En los últimos días, pocas expresiones han adquirido tanta fuerza en el debate público latinoamericano como la llamada “ideología de género”. Utilizada principalmente por sectores conservadores, esta fórmula ha servido para cuestionar políticas relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual y el reconocimiento de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Sin embargo, detrás de la controversia existe una pregunta que merece ser examinada: ¿estamos frente a un concepto útil para comprender la realidad o ante una herramienta política destinada a disputar el significado de las transformaciones sociales contemporáneas?

Esta expresión no nació en la academia ni constituye una categoría científica consolidada. Su origen puede rastrearse en las críticas formuladas por sectores religiosos y conservadores contra los desarrollos del feminismo, los estudios de género y las políticas de igualdad impulsadas desde hace décadas. Más que una teoría específica, terminó convirtiéndose en una fórmula capaz de agrupar fenómenos tan distintos como la educación sexual, los derechos reproductivos, las políticas antidiscriminación y las reivindicaciones de grupos históricamente excluidos.

Su fuerza radica precisamente en esa amplitud. La expresión permite presentar debates complejos bajo una misma confrontación cultural. No se discuten únicamente asuntos relacionados con el género; también se debate sobre familia, educación, religión, autoridad moral y papel del Estado. Por ello, su importancia es fundamentalmente política.

La historia demuestra que los procesos de reconocimiento de derechos suelen enfrentar resistencias profundas, y un ejemplo de ello es la abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, la igualdad de las mujeres y los derechos civiles. En todos esos casos surgieron advertencias sobre una supuesta amenaza al orden social; sin embargo, el tiempo mostró lo contrario: el universo de personas reconocidas como sujetos plenos de derechos aumentó.

Las mujeres conocen bien esa experiencia. Durante siglos fueron excluidas de la participación política, del acceso igualitario a la educación y de múltiples espacios de decisión. La violencia ejercida contra ellas fue considerada un asunto privado y numerosas formas de discriminación se normalizaron como parte del orden social. Como sostuve en mi reciente obra Violencia de Género contra la Mujer: por una Respuesta Estatal Integradora, los avances en materia de igualdad y protección no fueron concesiones espontáneas del poder político, sino el resultado de luchas sociales que transformaron situaciones históricas de subordinación en garantías efectivas de derechos. Algo similar ocurrió con otros grupos, entre ellos las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el debate relevante no consiste en determinar si estas reivindicaciones son nuevas o tradicionales, sino en establecer si fortalecen la dignidad, la igualdad y la libertad.

Por supuesto, detrás de las críticas a la noción existen preocupaciones legítimas relacionadas con la libertad religiosa, el papel de los padres en la educación y los límites de la intervención estatal. El problema aparece cuando una categoría tan amplia termina por ser utilizada para poner bajo sospecha derechos conquistados precisamente para proteger a grupos históricamente discriminados.

Es allí donde la expresión revela su verdadera dimensión política. Más que describir una realidad objetiva, funciona como un instrumento de movilización cultural. No es casualidad que figuras como Agustín Laje se hayan convertido en referentes de una corriente que interpreta los avances en materia de género y diversidad como parte de una disputa más amplia sobre el rumbo cultural de nuestras sociedades.

La anunciada llegada de Alejandro Ordóñez, exprocurador general de la nación, como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos constituye una señal clara de esa disputa. Su trayectoria pública ha estado marcada por una visión retrógrada de los enfoques de género y de diversos desarrollos asociados a los derechos sexuales y reproductivos. Su presencia en uno de los principales escenarios hemisféricos de protección de derechos humanos reabre una discusión sobre los alcances futuros de estas garantías en la región.

Mientras tanto, el interrogante actual consiste en comprender por qué esa expresión ha logrado convertirse en una de las categorías políticas más discutidas de nuestros días, más aún cuando su éxito no radica precisamente en la precisión conceptual, sino en la capacidad que posee para movilizar identidades y organizar posiciones frente a los cambios culturales.

La democracia constitucional no exige que todos compartamos la misma visión sobre la familia, la sexualidad o la religión. Lo que sí exige es que ninguna persona vea disminuida su dignidad o sus derechos por razón de su sexo, su condición de mujer, su orientación sexual o su identidad de género.

Quizás por ello la llamada “ideología de género” deba entenderse menos como una teoría y más como una disputa por definir el significado de la igualdad, los alcances de la ciudadanía y el lenguaje mismo de los derechos. En síntesis, la verdadera discusión no versa sobre una supuesta ideología, sino sobre quién tiene la autoridad para decidir qué derechos merecen protección en una sociedad democrática.