Para la gente que ya no le come cuento a Uribe, el amañado show montado en una de sus haciendas para ser escuchado, bajo libreto y reglas de juego impuestas por él, por la Comisión de la Verdad al cual asistieron su presidente Francisco de Roux y dos integrantes de la misma, Lucía González y Leyner Palacios, fue un cuidadoso montaje mediático para su relanzamiento político, con la pretensión de remontar su estruendosa caída en las encuestas, la altísima impopularidad de su vicepresidente y su ruinoso desprestigio político y el de la bancada de su “Centro Democrático” que más parece un aparato criminal comprometido con la corrupción, las alianzas mafiosas y las bandas paramilitares, resultó menos efectivo de lo previsto por él y sus corifeos mediáticos.
En la escena, cuidadosamente preparada, el jefe de la banda aparece como el actor principal y los voceros de la CEV como actores secundarios, no hubo diálogo sino un monólogo en el cual el cual, después de haber dejado claro que no reconocía la legitimidad de los acuerdos de la Habana, ni de la Comisión de la verdad por ser producto de dichos acuerdos, se dedicó a defender como legítimas todas sus actuaciones como gobernador de Antioquia, presidente de la República y senador. Puso de presente su desprecio por la justicia, quiso sepultar la verdad, con mentiras y tergiversaciones sobre sus vínculos con los carteles del narcotráfico, la corrupción, el terrorismo de estado, la responsabilidad sobre la creación de las bandas paramilitares,, el bloque metro, los doce apóstoles, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, periodistas, docentes, intelectuales y contradictores políticos, el despojo de tierras a campesinos y la venta de los mismos a su primo Mario Uribe y la Fedegan de José Félix Lafaurie, por módicas sumas de $8.000 por hectárea, según lo ha declarado Salvatore Mancuso, el exterminio de indígenas, las masacres y el genocidio, las desapariciones forzadas, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, en fin, las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, así como de la constitución y la ley a lo largo de 25 años de su inmoral ejercicio del poder.
Ni siquiera asumió la responsabilidad política sobre el genocidio de miles de jóvenes civiles, crímenes atroces mal llamados falsos positivos, ordenados por generales como Montoya y Rito Alejo del Rio, sus héroes favoritos, y ejecutados por oficiales jefes de brigadas y batallones, todos ellos sometidos a su mandato de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tampoco reconoció que durante sus gobiernos se utilizaron los aparatos de inteligencia para perfilar y perseguir intelectuales críticos, opositores políticos, líderes y lideresas sociales, sindicalistas y defensores de los Derechos humanos. Para el exmandatario, durante sus periodos de gobierno nunca se presentó la alianza y las operaciones conjuntas entre militares y paramilitares. El señor Uribe, está convencido de que puede seguir engañando a la inmensa mayoría ciudadana con sus mentiras sobre sus gobiernos que, a no dudarlo, han sido los más violentos y corruptos de la historia.
El otro propósito de su puesta en escena, fue la presentación de su oferta de amnistía general para los, autores de crímenes atroces, de lesa humanidad, masacres, el genocidio de miles de jóvenes inocentes (hasta hoy 6.402 registrados por la JEP, políticos y exministros comprometidos con el paramilitarismo, los terceros intervinientes en la financiación de bandas paramilitares y en el despojo de tierras; es decir, sus cómplices e integrantes de su aparato criminal de poder, que hoy están condenados unos y judicializados otros, o que lograron ser excluidos de sometimiento a la justicia transicional. Su propuesta, pretende también excluir a los miembros de las fuerzas armadas, comprometidos en la comisión de tales crímenes a la Jurisdicción Especial para la Paz (J E P).
Esta proposición devela el alto grado de cinismo, desfachatez e inmoralidad del jefe de la mafia en el poder, se trata de una oferta indigna e inaceptable, una propuesta de borrón y cuenta nueva, un pacto para que nadie pague por los crímenes atroces y de lesa humanidad. De ser adoptada, sería la reedición de los acuerdos previos a la conformación del Frente Nacional, alianza bipartidista en la que se auto decretaron perdón y olvido, arrojaron sus crímenes al sótano de la historia y todo quedaron felices y gozando de absoluta impunidad. Con su promesa de impunidad, el expresidiario ratifica que no reconoce los acuerdos de Paz de La Habana, ni los firmados en el teatro Colón y se fortalece como un encarnizado enemigo de la paz y de la justicia transicional. Es claramente un atentado contra los acuerdos de paz, que pretende además deslegitimar el trabajo de la JEP, a la cual acusa, sin sonrojarse, de producir impunidad.
Se trata de una promesa de amnistía general sin condiciones, que el patrón envía a sus buenos muchachos, que no los dejará a merced de la justicia y que los sacará indemnes e impunes de los procesos en que están incursos por los delitos cometidos bajo el manto de su mandato. Dicha amnistía tiene nombres propios, entre muchos otros, el del mismo Uribe en primer lugar, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, ex directores del DAS, Luis Carlos Restrepo prófugo de la justicia y exconsejero de paz, Fernando Londoño, exministro del Interior, Rafael Nieto y Oscar Iván Zuluaga, excandidatos presidenciales, Luis Camilo Osorio, exfiscal, exministros Andrés Felipe Arias, Diego Palacios y Sabas Pretelt de la Vega, su primo Mario Uribe y decenas de parlamentarios, José Miguel Narváez, ordenador del asesinato de Jaime Garzón e ideólogo de las AUC, los generales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago, exjefes de seguridad del expresidente y condenados a prisión en EE.UU por narcotráfico.
Además, los generales Mario Montoya, investigado por 1.110 falsos positivos e imputado por la JEP por 114 crímenes hasta ahora comprobados, Flavio Buitrago y Rito Alejo del Rio, por la misma causa; amén de por lo menos 16 generales más y centenares de oficiales, desde coroneles y mayores hasta teniente y subtenientes. No se sabe cuántos exgobernadores, diputados, alcaldes y concejales, comprometidos con este fenómeno macro criminal, así calificado por la Corte Suprema de Justicia, auspiciado por el sociópata en jefe que ocupó por ocho años la silla presidencial y la sigue ocupando en el cuerpo ajeno del subpresidente Duque. Todo indica que, si los protegidos no guardan silencio, probablemente se convertirán en buenos muertos, como es su costumbre.
No se trató de una simple propuesta, porque el empecinado patrón del mal ya redactó el proyecto de amnistía y la envió a consideración de su bancada en el Congreso y seguramente presionará a las bancadas de las demás facciones del partido del orden que sostienen el régimen autoritario dominante. Bancadas que cuentan entre sus filas parapolíticos y delincuentes condenados unos y judicializados otros por toda clase de delitos, que también saldrían beneficiados de esta oferta de impunidad que, de ser aprobada, echaría por tierra, no solo los acuerdos de paz, sino todo lo actuado por la JEP y la Comisión de la Verdad. Millones de víctimas causadas y las que siguen cayendo por acción de sus grupos criminales, sus águilas negras, sus autodefensas gaitanistas, sus rastrojos, sus aliados mafiosos y narcotraficantes, seguirán esperando en vano la paz, la verdad, la justicia la reparación y la no repetición. Será el as bajo la manga de la garantía eterna de impunidad generalizada para que todo siga igual y continúen gobernando las mafias de siempre.
Sin embargo, una ley de tal indignidad chocaría contra lo dispuesto por la Justicia internacional, el Estatuto de Roma, que no admite una amnistía sin verdad, sin justicia, sin reparación y promesa de no repetición, ni permite amnistía para delitos de lesa humanidad, que son casi todos los cometidos por su criminal aparato de poder que ha sojuzgado la democracia y la paz a lo largo de estos 25 años de su hegemonía autoritaria. Esta ley sería de auto salvación de Uribe y de sus cómplices que dejará como único camino el recurso ante la Corte Penal Internacional, para no permitir que tales atrocidades queden en la más absoluta impunidad.
Se equivoca el precandidato presidencial Gustavo Petro al tenderle la mano receptora a esta propuesta envenenada de amnistía con impunidad. Al expresidente Uribe la cae como anillo al dedo este sabio adagio popular: “El mono, aunque se vista de seda, mono siempre se queda” y esta caracterización de su momento político: “El presente de Uribe es su pasado, pero no tiene futuro, y él lo sabe muy bien. Por eso hace lo hace, dice lo que dice y calla lo que calla” (Maureen Maya. Revista Sur)
*miembro de la Red Socialista Nacional
Bogotá, septiembre 8 de 2021.