Hasta hace algunos años, la gente se enteraba poco y mal de los delitos de las dirigencias políticas de partidos o facciones. Podían mentir, robar, matar o mandar a matar, más o menos, impunemente.

Aún hoy, algunas de las personas que las integran pretenden seguir delinquiendo y que nadie diga nada. Están convencidas de que tienen un incuestionable derecho a violar la Ley y a no ser molestadas. Para hacer efectivo ese supuesto derecho al pillaje, Duque y su gobierno han entregado los entes de control (Procuraduría, Fiscalía, Contraloría) a gente que jamás investigará a esos bandidos.

Pero hoy la ciudadanía está más y mejor informada sobre las tropelías que ocurren en todas las instancias estatales. Ahora, cualquier persona que tenga ganas de saber se entera de los delitos cometidos por funcionarios o políticos en asocio con empresarios privados y con delincuentes profesionales. Esos delitos, caras y nombres propios corren por las redes sociales y por medios de comunicación que no están al servicio de la banda delincuencial que nos gobierna. Y, a veces, esas verdades se cuelan hasta en RCN y Caracol.

Se sabe con exactitud, por ejemplo, quién es el responsable político de la ejecución de al menos 6.402 civiles, sobre todo jóvenes, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Se conocen los nombres propios de los altos mandos militares que dieron las órdenes operativas en cuyo cumplimiento se ejecutaron esos asesinatos.

También se identifica con exactitud quién era presidente de la República cuando se eliminó la mesada 14, que servía como prima para algunas personas ya pensionadas. Y cuáles gremios y personas se beneficiaron con los desplazamientos forzados de campesinos, provocados mediante la acción de grupos paramilitares.

Igualmente, se sabe cuáles son los hoy candidatos presidenciales que han gobernado departamentos y ciudades con el apoyo de oficinas de sicarios y al servicio de las bandas de narcotraficantes.

Nos hemos enterado de que muchos funcionarios del gobierno Duque y de su partido tienen cercanas relaciones comerciales y políticas con delincuentes peligrosos como el recién fugado Matamba, de quien el diario conservador El Colombiano dijo: “Matamba era el máximo jefe de una filial del Clan del Golfo conocida como La Cordillera Sur, que operaba en el Pacífico nariñense, tendría nexos con el Cartel de Sinaloa y, según la Fiscalía, habría extendido sus tentáculos dentro del Ejército: tenía una nómina criminal integrada por 15 militares activos y en retiro, entre los cuales estaban el coronel Róbinson González del Río y el general (r) Leonardo Barrera, también señalado con el alias de ‘El Padrino’”.

En la misma proporción que ha aumentado y mejorado nuestra información acerca de esos actos criminales y de quiénes los perpetran, ha crecido la capacidad de sanción social.

El resultado de las elecciones del pasado 13 de marzo es parte de la sanción que la sociedad le está imponiendo a los partidos y candidatos que más involucrados han estado en actos de corrupción, asesinatos y relaciones con el narcotráfico. Los que han llevado la peor parte de esta sanción electoral han sido, por supuesto, el partido de gobierno y su jefe natural —omnímodo y vitalicio—, quien ha llamado a desconocer su apabullante derrota.

Molesto, vencido y asustado como está, Uribe intenta romper el orden constitucional y ganar, mediante amenazas y trampas, lo que no ganó en las urnas. Como en el caso de los 6.402 civiles asesinados, él da la orden y otro funcionario –abyecto y temeroso– la cumple: el registrador Alexánder Vega Rocha, quien anunció que solicitaría al Consejo Nacional Electoral que ordene el reconteo general de votos al Senado. El presidente Duque, sumiso también, dijo que él haría lo mismo.

Ni ellos, ni nadie, está facultado para hacer tal solicitud. Y, como todo se sabe y ningún partido quiere atar su suerte a la de estos perdedores, “en la Comisión Nacional de Garantías Electorales se tomó la decisión de no adelantar esa propuesta por considerarla inviable y peligrosa para la democracia colombiana”, tal como informó la revista Semana. 

La sanción social y electoral al uribismo puede llegarles a sus candidatos presidenciales, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, porque también se sabe que ellos dos son de la misma línea, del mismo pensamiento neoliberal, del mismo uribismo solapado, de la misma oficina… de Envigado. Son Gutiérrez y Compañía.

*Profesor universitario, experto en justicia comunitaria y resolución de conflictos.

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