El 8 de agosto de 2019, la Fundación Paz y Reconciliación, denunció como el entonces aspirante a Registrador Nacional, Carlos Camargo Assis, quien se desempeñaba como director de la Federación Nacional de Gobernadores (FNG), favorecía con millonarios contratos a ex magistrados y familiares de magistrados del Consejo de Estado; ello con el fin de favorecer procesos que se adelantaban en esa corporación a congresistas conservadores y de paso, buscar apoyo para su elección como registrador. 

Carlos Camargo Assis, está casado con Paulina Pineda Garcia, hija de la senadora conservadora Nhora García y además es primo del senador David Barguil Assis.  

Estos cuestionamientos fueron mucho más allá en la Federación Nacional de Gobernadores. Se conoció el uso indebido de la tarjeta de crédito corporativo en gastos personales, como los que realizó el 24 de mayo de 2018, en la tienda Salvatore Ferragamo, por 1.2 millones de pesos y otro el mismo día por 700 mil pesos en la tienda de accesorios  Tous, en el cetro comercial Andino, entre muchas otras, a lo cual Camargo Assis adujo que si bien fue cierto que hizo gastos personales con la tarjeta, reintegró ese dinero.

El portal de noticias HSB NOTICIAS, publica en su edición del 13 de agosto del 2019, que fueron muchos los cuestionamientos de varios gobernadores, en la cumbre de mandatarios realizada en Paipa Boyacá, la semana inmediatamente anterior, sobre el desempeño y los malos manejos de Camargo Assis de la FNG. Fue entonces, cuando el entonces gobernador Carlos Amaya, presidente de la Federación y casado con Daniela Assis, familiar del cuestionado director, “solicitó a los gobernadores que aprobaran un parágrafo que permitiera remover a Camargo de manera anticipada del cargo, antes de la evaluación insatisfactoria de su gestión y además que le dieran 2 semanas de plazo para presentar informe de gestión”.

Entre los magistrados del Consejo de Estado que fueron favorecidos con contratos para sus familiares en la FNG, cuando era director Carlos Camargo Assis, se encuentra la Magistrada Rocio Araujo Oñate, cuya hermana, Liliana del Rocio Araujo Oñate, tuvo un contrato con la Federación, por la suma de 70 millones de pesos, entre el 15 de mayo y el 14 de octubre de 2015 y el exmagistrado Ciro José Muñoz Oñate, primo hermano de la magistrada Araujo Oñate, también fue beneficiado con un contrato.

En enero de 2020, dentro de los términos legales, se presentó una demanda de nulidad de la elección del actual gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, sucesor del exgobernador Carlos Amaya.

Barragán se desempeñó como secretario general de la gobernación de Amaya y ejerció como gobernador encargado 9 meses, 4 días antes de su inscripción como candidato. En su desempeño como gobernador (e), adelantó un Concejo de Seguridad y ordenó 50 millones de pesos de recompensa por información sobre los autores materiales e intelectuales de un acto terrorista ocurrido en la ciudad de Tunja, el 22 de octubre de 2018.

La Magistrada Rocio Araujo Oñate, es quién tiene a su despacho el proceso de nulidad electoral contra el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame. El Consejo de Estado, se acogió al Decreto 806 de 2020, por lo cual se dictará sentencia anticipada, sin embargo, el proceso entró el 7 de octubre para fallo al despacho de la magistrada y el día 7 de diciembre, ella notificó a las partes que negaba la coadyuvancia, presentado dentro del proceso el 28 de septiembre, la cual contiene la prueba documental de las declaraciones del señor Barragán Adame.

Adujo la magistrada:

“En este caso, la norma que regula la intervención de terceros en medio de control de nulidad electoral, así como tampoco el Decreto Ley 806 de 2020, previeron cuando se entiende como oportuna la intervención de terceros en los casos en que se prescinda de la audiencia inicial. Ante el vacío que se presenta en estos casos, se debe acudir a la finalidad de la norma que consagra la intervención de terceros, en cada medio de control. En el caso concreto, se reitera, la oportunidad para ser tenido como tal, es el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de audiencia inicial”.

Si bien es cierto, lo que la magistrada califica como “vacío” lo resolvió a todas luces a favor del gobernador Barragán, negando la prueba fundamental de la coadyuvancia. Resulta obvio, que tampoco se cumple la finalidad del Decreto Ley 806 de 2020 de “proferir sentencia anticipada cuando se trata de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas…” como lo determinó el Consejo de Estado para este caso concreto.

Es de vital importancia, advertir que el pasado 5 de noviembre de 2020, el señor Hector José Barragán Adame, se posesionó como asesor de la Defensoría del Pueblo, bajo la administración de Carlos Camargo Assis, el mismo que benefició a los familiares de la magistrada. ¿Resulta entonces pertinente preguntar si la magistrada Araujo Oñate, está dilatando la decisión sobre la nulidad de la elección del gobernador de Boyacá?  ¿Está cumpliendo con la finalidad del Decreto 806 de 2020 de proferir sentencia anticipada? ¿Tendrán que ver los buenos oficios de la clase política de Córdoba, en cabeza de Carlos Camargo Assis, familiar de la ex primera dama de Boyacá?, quién además nombra como asesor de su despacho al hermano del gobernador, cuya elección esta demandada y la ponencia debe hacerla la magistrada Araujo Oñate.

Es deber ético poner en conocimiento de la opinión pública estos hechos, en virtud de los cuales se vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia, que entre otras cosas, debe dar la garantía de acción y como lo afirmó la Corte Constitucional, “No es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas establecidas por el legislador sin que se garanticen adecuadamente dicho acceso”.

El derecho fundamental al acceso a la justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. No puede seguir la sociedad colombiana siendo rehén y víctima de los clanes políticos y judiciales que tanto daño hacen a la justicia y a la paz de Colombia.

No se equivocó la Fundación Paz y Reconciliación cuando afirmó que el caso de Carlos Camargo Assis y sus relaciones con magistrados del Consejo de Estado, nos deja ad portas del segundo cartel de la toga.

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* Periodista, docente con doctorado en Pensamiento Complejo, de Multiversidad Edgar Morón, México.