“Las autoridades huzíes de facto de Yemen no deben utilizar a los presos recluidos arbitrariamente como moneda de cambio en las negociaciones políticas en curso”, afirma hoy un nuevo informe de Amnistía Internacional.
El informe, titulado Released and Exiled:Torture, unfair trials and forcible exile of Yemenis under Huthi rule, es una investigación exhaustiva sobre las experiencias de una minoría de no combatientes —entre los que hay periodistas, oponentes políticos y miembros de la minoría religiosa bahaí— que fueron puestos en libertad en 2020 como parte de acuerdos políticos tras haber sido torturados y permanecer hasta siete años recluidos de forma ilegítima. Tras su excarcelación, los miembros de la fe bahaí fueron obligados a exiliarse, y la ONU facilitó su salida; ocho hombres más fueron desterrados a otras partes del país.
“Este informe pone de relieve que se viene utilizando a los presos como moneda de cambio política y que las consecuencias de los acuerdos sobre ellos negociados por las autoridades huzíes de facto son el exilio y el desplazamiento forzosos. Tras sufrir años de estremecedores abusos y reclusión ilegítima, ni siquiera la libertad procuró alivio a los reclusos cuyos casos son objeto de este informe, pues ninguno pudo regresar a su casa y reunirse con su familia después de años de separación forzosa”, declaró Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
“Nadie debería verse obligado a elegir entre permanecer en reclusión ilegítima y abandonar su hogar o su país. Los acuerdos negociados sobre excarcelaciones no deben permitir en ninguna circunstancia, ni explícita ni implícitamente, que las personas liberadas sean obligadas a exiliarse o a ser desplazadas de su hogar”.
En octubre de 2020, las autoridades huzíes excarcelaron a 1.056 personas como parte de un acuerdo políticamente negociado copatrocinado por la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aunque la inmensa mayoría eran combatientes, poco más de una veintena no lo eran. Con anterioridad, en julio de 2020, las autoridades huzíes habían puesto en libertad a seis miembros de la minoría religiosa bahaí. Amnistía Internacional habló con 12 hombres de ese pequeño grupo que nunca debieron haber sido recluidos: 7 periodistas, un empleado del gobierno y 4 bahaís.
Diez de ellos estuvieron recluidos entre dos y tres años antes de que les informaran de los cargos formulados en su contra. En nueve casos, un tribunal había ordenado su libertad en marzo y abril de 2020; a pesar de lo cual, las autoridades huzíes los mantuvieron recluidos arbitrariamente durante meses y sólo las liberaron más tarde como parte de acuerdos políticos.
"Este informe pone de relieve que se viene utilizando a los presos como moneda de cambio política y que las consecuencias de los acuerdos sobre ellos negociados por las autoridades huzíes de facto son el exilio y el desplazamiento forzosos. Tras sufrir años de estremecedores abusos y reclusión ilegítima, ni siquiera la libertad procuró alivio a los reclusos cuyos casos son objeto de este informe, pues ninguno pudo regresar a su casa y reunirse con su familia después de años de separación forzosa".