La autoalabanza de algunos dirigentes colombianos  en el sentido de que han hecho mucho por el país y le han aportado soluciones a sus problemas no resiste el escrutinio de las comprobaciones. Lo que ellos presentan como grandes logros no pasa de ser una frágil pincelada de maquillaje demagógico. La llamada “Seguridad democrática”, por ejemplo, no pasa de ser un alarde para el engaño. ¿Cómo puede mostrarse una política de resultados positivos cuando se incurrió en la ejecución extrajudicial de 6.402 personas, indefensas, presentadas mediante engaño como abatidas en combate con la guerrilla? Eran colombianos atraídos con falsas promesas para finalmente asesinarlos y cobrar ese hecho como positivo balance en la lucha contra los alzados en armas. A eso hay que agregarle otros operativos de violencia a cargo de paramilitares con la complicidad de servidores públicos de diferentes instancias oficiales.

Otra mala puntada en el tejido nacional es la violencia recurrente, con asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, desmovilizados de las Farc, indígenas y ambientalistas. Un reciente informe de Naciones Unidas puntualiza los excesos represivos de la Fuerza Pública contra manifestantes en las protestas sociales de este año en el país con un saldo alto de muertos, lo cual contó con justificación del gobierno. También está el prominente entramado de la corrupción con tantos episodios punibles, como son, entre otros, el Cartel de la Toga, los negociados con la alimentación escolar, el enriquecimiento de algunos politiqueros metidos a docentes en universidades oficiales, los sobornos de Odebrech, el patrocinio de fraudes electorales,  las diferentes formas de robo a la salud con permisividad de los  altos heliotropos del poder.

Dos casos para tomar en cuenta en el descarrilamiento institucional: la contratación del Ministerio de las Tecnologías y la Comunicación con Centros Poblados, por lo que representó como defraudación a la nación y el plagio de la tesis de grado de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. Uno y otro han tenido, cuando menos, la indiferencia oficial, como aval de impunidad.

El Congreso de Colombia, que debiera liderar la honradez en los actos públicos, hundió con ausentismo de sus miembros el proyecto que introducía corrección al ocio remunerado de los mismos. Es la prueba de que cuenta más el interés particular que el beneficio general.

Pero la acumulación de malas puntadas, con las cuales se enreda ostensiblemente el tejido de la nación es de mayor densidad. Por donde se mire hay desatinos. El Estado Social de Derecho que dispone la Constitución no tiene vigencia, debido a la omisión de los gobernantes o servidores públicos de obrar conforme a la norma capital de la Carta Política.

No puede seguir Colombia en ese laberinto de desatinos y es prioritario que la nación sea gobernada por encima de las mezquindades de quienes tienen su manejo.

Puntada

La situación de seguridad de Cúcuta es de crisis. Y el Gobierno Nacional no puede seguir buscando el ahogado aguas arriba.

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