El silencio del amanecer, del pasado miércoles 23 de marzo, mágicamente fue interrumpido por el canto de los gallos y por las voces campesinas que, en tonada popular, cantan con firmeza el himno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuya letra recoge su aspiración de paz perenne desde hace 25 años, cuando se plantaron en dignidad, con la frente en alto, contra toda expresión armada y violenta, sin más escudo que su palabra y su profunda convicción de que la guerra no es el camino ni mucho menos el destino del país.
“…Vamos todos apoyados, el uno con el otro, rescatando los valores de la civilidad;
vamos todos adelante, con cariño y mucho amor, con los suyos y los nuestros y toda la humanidad;
vamos todos campesinos para ir fortaleciendo la comunidad de paz, el derecho de gentes y la libertad;
vamos todos campesinos para ir fortaleciendo la comunidad de paz, es la única salida a la reconciliación”.
Una y otra vez esos estribillos surcaron los aires de aroma a cacao fresco, en la vereda San Josecito, del corregimiento de San José, en el municipio del Urabá antioqueño. Mujeres y hombres, niñas y niños, poco a poco fueron disponiéndose a iniciar la conmemoración de un cuarto de siglo de resistencia, de aguante, de persistencia en sus ideales de una sociedad sin confrontación armada. La fila para recibir el desayuno, que con alegría desbordante hicieron entreverados unos y otros, reflejaba un carrusel de miradas transparentes, iluminadas por la serenidad que deja la coherencia de la lucha por la vida con dignidad.
Más de un centenar de miembros de la Comunidad, integrantes de organizaciones internacionales de la sociedad civil, representantes de comunidades religiosas y de organismos defensores de derechos humanos, iniciaron una marcha por un polvoriento camino hacia el punto de encuentro con las delegaciones de cinco embajadas que vienen apoyando los esfuerzos de paz de estos soñadores de “civilidad”.
“Si no tuviéramos el acompañamiento de la comunidad civil internacional y de varios Gobiernos, principalmente europeos, tal vez no hubiéramos resistido tanto” dijeron algunos de los líderes y lideresas de la Comunidad en medio de un sencillo acto simbólico: varios árboles fueron plantados por las delegaciones diplomáticas. El gesto no solo emocionó a la Comunidad, sino que en el ambiente se sintió un aire de frescura que alivió el intenso calor y revitalizó la esperanza de estos campesinos en que es posible una vida sin opción armada.
En medio de la muerte, comenzó un sueño de vida.
La cíclica violencia en Colombia tiene algunos picos paradigmáticos. Corría el gobierno del presidente Ernesto Samper (94-98) que, enfocado en su defensa personal, dejó el país en manos de las fuerzas militares. Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Las Convivir, crecieron desbordadamente en ese gobierno bajo el amparo de un decreto presidencial firmado por su antecesor Cesar Gaviria. El paramilitarismo volvía a tener respaldo normativo y, en Antioquia, con el gobernador Álvaro Uribe Vélez (95-97), creció de manera vertiginosa. Mas de cien mil civiles armados por las fuerzas de seguridad del Estado, junto con grupos de narcotráfico, sembraron de terror el país y dejaron millones de personas despojadas de sus tierras y desplazadas forzadamente.
El campesinado del Corregimiento de San José de Apartadó tampoco escapó del accionar violento de un paramilitarismo fortalecido por la institucionalidad. A finales de 1996 y comienzos de 1997 dos masacres tiñeron de sangre un territorio desolado que vio migrar presuroso a todos sus pobladores. Con el acompañamiento de sectores religiosos ese campesinado decidió retornar y hacer un manifiesto colectivo en contra de la violencia y rechazando toda injerencia armada, oficial o ilegal. “Que reconociendo la voluntad de la mayoría de los miembros de las comunidades desplazadas del Corregimiento de San José de Apartadó, luego de un proceso de consulta interna han decidido declararse como COMUNIDAD DE PAZ…” dice uno de los considerandos de la Declaración aprobada aquel 23 de marzo de 1997.
De un sencillo reglamento de convivencia comunitaria, de colectivización de la cotidianidad y de la vida misma, elaborado y firmado por ese grupo de campesinos, emerge todo un catálogo ético vigente para la humanidad entera, consistente en rechazar toda expresión violenta y armada y de defender la vida libre y en condiciones de armonía con los vecinos y con el entorno.
Sin embargo, en estos 25 años de opción por la vida comunitaria y en paz, paradójicamente han recibido más violencia por parte de agentes estatales, paramilitares y guerrilla. Ello sin contar con la dolorosa indiferencia de una sociedad mayoritaria que inexplicablemente se acostumbra a vivir en medio de la confrontación armada, como si fuese su obligado devenir, y que se resiste a visibilizar y respaldar expresiones colectivas y concretas que rechazan la vía armada como solución a las diferencias.
Mas de 300 muertos, desplazamientos, torturas, persecuciones, estigmatizaciones y bloqueos económicos, padecidos por la Comunidad de Paz en los últimos cinco lustros, evidencian contundentemente de que ha habido una intencionalidad de exterminio de la Comunidad. El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien ha acompañado este proceso colectivo desde sus comienzos, ha reseñado y argumentado sólidamente la existencia varias estrategias de exterminio de este grupo humano, como el exterminio físico, la depredación económica, la exclusión social y estigmatización ideológica, entre otras.
¿Cómo entender que un grupo humano que se levanta en dignidad y grita NO a la violencia armada sea objeto, durante 25 años, de ataques armados de todos los actores del conflicto, buscando silenciarlo y acabarlo? Difícil resulta comprender la racionalidad de una institucionalidad que por un lado pregona políticas de paz pero que, por el otro, es permisivo con una conducta recurrente y persistente de exterminio violento. ¿Cómo comprender que una sociedad, que se dice hastiada de la confrontación armada, guarde silencio frente a un evidente plan de exterminio contra un grupo de campesinos que tan solo quieren una vida en paz? Resulta contradictorio, por lo menos ilógico, que la robusta institucionalidad creada oficialmente para generar la transición del país no valore, visibilice, respalde y defienda una apuesta por la paz que, como gran paradoja, tiene más reconocimiento a nivel internacional que local.
La impunidad imperante, garante de la agresión continuada.
En un telón blanco, portado por varios niños y niñas en el aniversario 25 de resistencia, se registran los nombres de más de 300 personas, miembros de la Comunidad de Paz, que han sido asesinadas. La lectura de tantos nombres de personas víctimas, invisibilizadas y anonimizadas por las cifras de la violencia en Colombia, genera una sensación de profundo dolor y de impotencia, pero también de rabia por lo demencial de esta continua agresión.
La nota característica de esos crímenes es la impunidad. Salvo excepcionales asomos de la administración, la justicia también le ha sido negada sistemáticamente a estos pobladores. La Corte Constitucional en su momento, mediante pronunciamientos de tutela (1025 / 2007) y auto de seguimiento (164 /12) adoptó medidas concretas para intentar poner fin a la persistente criminalidad contra la Comunidad y disminuir su escandalosa impunidad; sin embargo, en la práctica no surtieron ningún efecto. Abiertamente, se ha desconocido a la Corte en su rol de garante de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Todas esas muertes han dejado profundas huellas de dolor en la Comunidad. Tal vez la que mayor afectación ha generado fue la masacre del 21 de febrero de 2005. En esa ocasión, tropas del ejército pertenecientes a la brigada 17 acompañados de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, torturaron y asesinaron con sevicia a ocho personas, algunos de ellas eran lideres históricos de la Comunidad, y tres niños, uno de los cuales con tan solo 18 meses de edad. En el 2019, en casación, la Corte Suprema de Justicia dejó probado que militares y paramilitares cometieron conjuntamente la masacre e impartió altas condenas contra algunos oficiales y suboficiales. Buscando un escenario más favorable, el comandante del Batallón 47, condenado por la Corte Suprema, se sometió de inmediato a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP. Pese a la reciente declaratoria que hizo esta jurisdicción, de que se trató de un crimen de lesa humanidad y de guerra, las actuaciones procesales terminarán, como lo prevé la ley estatutaria, revisando las condenas e imponiendo las exiguas sanciones establecidas en JEP.
La impunidad imperante en la mayoría de los crímenes cometidos contra la Comunidad, aunado a la indiferencia o negligencia de otras autoridades del Estado para frenar el constante hostigamiento contra sus miembros hizo que en el 2006 se hiciera un acto de ruptura de la Comunidad con el Estado y el Gobierno. Tan solo se envían derechos de petición a la Presidencia de la República para dejar una memoria del proceso de exterminio de la Comunidad y se dejan constancias históricas ante la sociedad civil internacional para buscar su respaldo y acompañamiento.
La vida y los sueños colectivos continúan.
Al final de la tarde del miércoles 23 los delegados diplomáticos se despidieron de la comunidad. Uno de ellos señaló que “se necesitan más comunidades de paz en el país”. Todos coincidieron en que seguirán acompañando este esfuerzo colectivo por la no violencia. Luego del tradicional canto de cumpleaños se repartieron tortas hechas por las manos de estos campesinos llenos de bondad. Al caer el día, las actividades deportivas entre niños, niñas y personas adultas, religiosos y religiosas y acompañantes de la sociedad civil internacional se estrecharon en juegos tradicionales y, por unos instantes, sus rostros reflejaron la felicidad profunda que produce el compartir la vida sin temor. Allí, en medio de las risas y los cantos, regresaron a mi memoria las palabras de Eduar Lancheros, defensor de derechos humanos, quien siendo aún muy joven acompañó a la comunidad desde sus orígenes: “mientras el dolor se vuelva esperanza, siempre habrá comunidad. No puede destruirse”.
Al siguiente día, cuando debíamos partir de aquel oasis de humanidad, nos montamos el carro “chivero” en medio de un grupo de personas que nos seguía regalando su generosidad sin límite. Ya en el jeep, permanecí mirando hacia atrás viendo las manos de despedidas que parecían clamar por el regreso de los acompañantes. Sus rostros, poco a poco, se fueron desvaneciendo en medio de la polvareda del camino. Sin embargo, las diluidas siluetas de sus cuerpos dibujaban con firmeza un “aquí estamos y aquí persistiremos tras nuestro sueño de paz..”
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