Pérez a la audiencia única del 7 de enero de 2021 —a pesar de haber sido debidamente citado mediante exhorto internacional—, el proceso avanzó bajo las normas del procedimiento sumario previstas en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). El demandado optó por el silencio procesal: no contestó la demanda, no presentó excepciones previas ni designó defensa técnica en el litigio familiar.

Con base en las pruebas documentales, testimoniales, los informes periciales y la voluntad expresa de los adolescentes, la jueza Cecilia Elizabeth Duarte Estévez dictó sentencia:

Primero: Declarar la pérdida del ejercicio de la patria potestad de Wilson Javier Devia Pérez sobre sus hijos, (se omiten los nombres) Devia Méndez.

Segundo: Radicar el ejercicio exclusivo de la patria potestad en la madre, Paola Andrea Méndez Castro, facultándola para representar a los menores en cualquier acto público, privado o institucional a nivel nacional e internacional.

La historia judicial de Wilson Javier Devia Pérez en los tribunales de familia de Ecuador no es un episodio aislado. En Colombia su nombre figura en investigaciones gravísimas de corrupción, concusión y desvío de esquemas de seguridad dentro de la Unidad Nacional de Protección.

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