Al contrario del gobierno saliente, que tuvo un personaje agresivo y liberticida en el mindefensa Diego Molano, quien es responsable, junto con su jefe Iván Duque, de la militarización de la vida nacional, con su cortejo de masacres, bombardeos y violencia, el nuevo gobierno nombró al jurista Iván Velásquez, designación audaz y sensata por las altas calidades del nuevo ministro. Esto, en correspondencia con las urgencias de superar la tragedia humanitaria, el cumplimiento de los derechos humanos, la vida y las libertades, en primer lugar, así como el restablecimiento del proceso de paz.

La degradación de la Fuerza Pública durante el gobierno que termina es alarmante, extrema, irresponsable. El gobierno de Duque y Martha Lucía logra llegar al final al ser sostenido por la Fuerza Pública, a la que le otorgaron un protagonismo inusitado. Su debilidad la suplieron con la represión en un régimen político bonapartista, que es el que hay que cambiar.

La corrupción se disparó inusitadamente en la policía, el ESMAD y las demás agencias represivas. Se completó el cuadro macabro. Se colocaron al servicio de narcotraficantes, empresarios, ganaderos y políticos, en una tradición de impunidad inmensa.

Las Fuerzas Armadas han sido educadas en la doctrina de la seguridad nacional que agencia los Estados Unidos, desde la participación de Colombia en la guerra de Corea hasta la reciente incursión en la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. La presencia de asesores militares, de comandos especiales, su permanencia en bases militares del país, la compra de armamentos y tecnología demuestran una fuerte dependencia de las Fuerzas Armadas a los designios imperiales. No solo los paramilitares, la parapolítica, los guerrilleros y los privados son responsables de las guerras colombianas, también los gobiernos de USA.

Las Fuerzas Armadas deben formar parte de la transición anunciada por el presidente Petro hacia la república, es decir, como un poder subordinado plenamente a la Constitución y al poder civil. No puede continuar el espectáculo grotesco de que el alto mando esté como cuerpo ajeno en la presidencia y cogobernando. No más superministros de Defensa; la doctrina de las Fuerzas Armadas es la Constitución, la cual las obliga a defender la soberanía nacional y a la obediencia plena.

El soldado debe ser un servidor público con uniforme, con derechos sociales plenos y respetado por el presidente, quien debe abstenerse de politizarlos y usarlos contra los ciudadanos que protestan, los disidentes. No pueden ser una fuerza pública al servicio de los privilegiados, tal como ha sucedido en los gobiernos del uribato. El soldado tiene las armas bajo estricto control y el respeto supremo a la vida humana. Deben cesar las acciones de exterminio, como las que se practican con los bombardeos.

El gasto militar en Colombia es desorbitado y debe ajustarse y reorientarse. Como las furias del uribato están en acción para desacreditar al nuevo mindefensa y al nuevo gobierno con toda clase de patrañas, se requiere acompañar al gobierno en esta apuesta democrática. Hay que tener la prudente expectativa de que la mayoría de las Fuerzas Armadas están de acuerdo con la paz, los derechos humanos y la república. Esta transición en las Fuerzas Armadas requiere de un liderazgo democrático, que es el que ejercerán Petro e Iván Velásquez.

Un asunto que tiene urgencia, por su extrema gravedad, es poner fin a las tropelías del ESMAD mediante su disolución. Al igual, la policía debe ser desmilitarizada dando estricto cumplimiento a la Constitución, artículo 218. “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Otro asunto que gravita con igual urgencia es el manejo del sistema carcelario, dada las masacres cometidas durante este gobierno en la Modelo, de Bogotá, y en la cárcel de Tuluá. Está documentado, de manera suficiente, el deterioro humanitario y la violencia grave que se vive en los centros carcelarios.

Posdata. Hay que detener el Plan Pistola, de los narcoterroristas del Clan del Golfo, contra los policías en el país. Es insólita la continuidad de la herencia de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

* Profesor emérito, Universidad Nacional y profesor titular, Universidad Libre