En febrero de 2016, Santiago Uribe Vélez fue apresado, con una tardanza de 25 años, por los crímenes de su escuadrón de la muerte “Los 12 apóstoles”. La semana pasada, en la mitad del juicio, se hizo poner en libertad. Historia de una atrocidad.

Estaba por alcanzar los 60 años de edad cuando llegó al pueblo en un bus de línea con una maleta plegable de cuero que arrastró por las calles hasta la residencia parroquial donde viviría. No daba la apariencia a primera vista de ser un cura cualquiera porque, entre otras particularidades, tenía dos biblias.

Revestido hasta los talones con su sotana negra, abotonada de arriba a abajo y desteñida por el uso y los años, Gonzalo Javier Palacio Palacio, llegó para servirle de ayudante al cura párroco principal de la iglesia Las Mercedes del pueblo de Yarumal, departamento colombiano de Antioquia. El nuevo sacerdote no tardó en cobrar fama porque indagaba hasta el último detalle sobre cada uno de los pecados de los feligreses que iban a rogarle perdones en el ámbito secreto del sacramento de la confesión.

Desde el púlpito, en los oficios religiosos tronaba pasando páginas previamente marcadas en la Biblia de decir misa: “en este evangelio vemos muy claro que Cristo nos da a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. En ninguna parte dice que los cristianos deban pedirle perdón a Dios directamente. No, siempre deben pedírnoslo a nosotros, sus apóstoles”, rememoró el viejo campesino adherido a esa idea religiosa.

El viejo no había olvidado que, como ningún otro cura, los interrogatorios confesionales de este tenían método: cada pecado expuesto lo examinaba con curiosidad y de manera minuciosa –incluso, morbosa–, para saber de él hasta los más pequeños e inútiles pormenores. Ciertas revelaciones que le llegaban durante ese sacramento de la penitencia encendían de curiosidad sus ojos en las sombras misteriosas del confesionario. Era evidente que despertaban en él reacciones mentales insanas, a juzgar por la manera como se frotaba las manos y gesticulaba abriendo los ojos al tope y alargando la boca cerrada. Podría decirse que con sus preguntas le hacía la autopsia a cada pecado hasta verificar si tenía rastros recónditos de alguna culpa remota. “No le bastaba saber si uno había mentido, si uno tuvo un mal pensamiento, si uno juró en vano el santo nombre de Dios o si uno deseó a la mujer del prójimo. No, preguntaba de quién era hija la mujer del prójimo, dónde había estudiado, cómo se llamaba, dónde vivía y qué hacía exactamente ese prójimo”.

Otra peculiaridad del cura Palacio Palacio era que, en contraste con sus interrogatorios agotadores, “imponía penitencias muy cómodas. Usted podía confesarle, pongamos por caso, que se peleó con un vecino o que se robó un carro. Entonces, le preguntaba, eso sí, hasta el último detalle del vecino o del carro y al final simplemente daba la bendición y, cuando más, ponía de penitencia rezar un padrenuestro”.

No obstante la serie de preguntas extenuantes con las que sometía a los feligreses postrados de rodillas, algunas veces hasta la humillación, ellos preferían el desagrado de que él les tomara la confesión para verse recompensados con la simplicidad de sus penitencias.

Pero la predilección por este padrecito comenzó a perderse entre la gente cuando adoptó la costumbre perniciosa de pedirles a ciertos feligreses fotografías de personas que fueran mencionadas en determinadas confesiones y dejaba en suspenso el perdón de Dios a los pecados hasta cuando el penitente cumpliera del todo la orden celestial impartida a través de él.

No transcurrió mucho tiempo para que el apóstol de Cristo comenzara a despertar sentimientos de pavor entre un sector del pueblo que descubrió cómo muchas de las personas por las que el cura preguntaba con sumo detalle en el confesionario eran asesinadas después por bandas de pistoleros, la Policía Nacional o el Ejército. Los cadáveres aparecían abandonados en las orillas de los caminos o en los potreros de las haciendas, cubiertos por nubes de zopilotes y enormes moscardones iridiscentes que les sembraban larvas en las carnes.

Llegó un momento en que ya nadie acudía al locutorio de su reverencia el padre Palacio Palacio y éste, extrañado, echó de menos esa pérdida repentina de fe. Salió, entonces, como si fuera un vendedor de la lotería, a recorrer las calles y las cantinas del pueblo para indagar entre los feligreses las razones por las que lo estaban esquivando.

–Su reverencia, a mí me dijo una señora que es que usted tiene muy mal aliento y por eso ahora prefieren confesarse con el párroco o ir hasta Santa Rosa– le mintió el viejo campesino al ser increpado una mañana por el cura.

En medio del terror que sembró en la región un prolongado y creciente período de asesinatos de personas sobre las que Palacio Palacio había preguntado en la confesión, los miembros de la Policía Nacional en Yarumal comenzaron a amarrar cadáveres al parachoques delantero del carro de patrulla Nissan Patrol del destacamento para exhibirlos durante lentos recorridos por el pueblo. Algo que no se había visto antes.

Era 1990. Los paisanos no debieron hacer muchos esfuerzos para deducir que un grupo de hacendados y comerciantes del pueblo, aliados con la Policía Nacional y el Ejército, estaban cometiendo asesinatos selectivos, llamados “limpieza social”, bajo la dirección principal del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del controvertido político regional Álvaro Uribe Vélez, ambos hijos del extinto comerciante, ex socio de Pablo Escobar y supuesto comerciante de cocaína Alberto Uribe Sierra, a quien las influencias políticas de su hijo Álvaro lo habían salvado de un pedido de extradición hecho por el gobierno de Estados Unidos.

Antes de poner en práctica la estrategia aterrorizante de exhibir los cadáveres de las víctimas de “Los doce apóstoles” paseándolos por las calles centrales y en la ruta final hacia la fosa común, en expedientes judiciales quedó registrado que Santiago Uribe Vélez mandó renovar por su cuenta el carro de patrulla del destacamento usado para esas procesiones destinadas a causar terror y lo hizo repintar con los colores reglamentarios –negro y blanco– que entonces distinguían a los vehículos de la Policía Nacional.

Las víctimas de la “limpieza social” eran, por lo común, drogadictos, prostitutas, homosexuales, izquierdistas, forasteros, trabajadores agrarios inconformes que denunciaban judicialmente a sus empleadores, protestantes, deudores morosos, ladrones, ateos, sospechosos de congeniar con el hampa guerrillera y, en general, todo aquel que fuera contrario al recato, la modestia y la compostura propios de las costumbres y la fe cristianas.

Bajo el imperio del terror, Yarumal se convirtió, según se hizo obligatorio reconocerlo, en un remanso ejemplar para disfrutar de orden, paz y democracia.

Las indagaciones cautelosas que, sin embargo, hacía el pueblo para averiguar la realidad, permitieron determinar que la organización criminal causante de tantos beneficios de higiene social era manejada por un consejo de once personas notables, más el mensajero del clero secular de Jesucristo en Yarumal, su reverencia Gonzalo Javier Palacio Palacio: por eso se dio en llamar a la banda de asesinos “Los doce apóstoles”.

Las pesquisas que, con silencio y cautela, los pobladores comentaban en la clandestinidad y debatían en voz baja, les permitieron establecer que los asesinos que asolaban los campos de la región eran adiestrados por policías y militares en un sector de la gigantesca hacienda La Carolina, de los hermanos Uribe Vélez, situada entre los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento de Antioquia. El latifundio estaba dedicado principalmente a la crianza de toros de lidia.

El 29 de febrero de 2016, con una tardanza de 25 años, fue arrestado Santiago Uribe Vélez por la formación de esa banda criminal cuyas fechorías rondan el medio millar de homicidios. Fue una acción judicial inesperada que siempre impidió llevar adelante el eficiente poder saboteador que ha tenido sobre este caso Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

Santiago Uribe Vélez

La semana pasada, en la mita del juicio formal al que finalmente está siendo sometido, Santiago Uribe quedó en plena libertad por disposición de un juez de control de garantías, mientras los testigos mueren, desaparecen, se retractan o caen en estados agudos de amnesia.

El propio ex presidente está enredando a la luz del día el sumario matriz, compuesto por cerca de 13 mil folios, de los cuales guardo copia auténtica, a buen recaudo, en Nueva York. Distinguido con el número 8051 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de Colombia,  contiene abundantes denuncios, informes forenses, declaraciones de testigos reservados, delaciones, investigaciones independientes, delaciones, confesiones de narcotraficantes, conceptos de organismos internacionales, organigramas, peritajes, informes oficiales acusatorios de distintas autoridades y enlaces a otros procesos penales en los que, de la misma manera, abundan los señalamientos directos contra Santiago y Álvaro Uribe Vélez por variados delitos de lesa humanidad atribuidos directamente a ellos o a “Los doce apóstoles”,  raíz y cimiento de lo que años después sería el gran ejército de los carteles del narcotráfico aliados que, con más de 20 mil sicarios distribuidos en bloques paramilitares regionales, se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

“La verdad sea dicha, para condenar a Álvaro Uribe no han faltado pruebas sino cojones”, sentenció en su cuenta de Twitter la abogada penalista de Bogotá Diana Muñoz.

Una de las masacres más repudiadas de “Los doce apóstoles” fue la de la familia López, en la zona rural La Solita, del municipio de Campamento, próximo a Yarumal, en la que fueron asesinados seis campesinos, entre ellos dos niñas de ocho y once años, Yoli y Milena (ver foto). A un niño de ocho años, Darwin (ver foto), le perdonaron la vida para que pudiera contar más tarde cómo fue cometido el crimen múltiple y aterrorizara a la población con su relato. Este chico salvó a un bebé de brazos al que las balas de los asesinos lo rozaron por todos lados, pero solamente recibió heridas menores con esquirlas de una granada de fragmentación lanzada por los asesinos.

Fotos familiares tomadas de la Corporación Jurídica Libertad

En la masacre participó el batallón Bárbula, de la IV Brigada del Ejército Nacional, y los muertos, incluidas las dos niñas, fueron presentados como feroces e irreductibles combatientes de las FARC.

La familia López supo a tiempo que el Ejército y “Los doce apóstoles” habían decidido asesinarlos. Durante un par de meses acampó a la intemperie escondida en las montañas. Luego, abandonó del todo su parcela campesina y se escondió en Medellín y Anorí, pero regresó de carrera y en la clandestinidad para liquidar asuntos domésticos pendientes. Cuando todo estuvo en orden, los López se prepararon para huir para siempre en una larga caminata que emprenderían en la madrugada, sanos y salvos.

Sin embargo, a partir de un par de desprevenidas confesiones de penitentes recibidas en el locutorio de la parroquia de Las Mercedes, de Yarumal, el cura Palacio Palacio ató cabos, dedujo que los López habían regresado a La Solita, bendijo a los confesantes, le vendió la información a los asesinos y estos, en un golpe de mano, masacraron a la familia cuando acababa de beber una olla de café cerrero y se disponía a emigrar por los filos de la cordillera en una marcha que le tomaría varias jornadas. Intentó emprenderla antes de que brillaran las primeras luces del nuevo día.

Veinte años después, María Eugenia López, quien perdió a su familia en la masacre, supo que el cura Palacio Palacio daba misas en la parroquia del barrio San Joaquín, en Medellín, donde la iglesia Católica lo escondía de la justicia. Decidió buscarlo. Al entrar en el templo reconoció la voz del apóstol que rebotaba contra las paredes del ámbito sagrado. Esperó que terminara la misa y lo encaró.

–Usted mató a mi familia –lo increpó María Eugenia.

– No sé de qué me está hablando –contestó el cura atolondrado.

–Usted asesinó a mi familia, en La Solita, con el Ejército y “Los doce apóstoles” –le gritó de nuevo María Eugenia, mirándolo a los ojos.

–Lo que quiera saber pregúntelo en la Fiscalía. Yo soy inocente –murmuró el cura con el aliento agitado y próximo a alcanzar los 80 años de edad.

– A usted lo apresaron el 22 de diciembre de 1995, le encontraron el revólver que escondía entre una biblia y después quedó libre, pero usted es un asesino –afirmó María Eugenia con un sentimiento de coraje que jamás había sentido en ella misma.

–¿Y es que yo no puedo tener un arma? –replicó el ahora anciano cura. Con el pulso tembloroso, extrajo de un bolsillo de su sotana una navaja y desdobló la hoja bruñida y filosa –¿El que yo tenga esta navaja significa que la vaya a matar? –preguntó lanzando una embista fallida de carnicero contra la garganta de María Eugenia, quien la esquivó –¡Ese revólver me lo regaló el general Gustavo Pardo Ariza! (el que fue destituido por haber protegido a Pablo Escobar para que huyera de la cárcel en 1991).

– Yo no lo voy a perdonar a usted ni voy a olvidar lo que me hizo. Sólo quiero saber la verdad y que haya justicia –le exclamó María Eugenia al apóstol de Cristo que acababa de celebrar la santa misa y de fallar un veloz lance de puñal.