El seudoconstitucionalista Mauricio Gaona, pretendiendo posar como un erudito de la ciencia política, publicó una misiva dirigida al binomio presidencial electo bajo el sugerente título: “La Constitución y la República están a salvo, por ahora”. En dicho escrito, el autor sostiene la tesis de que la Carta Política de 1991 y su andamiaje institucional esquivaron el abismo gracias a que el candidato Iván Cepeda Castro fue derrotado en la contienda del pasado 21 de junio, de modo que el orden constitucional habría quedado a buen recaudo bajo el mandato del vencedor, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.
La relevancia pública de este analista descansa casi exclusivamente en un trasfondo trágico: ser el hijo del magistrado Manuel Gaona, inmolado durante la violenta retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. A este hecho se suma su reciente figuración en junio del año anterior, cuando capitalizó la debilidad conceptual de Eduardo Montealegre, quien para entonces fungía como ministro de Justicia y del Derecho. Gaona empleó nociones elementales de teoría constitucional e instituciones políticas —materia obligada de los primeros semestres de derecho y ampliamente ilustrada por catedráticos de la talla de Vladimiro Naranjo, Luis Carlos Sáchica, Libardo Rodríguez o Jaime Vidal— para erosionar las propuestas de reforma constitucional promovidas por el gobierno de Petro, tales como la consulta popular por decreto y la asamblea nacional constituyente.
En su carta, Gaona asume una postura providencialista. Como si fuera el creador y custodio del texto constitucional, le encomienda al mandatario electo la guarda de las instituciones y lo exhorta a enmarcar su gestión en cinco ejes rectores que califica erróneamente como principios. Estos preceptos configuran un decálogo de recomendaciones dirigidas al pueblo, al nuevo ejecutivo, a la oposición y a los medios de comunicación.
En primera instancia, la misiva conmina a la administración entrante a no desatender a los diecisiete millones de pobres que registra el país y a protegerlos de lo que denomina el «tsunami tecnológico». Frente a esta exhortación, la realidad anticipa un escenario sombrío: un sector mayoritario de esa población vulnerable simpatiza con corrientes de izquierda o progresistas, vertientes ideológicas declaradas enemigas por el propio Abelardo de la Espriella en sus tiempos de litigio. La respuesta gubernamental parece diseñada para el choque: se proyecta el fortalecimiento del ESMAD ante eventuales reclamos sociales, mientras que la presunta protección frente al avance tecnológico se traduce en flexibilización laboral, contratos por horas y el desmantelamiento de las prestaciones sociales, bajo la manida premisa de dinamizar el aparato económico.
Asimismo, la retórica sobre «los nunca», que prometía una renovación en las esferas del poder, naufragó ante la conformación de un gabinete integrado por los cuadros tradicionales del establecimiento. Figuras como Rodrigo Lara, Miguel Gómez, Elsa Noguera, Paola Holguín y Jaime Andrés Beltrán demuestran que la denominada «teta del Estado» sigue vigente; todos ellos han sido usufructuarios recurrentes del erario como contratistas o servidores públicos. Lo alarmante de este equipo es que varios de sus miembros cargan con serios cuestionamientos por corrupción, investigaciones penales abiertas e incluso condenas en firme. Bajo este panorama, resulta previsible que el nuevo gobierno perpetúe las prácticas clientelistas que por décadas han gozado de impunidad.
Ante este panorama, cabe preguntarse qué pensará ahora el seudoconstitucionalista que instó a De la Espriella y a su comitiva a someter sus pasiones e impulsos a los límites de la Carta Magna. En un acto de abierta hostilidad constitucional, el presidente electo decidió tomar posesión de su cargo en una base militar, enviando un mensaje unívoco a la comunidad internacional: su mandato se cimentará en las armas y no en las leyes.
El juramento ante el Congreso de la República no es un mero formalismo burocrático; constituye el acto solemne por excelencia donde el mandatario jura fidelidad ante los representantes legítimos del pueblo. A esta afrenta se suma el anuncio de sus portavoces, quienes anticiparon que el Ejecutivo legislará mediante decretos y apelará de forma sistemática a los estados de excepción.
Finalmente, respecto al tratamiento de la prensa, el presidente electo ha exhibido un talante reaccionario ante la disidencia y la crítica periodística. Los registros de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reportan 109 denuncias por injuria y calumnia (solo entre 2008 y 2019), sumado a un grueso expediente de demandas civiles y solicitudes de medidas cautelares impulsadas por el mandatario contra comunicadores en Colombia. Este acoso judicial sistemático desvirtúa cualquier ingenuidad implícita en la petición de Gaona: exigir respeto por la libertad de prensa a un perfil de estas características resulta descabellado, en especial cuando el ejercicio informativo es la piedra angular de la democracia. Todo indica que la hostilidad hacia los medios mutará de una conducta individual a una política de Estado.
El optimismo del señor Gaona es un profundo error de apreciación. Lejos de estar a salvo, la República y su debilitado ordenamiento constitucional encaran hoy su mayor riesgo histórico. Los meses de proselitismo de Gaona en territorio colombiano confirman una vieja lección histórica: cuando la ciencia del derecho se instrumentaliza al servicio de dogmas ideológicos, las consecuencias suelen ser devastadoras, de forma idéntica a como ocurrió cuando la física y la química se subordinaron a los intereses armamentistas en los albores de la era atómica.