No podemos asegurar que con la partida del fraudulento subpresidente Iván Duque y la posesión del presidente del cambio, Gustavo Petro Urrego, la hegemonía del bipartidismo liberal-conservador y sus derivaciones de derecha y extrema derecha, iniciada desde la conformación del Frente Nacional, tocó a su fin. Es verdad que la supremacía de dicho frente, ejercida por el régimen corrupto y mafioso de Álvaro Uribe Vélez durante los últimos 25 años, sufrió una dura derrota política electoral que los obligó a salir, junto con sus cómplices, de la Cueva de Rolando en que habían convertido el Palacio de Nariño, además sufrieron la pérdida del control de las finanzas públicas y de la capacidad de adjudicar los mega contratos de obras y servicios estatales a sus amigos y financiadores, por consiguiente, dejarán de recibir las cuantiosas coimas correspondientes.
Es indudable que, sin excepción, los gobiernos anteriores son responsables de la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal, que significó el imperio del capital financiero nacional e internacional, la enajenación de la soberanía nacional, la deuda externa que crece exponencialmente y se ha tornado impagable, el déficit fiscal, la entrega de los servicios públicos (educación, salud, agua potable, energía eléctrica, saneamiento ambiental, etc.) al lucro privado, la desregulación laboral, el despojo de derechos sociales, de seguridad social en salud, estabilidad en el trabajo, pensión digna, derechos sindicales, y de negociación colectiva etc. de la clase trabajadora. Así como, de la informalidad en que vive el 60% de trabajadores/as, los TLC, la destrucción de la industria nacional, el desempleo, los salarios y los contratos laborales precarios, la judicialización y la represión violenta de la protesta social, la persecución, encarcelamiento y/o asesinato y desaparición forzada de líderes, lideresas sociales, políticos, sindicales, defensores/as de los derechos humanos, ambientalistas, campesinos, afrocolombianos, feministas, de juventudes, LGBTIQ+, exterminio de las comunidades indígenas, entre muchas otras tropelías.
Métodos y prácticas execrables que llevaron a las mayorías de nuestro pueblo al hambre, la extrema pobreza, la miseria, la muerte de niños y niñas por desnutrición, el analfabetismo, la marginalidad y la exclusión, despojadas del supremo derecho a crecer y vivir en dignidad y de toda posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos, sus libertades civiles y participar en política.
Todos esos gobiernos, son responsables del surgimiento de las guerrillas y la prolongación del conflicto armado por más de seis décadas; así como, de la creación, entrenamiento y apertrechamiento de las bandas paramilitares; además, de la degradación de las fuerzas armadas, responsables de crímenes de lesa humanidad, como el de los más de 6.400 jóvenes inocentes que no eran guerrilleros, fue realmente un genocidio, perpetrado para simular “bajas en combate” con las guerrillas, que simulaban supuestos avances en la guerra contra dichos grupos.
Son responsables, además, de que las mafias del narcotráfico y los poderosos capitales nacionales y extranjeros, hayan pervertido el ejercicio de la política, no solo en un instrumento de control y de poder, sino en arma de un poderoso aparato criminal para perpetuar su dominación, mediante el sometimiento de todas las ramas del poder público, Congreso de la República, organismos de control (Contraloría, Fiscalía, Procuraduría), de la Fuerzas Armadas, etc., que les ha permitido construir un entramado de corrupción, clientelismo, saqueo de las arcas públicas, adjudicar mega contratos a sus financiadores y cómplices, conformar poderosos clanes familiares regionales que controlan las finanzas públicas en los entes territoriales y la política, mediante clientelismo, compra de votos y constreñimiento al electorado para elegirse como alcaldes y gobernadores y elegir congresistas y presidente de la República. Delitos que permanecen en la absoluta impunidad.
Ejercicios de politiquería y abuso de poder, apalancados por los medios de comunicación masiva de los poderosos grupos económicos, convertidos en sus altavoces para desarrollar campañas mediáticas de calumnias, difamaciones, linchamiento moral, señalamientos, justificaciones de atropellos y acciones brutales de la fuerza pública. Prácticas inmorales que marcan la política de muerte que han ejercido poderosas minorías gobernantes para sojuzgar a las clases populares, empobrecidas y racializadas de Colombia.
No hay duda de que los partidos y las mafias que han gobernado a Colombia desde siempre, han ejercido el poder a sangre y fuego y mediante métodos fraudulentos, violentos, antidemocráticos y represivos, para cumplir con la misión de favorecer intereses, privilegios y fortunas de los verdaderos dueños del país. Pero, el gobierno del subpresidente Duque y su “presidente eterno” será registrado como el mas corrupto y el mas inepto de la historia. Los hechos así lo corroboran, enumeraremos solo algunos:
1.Su elección fue producto del fraude electoral y la compra de votos con dineros aportados por narcotraficantes como el Ñeñe Hernández y Marquitos Figueroa y, de los clanes Char y Gerlein del departamento del Atlántico. La investigación quedó refundida en los anaqueles de la fiscalía y de la infausta Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
2. Hizo trizas los acuerdos de paz con las Farc y ferió los recursos para aclimatarla, entre sus amigos y cómplices. Los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, denunciaron el manejo corrupto del fondo de $5.2 billones provenientes de las regalías petroleras, destinadas a reparar los 170 municipios más pobres y afectados por la guerra, para favorecer a los 6 millones de habitantes más empobrecidos de Colombia. Desde el comité llamado OCAD-PAZ conformado por miembros del gobierno nacional, del DNP, la contraloría, los departamentos y los municipios, cuyos alcaldes deberían presentarle sus proyectos de Agua potable, vías, energía etc., el comité supuestamente los aprobaba; pero, sus miembros se dedicaron a cobrar coimas hasta del 12% por proyecto aprobado, cuyo monto sobrepasó los $500.000 millones. El fraudulento subpresidente, negó la existencia de evidencias sobre este cuantioso tumbe, no hubo proyectos y los recursos se esfumaron. El Contralor Felipe Córdoba, la procuradora Margarita Cabello y el Fiscal Barbosa, hicieron mutis por el foro. Funcionarias y funcionarios de tres ministerios formaban parte de la red de corrupción del senador Mario Castaño y, presuntamente, la señora madre del subpresidente resultaría implicada en estos entramados de corrupción.
3. No giró los dineros recaudados para el fondo de estabilización del precio de los combustibles y creó un hueco fiscal de cerca de 40 billones de pesos; el fondo quedó vacío y el nuevo gobierno se vería obligado a cubrirlo con recursos públicos o a eliminar el subsidio a la gasolina, lo cual duplicaría su precio y dispararía la inflación. El gobierno debe exigir a los organismos de control rigurosa investigación que permita debelar el destino de esos cuantiosos recursos aportados por los usuarios de dichos combustibles.
4. Con el pretexto de atender los efectos de la pandemia, dejó al país con una deuda externa de US$176.000 millones de dólares, la más grande de la historia, equivalente a más del 60% del PIB, al respecto, la Comisión de Empalme declaró que “el endeudamiento del país es crítico”. Igualmente, dejó el déficit fiscal más alto de la historia, $83 billones equivalentes al 6.8% del PIB. Deuda y déficit, producto de la práctica putrefacta del gobierno que recurrió al endeudamiento para beneficiar a los gremios económicos, tapar el hueco fiscal e irónicamente, pagar los intereses de esta descomunal deuda. Agréguese la práctica corrupta de llenar de exenciones tributarias a las grandes empresas, que anualmente dejan de pagar al fisco nacional más de $60 billones, además de la evasión y la elusión de los más ricos del país, por donde se esfuman cada año $80 billones o más, que debieran haber ingresado a las arcas públicas.
La reforma tributaria para recabar $50 billones, anunciada en la campaña del Señor presidente, reducida a $25.9 billones y presentada al congreso con el propósito de redimir la pobreza, eliminar los privilegios y los delitos tributarios de las minorías pudientes del país, resultará insuficiente; con el agravante de que el 50% de esta será destinado al pago de los intereses de la impagable deuda externa y, el resto, para reducir el déficit fiscal a los niveles exigidos por la OCDE y la banca multilateral. El estado en que el inepto subpresidente ha dejado a la nación es preocupante y los pobres, que carecen de los corrompidos privilegios de los ricos, tendrán que volver a apretarse el cinturón y recibir las migajas que sigan cayendo de la mesa de los milmillonarios. O, tendrán que recurrir al sagrado derecho de la protesta social y la movilización para presionar al gobierno y al congreso por la adopción de las reformas democráticas prometidas y requeridas para el cambio anunciado.
5. Otras prácticas deleznables de la estela de corrupción que dejó el subpresidente Duque, son los Contratos por 2.4 billones otorgados al clan de los Char, las empresas Éticos, Serrano Gómez, Audi drogas y Productos Hospitalarios S.A, para proveer medicamentos en los próximos tres años a hospitales públicos, la policía y el ejército nacional, en 13 departamentos, los sobrecostos en la reconstrucción de la Isla de Providencia, arrasada por el huracán IOTA, viviendas de 615 a 711 millones de pesos, iguales a las casas que Ardila Lule y Postobón donaron a San Andrés a un costo de 90 millones de pesos, los 17 convenios inter administrativos, firmados en solo tres días, por más de 135.000 millones de pesos para construir estaciones de policía, que hacen parte de las 52 que habían sido aprobadas días antes por el comité evaluador de Foncecom por un monto superior a $500.000 millones.
6. Por si fuera poco, dejó al ICBF en estado de grave crisis financiera de más de $470.000 millones que no aparecen, no hizo provisiones necesarias, en el proyecto de presupuesto 2023, para subsanar faltante,. No hay dinero suficiente para cubrir gastos de atención a la primera infancia 600.000 niños y más de un millón de niños en servicios integrales. El subpresidente realizó su propia feria de notarías, 17 de sus amigotes y financiadores fueron nombrados a dedo como notarios, previamente había eliminado por decreto los derechos de preferencia y de carrera de los notarios en ejercicio. Además, otorgó esquemas de seguridad vitalicia, camionetas blindadas, escoltas y pasaportes diplomáticos para sus amigos y familiares, cada esquema puede costar entre $30 y $100 millones, por los años de vida que le quedan a cada personaje. Y de ñapa, dejó 24 billones aprobados en 17 documentos CONPES, que comprometen recursos de vigencias futuras y presupuesto, además de 13.3 billones para supuestamente atender la población migrante venezolana. Documentos que ponen en entredicho el plan de desarrollo del gobierno Petro y sus prioridades.
La corrupción fue derrotada electoralmente, pero la culebra sigue viva, en las mayorías del congreso aliados y opositores del gobierno, que no vacilarán en asociarse en la oportunidad que tengan de colocar tropiezos a las reformas que se propongan desde el gobierno y su bancada del Pacto Histórico. Superar las secuelas de la centenaria hegemonía de las mafias dominantes y su política de muerte, llevará décadas y exigirá grandes luchas de resistencia civil y civilizada de largo aliento, para eliminarla y avanzar en el proceso de construcción de una nueva cultura política democrática, basada en profundas reformas económicas, políticas, educativas, judiciales, etc., en el contexto de una paz duradera.
El nuevo gobierno, que llegó cargado de promesas y propuestas de cambios históricos y cuenta con un amplio respaldo del pueblo colombiano, tendrá que lidiar con el pesado fardo de la herencia maldita que nos dejaron, el inepto subpresidente y su “presidente eterno”, para hacer realidad el cambio respaldado en las urnas y en la movilización popular.
Bogotá, septiembre 14 de 2022.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia
