La Fiscalía General de la Nación radicó de manera formal el escrito de acusación en contra de Wilson Javier Devia Pérez, oficial de protección y dirigente sindical de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo cual marca la reapertura del proceso penal en su contra por presuntos hechos graves de corrupción en esa entidad pública.
El documento original, firmado por la hoy ex fiscal delegada para los delitos contra la administración pública, Angélica María Monsalve Gaviria, acusó a Devia Pérez de cometer conductas prohibidas por la ley bajo la modalidad dolosa. La justicia busca determinar su responsabilidad en los delitos continuados de abuso de función pública en concurso heterogéneo y sucesivo con concusión y peculado por uso, en calidad de autor.
Esto significa que Wilson Javier Devia Pérez es considerado el principal responsable (autor) de haber utilizado su cargo en la UNP de manera ilegal y reiterada en el tiempo (concurso heterogéneo y sucesivo) para presionar a ciudadanos/contratistas a pagarle dinero (concusión), extralimitarse en sus funciones institucionales (abuso de función pública) y desviar recursos materiales del Estado —como vehículos y escoltas— para fines personales o ajenos a la protección oficial (peculado por uso).
Las pesquisas de la Fiscalía señalan que el investigado utilizó su estatus funcional como coordinador del grupo de seguimiento a medidas de protección durante los años 2013 y 2014 para obtener beneficios económicos ilícitos. Ese órgano acusador sostiene que Devia Pérez, en presunta alianza con un directivo de la empresa contratista Unión Temporal Siglo 21, cobró sumas millonarias a los protegidos a cambio de implementar y sostener sus esquemas de seguridad. Además, los investigadores detectaron que el funcionario habría exigido porcentajes económicos a las compañías rentadoras de autos por concepto de vehículos que figuraban fuera de servicio, pero que la UNP facturaba y pagaba como si estuvieran operativos.
La investigación también abarca hechos ocurridos en marzo de 2019, cuando el acusado presuntamente ofreció de forma ilegal un esquema de seguridad al ciudadano Manuel Castañeda a cambio de 200 millones de pesos. Ante la imposibilidad de Castañeda para pagar esa cifra, ambos pactaron una mensualidad de 7 millones de pesos. El plan criminal incluyó el desvío de los escoltas, el combustible y el vehículo asignado a otra persona protegida llamada Yesid Torres Rojas. Este automotor resultó inmovilizado con posterioridad por las autoridades en agosto de 2022, mientras transportaba un cargamento de 400 kilogramos de marihuana.
Puede interesarle: #Primicia: Nuevas revelaciones del “Narcochofer” en entrevista con Gonzalo Guillén.
La Fiscalía cuenta con un robusto material probatorio para demostrar estas irregularidades ante los jueces competentes. Entre las pruebas principales constan testimonios del exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, declaraciones del propio Manuel Castañeda y grabaciones de audio que revelan los negocios ilícitos. Del mismo modo, el expediente incluye los registros de las cuentas bancarias de los bancos Davivienda y Bancolombia a nombre del sindicato y de particulares, plataformas mediante las cuales el acusado coordinaba la recepción de los dineros espurios. Con esta acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral.
