A quince días del inicio del movimiento social que se ha visto opacado por la represión que sumió a Colombia en el caos, la ONG Temblores, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad, la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, junto al senador Iván Cepeda Castro, enviaron el pasado jueves 13 de mayo a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Secretaría de las Naciones Unidas, un informe completo y estructurado de un centenar de páginas, con el fin de denunciar posibles crímenes de lesa humanidad por parte de la fuerza pública y estatal.
“No se trata de hechos aislados, de policías que se han desviado, sino de un patrón de violencia estatal que se repite en todo el territorio, de un comportamiento institucional. No solo están sucediendo estos hechos, hay una intención. Están planeados ”, dijo el senador Iván Cepeda al diario francés Le Parisien.
Homicidios, torturas, privaciones arbitrarias de la libertad, violencia sexual y desapariciones forzadas: a lo largo de las páginas, la información recopilada es dificil de procesar. “En esta etapa, se ha alcanzado el umbral de prueba necesario para poder denunciar crímenes de lesa humanidad por parte de miembros de la Policía Nacional, bajo la responsabilidad de su más alta jerarquía; es decir, el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, y el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, porque no hicieron nada para ponerle fin”, aseguró Iván Cepeda al diario Le Parisien.
En la mira del senador y de las organizaciones se encuentra también el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, quien, según Cepeda es "uno de los principales instigadores de estos crímenes", así como lo señalan, a su vez, cientos de consignas y pancartas que han expuesto durante los últimos quince días los manifestantes en las distintas ciudades del país.
María, asfixiada por gases lacrimógenos que el ESMAD lanzó dentro de su vivienda
Durante las protestas y la represión se ha presentado el uso de todo tipo de armas por parte de la fuerza publica contra la población civil y múltiples testimonios aseguran que se han presentado amenazas a misiones de defensa de derechos humanos, manifestantes, e incluso a miembros del personal médico en el cumplimiento de su labor.
Ante esto, las ONGs han intentado dar seguimiento a las cifras de muertos y heridos. Sin embargo, las distorsiones constantes sobre las cifras oficiales, han hecho complicada la labor para esclarecerlas. Fue por medio de las redes sociales donde aparecieron los videos de los primeros civiles asesinados; algunos perdieron la vida bajo las balas de la policía, de manera inmediata, mientras que otros la perdieron después de varios días de coma.
En el informe enviado a la CPI se encuentra una extensa lista de nombres de quienes se relatan sus últimas horas de vida. Tal como la historia de Jeisson García de 13 años de edad, Marcelo Agredo de 17, Miguel Angel Pinto de 23.... además de otras historias como la de María Jovita Osorio, de 73 años, asfixiada dentro de su propio domicilio en Cali por gases lacrimógenos que fueron dispersados en gran cantidad y en espacios cerrados por las fuerzas antidisturbios (ESMAD); al igual que Jesús Flórez, de 86 años, que murió de un paro cardiaco en las mismas condiciones, en su casa, invadida por gas, en La Virginia (Risaralda).
Asimismo y aunque la posibilidad de las balas perdidas siempre esta presente, la mayoría de los relatos mencionan disparos directos a las personas heridas, varias de las cuales no pudieron ser rescatadas, tal como es el caso de Brayan Fernando Niño, de 24 años, quien fue baleado en un ojo en el municipio de Madrid (Cundinamarca) por parte del ESMAD, y quien logró subir a una motocicleta, pero el conductor que lo llevaba fue detenido por los gases. Brayan fue posteriormente subido en la parte trasera de una segunda motocicleta; sin embargo, al momento de su llegada al hospital fue delcarado muerto.
Dylan: arrollado por una tanqueta antidisturbios
Igualmente, se encuentran historias como la de Santiago Andrés Murillo, de 19 años, asesinado de un balazo en el pecho por parte de la policía el 1 de mayo, en Ibagué (Tolima); Dylan Barbosa, atropellado por un tanque de la fuerza antidisturbios el 7 de mayo, en Bogotá. José Emilson Ambulia, asesinado en el momento en que regresaba a su casa y la policía abrió fuego contra varios manifestantes en el sector de Siloé, en Cali (Valle del Cauca); Héctor Fabio Morales, quien recibió 5 impactos de bala luego de manifestarse en Pereira (Risaralda). En algunos casos, en medio de tanta confusion, aún se están verificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estas muertes, dadas las confusiones derivadas del fuego abierto por civiles armados que, según se evidencia en los videos que circulan en redes sociales, trabajaban de manera mancomunada con agentes de la policía nacional.
Al mismo tiempo, Camilo, detenido por la policía durante el primer día del Paro Nacional cuando cruzaba el puente para regresar a su casa en Soacha, recibió un disparo en la mandíbula. Daniel, quien está tratando de recuperarse de múltiples conmociones cerebrales provocadas por la policía en la ciudad de Popayán. Heridas faciales, traumatismos en la cabeza, jóvenes desfigurados: “Basta mirar la naturaleza de las lesiones y las circunstancias de los homicidios para comprender que no se trata de errores de juicio, de accidentes, sino de una forma de proceder, de una sistematización. Es el mismo tipo de conducta, en todo el país, según un patrón de acción ”, aseguró a Le Paresien el senador Ivan Cepeda.
Daniel, Cristian, Mauricio, Leidy, Nicol, la lista sigue aumentando... Y todos esos jóvenes, muchos mutilados para siempre, muertos a tiros por balas de fuego, de goma u otras armas no letales.
La fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, también conocerá los casos de detenciones arbitrarias, abusos y violencia sexual cometidas por parte de la fuerza pública en el marco de dichas detenciones, y de las cuales dan cuenta distintos videos tomados con los celulares de las víctimas: golpes y violencia desproporcionada, detenciones ilegales, desnudez forzada, humillaciones y violencia sexual, entre otros: Jessica luchó en el momento de su arresto hasta que perdió el conocimiento, recuperandolo en un lugar diferente, con la ropa desgarrada y signos de agresión sexual. Katherine, abordada por dos policías en moto quienes la obligaron a subir a una camioneta donde la golpearon. Allison Meléndez, de 17 años, arrestada por la policía en Popayán, al margen de la protesta, y quien bien puede convertirse en un símbolo, ya que varias organizaciones sociales junto al senador por el Polo Democrático (izquierda) Wilson Arias, aseguran que la joven se habría quitado la vida pocas horas después de su liberación, luego de haber denunciado abusos sexuales por parte de 4 miembros de la policía antidisturbios, siendo ella misma hija de un policia.
Y todo esto, sin contar las cientos de desapariciones reportadas y de las que aún no se sabe nada.
Así detenía ayer el ESMAD a una joven en Popayán. Ella misma denunció ser víctima de violencia sexual por quienes la detuvieron; hoy ella se suicidó. ¡Qué respondan los abusadores! #ParoNacional13M #NiUnaMenos pic.twitter.com/rxoNlrjNnV
— Wilson Arias (@wilsonariasc) May 14, 2021
El informe enviado a la CPI también solicita revisar las declaraciones de autoridades locales que hacen parte del partido de gobierno, que llaman a la población civil a armarse contra los manifestantes, "lo que envía un fuerte mensaje social de que la violencia institucional es tolerada, lo que a su vez puede generar más violencia" segun Cepeda. Tal como fue el caso del tuit de Álvaro Uribe: "Apoyar el derecho de soldados y policías a utilizar su armas para defender su integridad y defender a las personas y los bienes de la acción criminal de terrorismo o vandalismo”, publicado dos días después de las primeras manifestaciones que comenzaron el 28 de abril y que juntó en las calles a cerca de 3 millones de personas en 600 ciudades y municipios de todo el país, lo que fue evidenciado en las imágenes y videos que circularon en redes sociales y que fueron posteriormente eliminados de las mismas. La denuncia de censura por parte de los manifestantes que han utilizado las redes sociales como medio de difusión de las violaciones a DDHH que se están perpetrando en las calles, es reiterada desde las distintas ciudades.
“No solo no hubo una declaración clara del presidente Duque para condenar y acabar con esta violencia institucional. Si no tambien, ha habido una estigmatización reiterada de los manifestantes, en particular del ex presidente Uribe ”, continúa Cepeda. Lo que hace que surja la pregunta: ¿es por eso que la Guardia indígena fue agredida por civiles armados a su llegada a Cali el 9 de mayo, frente a la policía que no hizo nada para evitarlo?.
Por su parte el ministro de Defensa, Diego Molano, no se ha pronunciado sobre los casos de violencia policial, pero, como el resto del gobierno, insiste en "un plan premeditado y sistemático" de organizaciones criminales infiltradas.
En Cali hay un plan premeditado y sistemático de organizaciones criminales como el ELN. Recientes capturas como las de alias ‘Lerma’ y ‘Jacobo’ de ese grupo, dejan al descubierto su injerencia en actos vandálicos. Colombia tiene que unirse para rechazar esa violencia y bloqueos. pic.twitter.com/QqGPTZ2Cgn
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 13, 2021
Por otro lado, en respuesta a la presión ejercida por el paro indefinido establecido en distintas ciudades del país, el gobierno ha manifestado el retiro de la Reforma Tributaria – elemento detonante de las recientes manifestaciones – lo que obligó, a su vez, la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La segunda renuncia, en el marco de la peor crisis de la historia reciente del Estado colombiano, la canciller Claudia Blum tiró la toalla mediante una carta de renuncia enviada el 11 de mayo y que se hizo pública el pasado jueves 13.
Por su parte, Viviane Morales Hoyos, embajadora de Colombia en Francia, en una carta dirigida al diario Le Parisien, estimó con respecto al movimiento social que “el gobierno nacional ha implementado políticas encaminadas a apoyar y dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables y mantener la productividad del país.” citando entre otras cosas “la ampliación de la renta solidaria que beneficia a más de 3,4 millones de hogares o el reembolso del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables ”. En referencia a las condiciones en las que se desarrollan las manifestaciones, subrayó "los actos vandálicos y violentos que condujeron a la destrucción de la propiedad pública y privada" y el "rechazo a cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de cualquier autoridad pública". Asimismo, la Embajadora señaló al diario Le Parisien que "instituciones independientes como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo realizan labores encaminadas a proteger los derechos de la población" y que "el gobierno nacional que preside el señor Iván Duque siempre ha estado abierto a encontrar soluciones y dar respuestas en el marco de nuestras instituciones democráticas."
"Estos órganos de control no son independientes"
Finalmente, estos argumentos son dejados a un lado por el senador Iván Cepeda, quien aseguró, sin mucha confianza en la continuación de las investigaciones por parte de los Órganos encargados, “Creo que estos órganos no son independientes, están encabezados por personas cercanas al Presidente. Hay investigaciones sobre algunos asesinatos y algunos miembros de la rasos de la policía, sin comprometer ni considerar en éstas a los altos mandos del Aparato. "
“La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe acabar con la impunidad en la que se dan estos crímenes en mi país. Y es precisamente por la ausencia de procesos reales que creemos que se debe activar el sistema complementario de la CPI ”, agregó el Senador. Por eso, junto con las ONGs signatarias, pide a este tribunal que estudie la información a detalle del informe entregado.
Artículo publicado originalmente por la autora en francés para el diario Le Parisien. Puede ser consultado en https://www.leparisien.fr/international/ivan-cepeda-la-cour-penale-internationale-et-lonu-doivent-arreter-la-violence-planifiee-de-letat-colombien-14-05-2021-PKEAP5SIRFHHPFHFPVPMNRE7KQ.php
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