La mejor manera de explicar el estado de persecución, destierro y descrédito al que me ha sometido la Unidad Nacional de Protección -UNP- es publicando esta carta que dirigí, desde el exilio donde me encuentro, a Henry Robinson García Hidalgo, Subdirección de Protección de esa entidad.

Debí salir de Colombia a marchas forzadas tras haber sido objeto de un atentado nocturno a mano armada, en Bogotá, que la UNP, la Policía y la Fiscalía decidieron ridiculizar y reducir a la hipótesis de “intento de robo”, que no han podido explicar. Esta agresión fue antecedida por innumerables seguimientos y amenazas que siempre documenté ante las autoridades competentes y sobre lo cual no se ha hecho ni la más mínima gestión investigativa.

Desde mi punto de vista, la creciente persecución estatal que padezco nació de mi investigación sobre lo que fue por dentro la policía secreta DAS, cuyos agentes hoy están regados por múltiples agencias estatales, entre ellas la UNP, y continúan delinquiendo de manera coordinada.

Sin más preámbulo, esta es mi carta, mi relato desde la soledad del exilio.

Buenos Aires, julio 18 de 2022

Señor

Henry Robinson García Hidalgo

Subdirección de Protección

Grupo de Hombres de Protección.

PQRS Zona 1.

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Bogotá.

Asunto:    Referencia requerimiento salida del país por razones de seguridad

Señor García:

Soy JULIAN FERNANDO MARTINEZ VALLEJO, periodista, por tanto veedor público, identificado como aparece al pie de mi firma, y de manera atenta me permito dar contestación al oficio bajo el radicado OFI22-00030897, que se me comunicara el día 13 de julio de 2022 a mi dirección electrónica, dentro del continuo y sistemático acoso psicológico al que se me ha sometido por parte de la Unidad Nacional de Protección (en adelante la UNP), de la siguiente manera:

1. 1. 1. Ante todo quiero reiterar, repito, que el oficio al que en este escrito doy respuesta se suma a la ya larga lista de correos que me envían desde la UNP haciéndome una serie de llamados de atención injustificados, reiterándome, sin ser cierto, que debo “hacer un buen uso de las medidas otorgadas”, y ante todo presentándome como una persona irresponsable que no entiende o comprende el sentido de un esquema de seguridad en Colombia bajo la normatividad que gobierna los actos administrativos de la UNP, y que recuerdo de manera respetuosa, se encaminan principalmente a la protección de personas en peligro extremo, como es el caso del suscrito periodista.
      2. Observo con preocupación, que con tal correspondencia, de la que hace parte su oficio (radicado OFI22-00030897 del 13 de junio de 2022), la UNP, de cualquier manera, busca debilitarme en mi psiquis y parte emocional, pero ante todo buscar excusas para debilitar, como a través de actos administrativos se demuestra (v. gr. la Resolución No. 00004648 del 9 de junio de 2022, proferida por el propio Director General de la UNP), el precario esquema de seguridad que se me asignó desde 2020, que ciertamente debiera ser más robusto, exponiendo mi vida e integridad personal (Preámbulo y artículos 2 y 6 Superiores), entre otros derechos constitucionales (artículos 20 y 73 de la Constitución), máxime cuando fui objeto de un atentado real, notorio y de público conocimiento el 22 de febrero de 2022.
      3. Respecto del acto ilegal expedido en contra de mi seguridad y protección (Resolución No. 00004648 del 9 de junio de 2022), violando mi estatus de periodista, aun la normatividad que se citó, ahora la que usted cita, mi apoderado judicial, interpuso en término legal los recursos de reposición y apelación a efectos de llevar mi caso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y ante el Sistema Interamericano de Justicia, más aún cuando mis victimarios resultan ser agentes del Estado (servidores públicos de la UNP) y contratistas de la UNP en ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de señalar que en mis denuncias, de ahí mi protección, he referido altas personalidades de la vida nacional (v. gr. el actual Presidente de la República Iván Duque Márquez, el Presidente y ex Senador Álvaro Uribe Vélez y al ex Fiscal General Néstor Humberto Martínez entre otros).
      4. En punto a las razones de seguridad, informadas al suscrito periodista por fuentes humanas coincidentes y creíbles, que motivaron mi salida apresurada del país, y que ahora implican un requerimiento por el hecho, no cierto, de “supuestamente” no informar en debida forma a la Unión Temporal que tiene contratados a los hombres encargados de mi seguridad y protección, refiero:

4.1  De forma categórica me permito indicar, que los señores Duberney Campos y Diego Alejandro Guerra fueron informados y sabían perfectamente que desde el jueves 9 de junio de 2022, cuando me dejaron en la terminal internacional del aeropuerto El Dorado, que mi regreso estaba previsto para el día 20 de julio de 2022.

No obstante, le informo a usted, de manera oficial, que por cuestiones atadas a mi seguridad y por una calamidad de salud que se presentó a última hora, he tenido que reversar tal decisión y todavía no puedo indicar a la UNP una fecha exacta o cierta de mi arribo al país.

Sobre mi salida del país, de manera comedida me permito acreditar a continuación, sin que tenga obligación para ello, de acuerdo a lo señalado en este ítem, sello de Migración Colombia de mi pasaporte:

4.2  Vale indicar, que tanto verbal, como por escrito, siempre informé a los señores guardaespaldas que mi salida estaba prevista para las fechas exactas, que estoy informando con esta comunicación. Pero además ellos mismos estaban presentes y fueron testigos oculares de mi salida del país. Esta información, además, fue reportada y reiterada los días 21 y 27 de junio de 2022, por escrito a Duberney Campos. Para probar esta afirmación envío los pantallazos de la conversación escrita.

No entiendo, ¿por qué les señalaron a ustedes que no reporté?

Sí se me hace raro, aún me causa suspicacia, que me escribieron nuevamente por escrito a mi número personal el día 29 de junio de 2022, señalándome lo siguiente:

 “Don Julian buenas noches que posibilidad hay que nos regale una llamada en grupo a diego y a mi referente a una inquietud con el esquema asignado a su protección quedamos atentos muchas gracias.” (sic)

Mi respetuosa respuesta, como es mi costumbre, como de hecho ellos mismos lo pueden corroborar, estuvo encaminada a pedirles que por favor me dejaran tranquilo ya que estaba pasando un momento difícil por cuestiones relacionadas con mi seguridad y el acoso de la UNP, más aún cuando tales mensajes me hacen sentir acosado y me afectan en lo psicológico. No más referí, remitiéndolos directamente a la UNP, lo que hice de manera comedida en mi derecho a tener tranquilidad en un país diferente, por seguridad y protección, al mío.

4.3  Ahora bien, lo que sucede, es que desde mi punto de vista, yo no puedo responder por la información manipulada que llega a las manos de ustedes por parte de la Unión Temporal, hecho extremadamente notorio y evidente, aún frente al requerimiento al que doy respuesta en éste escrito. Como ha sucedido desde siempre y con la que me han venido acosando de forma indiscriminada, continua y sistemática, reitero.

4.4  Acá es preciso señalar y recordar lo siguiente:

• • • • • Que la situación clara es que el acoso del que he venido siendo objeto es parte de un plan macabro que consiste en una desestabilización emocional y psicológica que vienen adelantando la Unión Temporal, empresa Guardianes, cuyos autores intelectuales son especialmente los señores José Luis Aguilar Pinzón y Camilo Andrés Acosta Mora.

• • • • • Esos dos “personajes”, tristemente para quienes supuestamente somos protegidos, han tenido experiencia laboral en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, entidad que fue liquidada en 2011 por las actividades criminales que la justicia colombiana e internacional ya probó.

Vale la pena recordar nuevamente, que el suscrito periodista es el autor del libro “Chuza DAS: ocho años de espionaje y barbarie”, galardonado como el mejor libro periodístico de Colombia en el año 2017 por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

Asimismo, he sido autor de innumerables notas periodísticas que denuncian cómo los servicios de inteligencia y de protección en Colombia, no son destinados para garantizar la seguridad o, en mi caso, el ejercicio periodístico, sino para espiar, intentado buscar información con la que buscan desprestigiarme o chantajearme.

Sobre lo anterior, vale la pena traer a colación, la reciente Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado donde precisamente se cuestiona, entre otras muchas cosas, a la UNP, a la Fiscalía General de la Nación y a los ex DAS encargados de “supuestamente” dar protección (fallo del 17 de junio de 2022, SCA, Radicación 250012326000201200198 01 (66.603), CP. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. Demandante: Claudia Julieta Duque Ocampo y otros. Demandada: Nación – Fiscalía General, UNP y otros).

De ese sustancial fallo en lo Contencioso Administrativos, claramente vendrán correctivos para que sean mejorados los protocolos y la contratación administrativa como es la Unión Temporal, empresa Guardianes.

4.5  Desde que se me otorgaron las medidas de protección, he venido recibiendo de diferentes servidores públicos de la UNP y de la Unión Temporal distintas quejas para presentar, repito y sin que sea cierto, al suscrito periodista como un beneficiario del programa de protección problemático y rebelde, que hace como usted lo señaló apócrifamente en su comunicado “lo que le plazca con las medidas”.

No es así, están absolutamente equivocados, y como mencioné, todos los vejámenes, el acoso y la persecución que he recibido, los llevaré ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y ante el Sistema Interamericano de Justicia, para que se restablezcan mis derechos fundamentales, en especial el respeto a mi dignidad y el derecho que me asiste como periodista.

Se equivocó la UNP, soy una persona que actúa acatando la Constitución y las leyes, que paga sus impuestos al día y que tiene una inmensa credibilidad como periodista, pero claramente el gobierno del presidente Iván Duque, aún por intermedio del Ministro del Interior, quien es el funcionario que ostenta la jerarquía funcional sobre la adscripción de la UNP, han pretendido cobrarme mis aciertos de periodista con esta clase de acoso, en la gravedad que han logrado deteriorar y disminuir mi salud en lo moral, emocional, psicológico y aun en mi psiquis.

Así las cosas, quiero rechazar enfáticamente y de manera enérgica las acusaciones que me hacen tanto en el oficio bajo el radicado OFI22-00030897, que se me comunicara el día 13 de julio de 2022, suscrito por usted, como en los demás oficios del pasado.

Del mismo modo, dejar constancia, nuevamente, con esta contestación a un requerimiento infundado de la UNP, que el suscrito tiene perfectamente claro los deberes, obligaciones y compromisos que tengo como persona protegida, recordando que la UNP, sus servidores públicos y contratistas tienen también deberes, obligaciones y compromisos, aún más exigentes legalmente (artículos 6 y 29 de la Constitución), y así mismo que los guardaespaldas que me fueron asignados no son mis empleados. Así manifiesto además, de forma también categórica, que tengo muy claro, pero ante todo, que jamás les he pido favores personales a tales guardaespaldas, que mi trato para con ellos ha sido siempre respetuoso y que no los uso a conveniencia particular, comprendiendo que son personas que están a mi servicio para, “supuestamente protegerme”, haciéndome un acompañamiento en mis desplazamientos, sea al sitio que sea, aun para entrevistarme con fuentes e informantes en mis labores periodísticas.

Sin perjuicio de lo anterior, con todo respeto, en adición a lo expuesto, me permito relatar una secuencia de hechos, del todo inusuales, que muestran que no solamente me asiste la razón, sino que expone, pone en evidencia, el operativo ilegal que está ejecutando en mi contra la empresa Guardianes, del grupo de la Unión Temporal, contratista del Estado (UNP), lo que por demás referencio, en la gravedad que lo que indicó aumenta aún más mi situación de riesgo extremo, máxime cuando supuestamente parte de los contratistas públicos llamados a protegerme:

1. La comunicación bajo el radicado OFI22-00030897, curiosamente, es una clara represalia en mi contra por los trinos que yo envié en mi cuenta personal de Twitter el día 12 de julio de 2022, que señalan lo siguiente:

2. Tengo suficientes elementos materiales probatorios, que me permiten señalar, en mi condición de periodista e investigador, y como ciudadano víctima de acoso, que hay en marcha un plan ilegal elaborado, fríamente calculadamente, por los señores José Luis Aguilar Pinzón y Camilo Andrés Acosta Mora, por cuenta del resentimiento personal que sienten contra el suscrito protegido por mis investigaciones sobre el DAS, la Ñeñepolítica y haber revelado que el hermano de la vicepresidenta de Colombia es un narcotraficante condenado en los Estados Unidos.

Así mismo, por haber sido el autor del escándalo de los pilotos del Cartel de Sinaloa que transportaron a Álvaro Uribe, Iván Duque y la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, en las campañas a la Presidencia y al Congreso de la República de 2018.

Me permito recordar, que Jennifer Arias es la novia del Ministro del Interior Daniel Palacios. El Ministerio del Interior, reitero, tiene adscrita la Unidad Nacional de Protección.

A partir de lo hasta aquí señalado, hago el siguiente cuestionamiento: ¿Si la UNP y la Unión Temporal creyeron que me fui del país sin avisar mi salida y regreso, por qué entonces la comunicación a la que aquí doy respuesta llegó a mi dirección electrónica hasta el 13 de julio de 2022 y no a partir del 9 de junio de 2022? Hay más de un mes de diferencia. Pregunto: ¿No será que hay un ocultamiento de información por parte de la Unión Temporal a la UNP, tendiendo a lo que señalé: intimidarme, acosarme y perjudicarme, buscando debilitar mi esquema.

3. Lo que me está pasando, es el mismo mecanismo que empleó el antiguo DAS para perseguir a los defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados y políticos de oposición, lo que es del todo grave y merece correctivos.

Es claro, que aprovechándose de los precarios salarios que se les pagan a los escoltas, sus superiores, como Aguilar Pinzón y Acosta Mora, terminan manipulándolos y amenazándolos con el argumento de que, al no presentar reportes negativos, espiar e interferir en la intimidad de los protegidos, como en mi caso, serán despedidos, lo que claramente hace necesario pensar en una carrera administrativa para escoltas que escape al querer de los contratistas del Estado, con claros conflictos de interés.

Todos estos reportes negativos en mi contra, que buscan dañar mi reputación como persona y periodista, también afectan mi dignidad, pero también me han disminuido moralmente y a nivel emocional y psicológico. De hecho, los reportes con los que ustedes me llaman mi atención constantemente, como al que doy respuesta, están encaminados a buscar mi desprotección, exponiéndome en mi vida e integridad, aún en mi salud, al pretender el retiro o la disminución de mi esquema de seguridad, mostrándome como si yo fuera una persona complicada, intransigente o rebelde, aun una persona que no requiere de protección, cuando en realidad soy una persona con inmensas cualidades y calidades humanas.

4. Bajo lo señalado en precedencia y en los argumentos que acabo de mencionar, es que siento, aún considero y entiendo, que la UNP se equivocó en contratar con la Unión temporal y en delegar a las personas que mencioné, y que claramente ejecutan conductas contrarias a ley, en el agravante que la UNP, como entidad pública, traga entero sin darme el beneficio de la duda, aun vulnerando el derecho de defensa y debido proceso (artículo 29 Superior).

5. A partir de lo anterior, la UNP deberá replantear, si la labor de la Unión Temporal es eficaz, eficiente, ponderada, honesta y justificada, o si tiene propósitos diferentes a la protección de los usuarios de la UNP (perseguir a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados y políticos de oposición). Personalmente creo que acá hay corrupción.

6. Reitero, como ya lo he anotado, en múltiples requerimientos, que:

-   Nunca he pido favores personales a los escoltas

-   Sí he transportado a terceros en la camioneta que se me ha asignado, entendiendo que ello es una cuestión enteramente normal y no expone mi seguridad o los protocolos de protección, en tanto por lo general, sin que sea frecuente, se trata de mis familiares, mi novia o amigos periodistas con los que comparto información, o, incluso, fuentes de información, o aun mis abogados, y también a mi perro, lo que si se analiza es objetivamente normal.

De cuando aquí, un esquema de seguridad me releva de tratar, con las dificultades que ello entraña, de continuar con una vida normal.

Puedo señalar y probar a la UNP, a la justicia colombiana, al actual director de la UNP y al que venga en el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que el contenido de los reportes que presentaron en mi contra los señores Héctor Mauricio León, Juan Carlos Sánchez Guardizo, Jhon Sepulveda y Duberney Campos son enteramente falsos, apócrifos, mentirosos, mendaces y malintencionados, reitero, motivados por el acoso de esa compañía UT Guardianes y de sus directivos frente a ellos. A contrario sensu, como en uno de las últimas respuestas a la UNP lo señalé, puedo probar que ellos a mí, sí me pidieron y me pedían favores de índole personal y económico.

Al suscrito, si me queda muy difícil andar respondiendo por las opiniones, manipulaciones, deducciones y conclusiones falsas que mandan a elaborar los señores Aguilar Pinzón y Acosta Mora (agentes indirectos del Estado), lo que he optado por hacer a través de mis apoderados, para de una vez por todas cesen y se acaben las conductas irregulares en mi contra por orden de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Asistir a una fiesta, donde por demás me reúno con fuentes para atender mis labores periodísticas, cumplir un compromiso personal, hacer las entrevistas laborales y transportar a mi perro, NO constituye ninguna irregularidad, NO vulnera la normatividad que me protege, máxime cuando ello lo hacen la mayoría de protegidos con sus mascotas. Lo defenderé siempre y no lo dejaré de hacer.

7. En lo que me compete como protegido, siempre los guardaespaldas han recibido un trato respetuoso de mi parte, sin perjuicio de anotar nuevamente que tengo la convicción que realmente ellos están siendo utilizados y manipulados para hacerme daño.

8. A raíz de mi situación específica, tengo información que pondré a disposición y a consideración de la Fiscalía General de la Nación, máxime cuando el 23 de febrero de 2022, un día después del atentado contra mi vida, ya hice algunas menciones bajo denuncia penal, las que ampliaré, en tanto no permitiré que esto se quede en simples correos escritos del suscrito periodista y en correspondencia cruzada que no ha implicado correctivos, advirtiendo que cualquier situación o atentado contra el suscrito o mi familia, como ya lo he señalado en constancias judiciales, deben ser atribuidas a los mencionados a los señores Aguilar Pinzón y Acosta Mora, como a todos y cada uno de los servidores públicos de la UNP que me han requerido de manera injustificada.

9. No adjunto documentos de inteligencia que prueban el actuar criminal de los señores Aguilar y Acosta, en tanto serán aportadas en ampliación de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por ende su trato tiene reserva como elementos materiales probatorios para la investigación judicial que denuncié desde el 23 de febrero de 2022.

10. Con esta comunicación no solo quiero manifestar de nuevo a la UNP, categóricamente, que el suscrito periodista no está haciendo mal uso de las medidas de protección, sino que por el contrario mi comportamiento, máxime cuando mi seguridad (vida e integridad) está de por medio, ha sido del todo razonado, racional, sujeto a legalidad, acorde con las normas constitucionales y legales que me protegen, al punto que el uso del servicio de protección sólo lo uso muy ocasionalmente, pues por lo general permanezco en mi casa realizando mi trabajo.

11. En cambio, como ya lo anoté, después de un atentado (22 de febrero de 2022), donde por demás se actuó en abuso de función pública por parte de funcionarios de la UNP (artículo 428, Código Penal), al conferirse facultades exclusivas y excluyentes del hecho denunciado en lo penal ante la Fiscalía General de la Nación (23 de febrero de 2022), donde se indicó que ese hecho fue un intento de hurto para justificar la desmejora de las medidas de protección en mi caso, sin que haya concluido la instrucción (Resolución No. 00004648 del 9 de junio de 2022, proferida por el Director General de la UNP), el servició frente a mi situación extrema de riesgo es del todo precario, no robusto y no acorde a los riesgos reales asociados a mi situación específica, desde todo punto de vista.

Baste con señalar, para ratificar lo expuesto:

-   Algunas veces el chip de la gasolina de la camioneta blindada no sirve.

-   Cuando el suscrito periodista solita desplazamiento, en algunas ocasiones no me responden ni siquiera para negarlo, otras veces, me lo han negado por un error de typeo, pero no con un argumento sólido, pero sobretodo avisan ya sobre el tiempo, cuando uno ha tenido que irse con el esquema.

12. Si bien, de manera respetuosa lo señaló, la UNP, aun entidades contratistas como la Unión Temporal, empresa Guardianes, pueden tener derecho a tener una opinión negativa del suscrito, pensar que soy de izquierda, cuando no lo soy, enemigo de las instituciones, eso no les da derecho a acosarme de esta forma, máxime cuando el grupo narco-paramilitar “Aguilar Negras”, grupos cibernéticos con nexos con narcotraficantes y delincuencia común y organizada, por mis investigaciones periodísticas, han querido hacerme daño, razón por la cual se adoptaron medidas extraordinarias, hoy extremas, sino que ahora los propios verdugos son las personas que ustedes delegaron para mi protección, repito. Es decir, como se dice popularmente pusieron al ratón a cuidar el queso.

13. Ahora bien es del todo grave, que ninguna de las quejas que yo he presentado de forma objetiva hayan sido de recibo por parte de la UNP, nunca se atienden, por el contrario para los funcionarios de la UNP lo que vale y tiene credibilidad es lo que reporta, reitero, de manera falsa, apócrifa, mentirosa, mendaz y malintencionada la UT (empresa Guardianes) sobre mí, sin darme el beneficio de la duda, violando debido proceso y derecho de defensa (artículo 29 Superior), en actos que por demás me implican por mi protección, siendo informado el suscrito mucho tiempo después de esos reportes que presentan mis escoltas. De hecho, la UNP actuó en omisiones claras, al estar llena de personal del extinto DAS, como atrás lo precise, y de cuotas políticas y burocráticas de los señores Daniel Palacios y Alfonso Campo, que se solidariza de cuerpo entero con los tipos que producen esa información de inteligencia ilegal sobre mí.

14. Vale anotar, y lo señalo con el corazón en la mano, ante esta cadena de acoso por parte de la UNP y de su contratista, que en el evento de que hubiese cometido una infracción, personalmente la corregiría de inmediato, no sólo porque soy consciente de mis obligaciones, especialmente sobre mi protección, sino porque soy ante todo una persona buena y con autocritica, con valores, pero lamentablemente, la UNP y sus servidores públicos no me dan a mí nunca el beneficio de la duda, aun de contradicción, como lo acredita la Resolución No. 00004648 del 9 de junio de 2022, y no son conscientes de que el mismo gobierno está empleando este mecanismo de acoso para no permitirme estar tranquilo y también justificar el retiro de las medidas de protección, bajo un esquema robusto de protección que siempre ha brillado por su ausencia.

15. Muy grave que en el piso 5 de la carrera 49D # 91-84 en Bogotá, esté toda la información de mi vida, tanto personal como profesional, y de las personas que hacen parte de mi entorno social y familiar, así como las fuentes de información que frecuento cumpliendo mi rol periodístico, de mi abogado principal Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra (Representante Legal de la Fundación La Nueva Prensa Colombia de la que soy fundador), de los lugares que frecuento y de la existencia e importancia que tiene en mi vida mi mascota pastor ovejero inglés.

16. Al justificar el retiro de las medidas, como se pretende, sé que existe un plan para asesinarme y ustedes, como gobierno (Unidad Nacional de Protección) son parte de esta operación ilegal que tendrán que parar a partir del nuevo gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto, que espero que combata toda está corrupción y componendas de empresarios de la seguridad como el señor Aguilar Pinzón, que se hace millonario mientras le paga una miseria a sus empleados (escoltas), que terminan prestándose para estas actividades ilegales, abusivas y convirtiendo un asunto tan delicado como la protección en un negocio.

17. Como será denunciado, la persecución y ensañamiento que ejecutan los señores Aguilar Pinzón y Acosta Mora, entre otros, no solo es en mi contra y tampoco de exclusividad de la Unión Temporal Guardianes, en tanto es un problema general de la UNP, cuyo director es Alfonso Campo.

Basta ver los reportes de los beneficiarios que se conocen a diario por las noticias y redes sociales, lo que habla del pésimo manejo que le han dado a la institución. No soy la única persona que padece estos crímenes.

18. A pesar de las condenas económicas contra el Estado colombiano por cuenta de las actividades criminales de los miembros del extinto DAS, de la verdad judicial de las condenas penales de tres secretarios de la Presidencia, dos directores del DAS, un director de la UIAF y distintos mandos medios del extinto organismo de inteligencia, me sorprende de sobremanera que la UNP como entidad sigan empleando estos mecanismos de acoso que no contribuyen en nada a la seguridad de una persona, sino que por el contrario muestran que el problema de corrupción no era de la entidad sino de la política de “seguridad” y de que existan personas con las conductas que ejercen los señores Aguilar Pinzón y Acosta Mora.

Con este escrito quiero manifestar y dejar constancia, que si algo me llega a suceder a mi integridad y/o vida, a mi familia, o a mi perro, como atrás lo mencioné, no solo será responsabilidad directa del gobierno colombiano del presidente Duque, de la UNP, sino a los señores José Luis Aguilar Pinzón y Camilo Andrés Acosta Mora, así como de los funcionarios de la UNP que por acción u omisión han facilitado el acoso y toda clase de vejámenes en mi contra.

Me parece importante citar una declaración del entonces director del DAS Felipe Muñoz del 4 de mayo de 2010 que dice: “Claudia Julieta Duque ha tenido una relación tormentosa y difícil con el DAS. Si se llegara a comprobar siquiera el uno por ciento de lo que dice del G3 contra ella, ahí merecería una disculpa”. Hace una semana el Consejo de Estado, en Sentencia arriba citada, le dio la razón.

Con respeto,

JULIAN FERNANDO MARTINEZ VALLEJO