En su primer discurso como presidente de Argentina el 10 de diciembre, Javier Milei dejó claro que implementaría cambios económicos y políticos radicales de inmediato. Indicó que las y los argentinos debían prepararse, ya que esta “terapia de choque” es un mal necesario que se debe soportar hasta que la economía mejore. Milei está recurriendo a un “megadecreto” para hacer avanzar su agenda, que socavará la democracia y los derechos humanos.

El 20 de diciembre, el presidente Milei presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (DNU), que contiene 366 artículos que desmantelan o modifican 73 leyes, eludiendo al Congreso en el proceso. El uso del DNU para impulsar la agenda económica y política de un presidente no tiene precedentes históricos.

Como el presidente Milei no tiene mayoría en el Congreso, se considera que esta medida elude el proceso democrático, incluyendo las negociaciones y el debate con la oposición. El uso del DNU consolida los temores de que el nuevo gobierno esté dispuesto a socavar la democracia e ignorar los debates para hacer avanzar su agenda.  

De ser promulgado, el DNU afectará la vida de las y los argentinos de manera radical. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el megadecreto es regresivo en términos de derechos laborales. Promueve la propiedad extranjera, ataca a los sindicatos y desregula numerosos sectores, incluyendo la energía, la sanidad y el sector inmobiliario. En lugar de ayudar a las y los consumidores, aumentará los márgenes de beneficio de 20 empresas que operan como oligarquías. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha presentado una demanda legal ante un tribunal federal contra el DNU de Milei. Argumentan que desconoce el principio democrático básico de separación de poderes, y suprime y restringe los derechos y garantías individuales y colectivos de sectores económicamente vulnerables de la sociedad. Como el decreto significaría una regresión en materia de varios derechos humanos, CELS afirma que va en contra del derecho internacional de los derechos humanos y de la Constitución argentina. CELS también afirma que el DNU solo debe ser utilizado en circunstancias excepcionales, cuando responde a una situación urgente que es incompatible con el calendario del Congreso.

Aparte del DNU, el presidente Milei devaluó inmediatamente el peso argentino y eliminó los controles de precios (lo que provocó que éstos se dispararan) y despidió a 5.000 empleados públicos. Otros planes anunciados incluyen el recorte de las subvenciones a los combustibles y el transporte que permiten trabajar a muchas y muchos argentinos, la disminución de los pagos de transferencias a los gobiernos provinciales por parte del gobierno central y la paralización de nuevos proyectos de infraestructuras.

Inmediatamente después de los cambios anunciados, las y los argentinos salieron a la calle para protestar contra las medidas de austeridad con cacerolazos (la práctica argentina de golpear cacerolas y sartenes en señal de protesta). El gobierno respondió con un nuevo protocolodestinado a regular las protestas. El protocolo otorga a las fuerzas federales la autoridad para desalojar sin orden judicial a quienes bloqueen las calles. La policía puede identificar por vídeo u otros medios digitales a los manifestantes que obstruyan la vía pública. Aunque Milei dice que permitirá las protestas, también ha amenazado con cortar las ayudas públicas a quienes bloqueen carreteras. Otras restricciones incluyen la prohibición de que las personas se cubran la cara y lleven palos a las protestas.

El 19 de diciembre de 2023, más de 1.700 organizaciones y 1.500 personas solicitaron a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actuaran contra el protocolo. Los firmantes argumentan que las medidas son inconstitucionales e “incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social.”

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina ha convocadoun paro a partir del 24 de enero. Entre el posible paro, las protestas y los desafíos jurídicos, está por verse cómo el presidente Milei afrontará la creciente presión.