“Hemos sido gobernados por criminales” (presidente Gustavo Petro)
Con esta exclamación, el señor presidente. después de haber escuchado las atrocidades narradas por el criminal ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, se sintetiza el drama del genocidio continuado sufrido por el pueblo colombiano, ejecutado, no solo por los bandas paramilitares y las fuerzas armadas, al servicio de quienes han gobernado el país en las últimas décadas, sino durante los dos siglos largos de gobiernos oligárquicos, de hegemonía liberal – conservadora y sus hijos recientes, el uribismo, Cambio Radical y el partido de la U, en nuestra vida republicana.
Son incontables las acciones criminales ordenadas, a lo largo de nuestra historia, por gobiernos retrógrados, liberales o conservadores, contra líderes y lideresas políticos, partidos y movimientos, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, dirigentes sindicales y comunitarios, movimientos estudiantiles, huelgas obreras y de trabajadores, levantamientos populares, población LGBTIQ+. En general, pueblos que han expresado su legítimo derecho a rebelarse contra la injusticia, la opresión, la exclusión, la explotación, la miseria y el oprobio que han padecido desde siempre centenares y millones de asesinatos, masacres, desapariciones, torturas, etc.
Han sido, sin duda, crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de estado, ejecutadas por esbirros del régimen de turno en cada época, muchos han quedado gravados, no en los archivos de la historia oficial, sino en la memoria histórica del pueblo que no olvida. Solo para refrescar la memoria evocaremos algunos de mayor relevancia.
Las masacre de las huelgas de los obreros en 1924 y 1926, contra el enclave petrolero de la Tropical Oil Company en Barranca Bermeja, por exigencia de los Estados Unidos y ordenada por el entonces presidente Pedro Nel Ospina, asesinados decenas de trabajadores y exterminados la mayoría de sus dirigentes; la masacre de las bananeras, ejecutada por imposición de Estados Unidos, ordenada por el presidente Miguel Abadía Méndez, para proteger los intereses de la Tropical Fruit Company, en la que fueron asesinados los dirigentes de la huelga y miles de trabajadores y pobladores de la zona bananera; el asesinato de muchos de los fundadores y dirigentes de la Confederación Obrera Nacional y del Partido Socialista Revolucionario – PSR –de Ignacio Torres Giraldo, María Cano, Raúl Eduardo Mahecha, Tomás Uribe Márquez, entre otros.
Registra la historia el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y las atrocidades cometidas por las bandas paramilitares de la época, creadas y financiadas por los terratenientes y los gobiernos conservadores de los criminales Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, (1948 – 1953/54) armadas y entrenadas por el ejército y la policía, “Los Pájaros”, “La mano Negra”, “los Chulavitas”, “Las Guerrillas de la paz” y sus sanguinarios personajes “El Condor”, “Sangre Negra”, “El Zarpazo”, León María Lozano, Efraín González, etc., que, en acciones conjuntas, sembraron el terror en campos y ciudades, asesinaron y desaparecieron líderes y lideresas, violaron mujeres y niñas y niños, ejecutaron masacres, torturaron y desplazaron poblaciones enteras, época del terror estatal que dejo como trágico saldo el genocidio de más de 300.000 seres humanos, la mayoría civiles, víctimas de aquellas atrocidades del poder y su política de muerte.
Entre tanto, también quedó para la memoria de los tiempos, la dictadura del General Gustavo Rojas pinilla, el pacificador, impuesta con el apoyo de liberales y conservadores, que masacró las manifestaciones estudiantiles del 8 y 9 de junio de 1954 y ordenó el asesinato, en estado de indefensión, del líder de las guerrillas liberales, Guadalupe Salcedo, después de haber firmado la paz con él en la población de Ariporo, Casanare.
Lo que siguió fue el sombrío periodo del Frente Nacional, producto del acuerdo de paz firmado en Benidorm en 1956, por el dictador Laureano Gómez y el jefe de la derecha liberal, Alberto Lleras Camargo, prolongado hasta finales de los ochenta del siglo pasado, bajo el imperio del régimen bipartidista liberticida, que sometió al pueblo colombiano a una nueva dimensión de la violencia estatal; liberales y conservadores se alternaron el ejercicio de la presidencia, con simulacro de elecciones y sin voto libre, adoptaron la doctrina norteamericana de la seguridad nacional, gobernaron en estado de sitio permanente, suprimieron las libertades y los derechos políticos y sociales, criminalizaron y reprimieron la protesta social, militarizaron vastas zonas agrarias y despojaron de la tierra a los campesinos y masacraron poblaciones, como en los casos de El Pato, Rio Chiquito y Guayabero, por orden del presidente Guillermo León Valencia y el paro cívico de 1977 por orden del presidente Alfonso López Michelsen.
En el horror de la larga noche del Frente Nacional, aniquilaron un partido político de oposición, La Unión Patriótica, desaparecieron y asesinaron líderes y lideresas sociales, sindicales y políticos, como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez, Teófilo Forero, entre tantos otros, por mandato del régimen. Continuaron el exterminio de lideres y habitantes de poblaciones indígenas, se repartieron milimétricamente los cargos públicos y saquearon por cuotas partes el erario, incrementaron el desempleo, el hambre y la pobreza. Prácticas brutales que impidieron el surgimiento nuevas alternativas políticas y arrojaron a sectores de jóvenes intelectuales y de la población laboriosa y excluida al despeñadero de la lucha armada, que dio lugar al surgimiento y expansión de las guerrillas y sus prácticas de terrorismo.
En la década de los noventa, coincidieron tres estrategias del establecimiento, la aplicación a rajatabla del inhumano modelo neoliberal y la expedición del decreto ley 356 de 1994 en el gobierno de Cesar Gaviria, para crear las llamadas CONVIVIR, como grupos de autodefensa privada, dotadas con armas del estado, que se transformaron en las AUC de los hermanos Castaño, se fortalecieron y expandieron por todo el territorio nacional al amparo del gobierno de Andrés Pastrana (Ariel Ávila), un ejército paramilitar articulado a las fuerzas armadas, fortalecidas en el gobierno de Pastrana, para adelantar conjuntamente la guerra contra las guerrillas, declaradas como el enemigo interno, que también se habían fortalecido y expandido, después del bombardeo a Casa Verde ordenado por Cesar Gaviria y la ruptura del proceso de paz con las Farc por parte de Andrés Pastrana. Lo que se desencadenó fue la acción combinada y sistemática del terrorismo de estado y paramilitar, ejecutado por los gobiernos de Cesar Gaviria y Andrés Pastrana y llevado a extremos insospechados por Álvaro Uribe Vélez, bajo cuyo mandato, el ejército y la policía armaron y entrenaron aquellos aparatos de la muerte que, financiados por gobiernos, narcotraficantes, terratenientes, industriales, banqueros, Ecopetrol y las multinacionales del petróleo, la minería y exportadoras del banano, ganaderos y demás gremios económicos, sembraron el terror a lo largo y ancho del país. No solo tolerados, sino también apoyados por los medios monopólicos de comunicación masiva. Es lo que se desprende de las aterradoras narraciones del excomandante paramilitar ante la JEP.
Gran parte de las declaraciones de mancuso confirmaron la verdad sobre las denuncias sobre la barbarie que ya habían develado el entonces senador, Gustavo Petro, en sus memorables debates contra el presidente Uribe y la parapolítica, el Jurista y periodista investigador Daniel Mendoza en laureada serie documental Matarife, basado principalmente, en las investigaciones de los Directores de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén y de la plataforma digital Revelados, Julián Martínez, el Senador Iván Cepeda, en su libro El Ubérrimo, Ariel Ávila de la fundación Paz y Reconciliación, la Asociación Colombiana de Juristas, Human Rigths watch, familiares de las víctimas, campesinos despojados de sus tierras y desterrados de sus territorios, columnista y periodistas independientes y, en general las fuerzas democráticas y el pensamiento crítico.
Mancuso aporta como novedosas informaciones, que él fue reclutado y entrenado por el ejército en todos los quehaceres de la guerra, incluida la instrucción para pilotear helicópteros de combate de la fuerza pública, que las armas entregadas por el Estado a las CONVIVIR, fueron transferidas a los grupos paramilitares, que los altos mandos militares y todos sus batallones, planificaron y ejecutaron operaciones conjuntas de combate contra los frentes de las guerrillas, que planearon miles de masacres ejecutadas en todo el territorio nacional. Como dato nuevo, dijo que las masacres de la Granja y El Aro, por las cuales está indiciado el expresidente y judicializado su hermano menor, supuestamente comandante de “Los doce apóstoles”, “hubo preparación previa, un año antes, con el General Manosalva y el General Iván Ramírez y ambas tropas actuaron en el terreno” y que “en la masacre de Pavarandó (1998) actuaron las AUC, conjuntamente con la brigada XVII al mando del coronel Carreño”, causaron decenas de muertos y “se desplazaron más de 5000 personas” y remató con esta perla “la justicia penal militar encubrió estas operaciones para asegurarnos impunidad”.
A una pregunta del magistrado interrogador, respondió que, hubo “acuerdo con las Fuerzas armadas sobre la distribución geográfica de las AUC en el país, en cada región había coordinación con los altos mandos y los oficiales en terreno”
Declaró que el antiguo DAS, fue puesto al servicio de las AUC, al punto que, el director del DAS, el “buen muchacho” de Uribe, Jorge Noguera, condenado a prisión por paramilitarismo, fue nombrado como cuota de las AUC y su ex subdirector, José Miguel Narváez también condenado por lo mismo, era ideólogo de las AUC. del DAS salían listas para asesinar personas, José miguel Narváez; Ordenó el asesinato del humorista Jaime garzón. Aseguró que la fiscalía nacional y todas sus regionales actuaron como sus informantes y protectores, el fiscal del Norte de Santander, por ejemplo, “informaba a los jefes de las AUC, sobre operativos que iban a realizar, entonces, los jefes se escondían en las instalaciones de la fiscalía, mientras pasaba el operativo”.
Dejó saber que miles de armas y millones de cartuchos, compradas en el exterior, ingresaron por Urabá en los barcos de las empresas exportadoras de banano y que otras tantas fueron adquiridas “a través de Expo Militar y legalizadas por el comandante de las fuerzas armadas”, militares y empresas bananeras sabían de las armas embarcadas y traídas, se desembarcaron en un puerto de BANADEX”.
Dejó en claro, que las atrocidades de los hornos crematorios y las fosas comunes fueron creadas para responder a las exigencias de los gobiernos de Pastrana y Uribe de no dejar tantos cadáveres regados, porque estaban siendo sometidos a altas presiones de las organizaciones de derechos humanos, incluso recurrieron a sembrar cadáveres en territorio de Venezuela.
Ratificó que habían apoyado con dineros y con votos en las zonas de influencia paramilitar las campañas presidenciales de Álvaro Uribe; pero, también las de Horacio Serpa y Andrés Pastrana. Pero, ya empoderados en amplias zonas del país, diseñaron su propio proyecto y estrategia política, presentada a los políticos del país y en especial a “todos los políticos del departamento de Córdoba”, quienes debieron aceptar como pacto el proyecto presentado, al cual llamaron “Clamor campesino Caribe” y procedieron a presionar los votos para los candidatos y candidatas, a gobernación, asamblea, concejos y alcaldías escogidos por ellos. A los elegidos les exigieron cuotas burocráticas y control del gasto público, contratación con las empresas que ellos decidieran, más el 20% de los contratos, 10% para las UAC y 10% para el gobernador y los alcaldes. Confirmó que intervinieron fuertemente en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2002, la primera presidencia de Uribe y el control del 35% del Congreso de la Republica.
Dijo que los dineros saqueados del erario, “recursos públicos de la salud y otros dineros públicos”, en complicidad con los mandatarios regionales, fueron utilizados para fortalecer el proyecto paramilitar, compraron lujosos restaurantes en asocio con el empresario Giorgio Sale, compraron fincas a precios irrisorios, crearon inversiones como reservas de capital, a través de empresas creadas, como FUMPASCOR, URAPAMA, PALMURA, negocios con apoyo de FEDEGAN, varios ganaderos, Jorge Visbal Martelo, el Fondo ganadero, Sabas Pretel, comerciantes, transportadores. “Ecopetrol permitía que extrajéramos combustible de la tubería, nos informaba sobre los días y las horas programadas de bombeo de gasolina. Extrajimos combustible acompañados de la fuerza pública”, En este delito “se comprometieron “funcionarios de alto nivel de Ecopetrol”.
Finalmente, cabe resaltar fue invitado por el indecible ex vicepresidente Francisco Santos, a reunirse con él en Bogotá, para proponerle la creación del Bloque capital que, si existió, nunca se desmovilizó y después formaron los Urabeños y el bloque Sabana. Hechos nunca investigados. (Ariel Ávila). El señor Santos lo invitó a las instalaciones del diario El Tiempo, en el cual escribió un editorial en el que elogió y avaló las bandas paramilitares.
Hasta aquí, estas notas extraídas de la extensa declaración de la comparecencia del patibulario jefe paramilitar y la larga noche de terror a que ha sido sometido nuestro pueblo, por la oligarquía dominante, de la cual, Álvaro Uribe ha sido su mas tenebroso ejecutor. Por haber salido de boca de uno de sus más temerarios actores, sus declaraciones son sello de garantía de la verdad ampliamente conocida. De esta historia de espanto, una de las grandes conclusiones debe ser que en el túnel paramilitar de la muerte, los gobiernos comprometidos no solo crearon y utilizaron las tropas paramilitares para hacer el trabajo sucio que no podían hacer las fuerzas armadas, sino que compartieron con ellos el monopolio de las armas, el ejercicio de la política, la corrupción, el saqueo del erario y la responsabilidad en grado de planeación y ejecución del genocidio que ha dejado millones de víctimas.
El presidente Gustavo Petro tiene toda la razón, ¡Hemos sido gobernados por criminales!
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
