Un jurado federal en Miami declaró culpable en mayo pasado al excongresista republicano David Rivera, de Florida, y viejo amigo del secretario de Estado, Marco Rubio, por cabildear en secreto ante funcionarios en Washington en nombre del gobierno venezolano en 2017 y 2018. Rivera, de 60 años, fue condenado, entre otros cargos, por lavado de  dinero y asociación delictuosa al no registrarse como agente extranjero.

Rivera, quien se encuentra preso, se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y tiene programada la sentencia para el próximo 20 de julio. Sus abogados defensores han anunciado que apelarán la condena. La jueza Melissa Damian, del Tribunal Federal de Distrito de Miami, ordenó la detención de Rivera después del veredicto, considerando que representaba un riesgo de fuga.

Los fiscales presentaron pruebas durante el juicio de cinco semanas celebrado en Miami que mostraban que PDVSA había contratado en secreto a la empresa consultora de Rivera por 50 millones de dólares para presionar a miembros del Congreso y de la Casa Blanca en favor de restablecer relaciones plenas entre Estados Unidos y Venezuela.

Cabildear es un delito en Estados Unidos si quien lo ejerce oculta financiamiento del exterior, de parte de un gobierno, partido político o empresa extranjera y no se registra ante el Departamento de Justicia bajo la ley conocida como FARA (Foreign Agents Registration Act). Esto fue exactamente lo que causó la caída del excongresista David Rivera, quien operó en favor de intereses venezolanos sin declarar el origen de sus ingresos.

El juicio atrajo gran atención cuando el Secretario de Estado, Marco Rubio, fue llamado a  testificar contra su reconocido viejo amigo y antiguo compañero personal y político en la ciudad de Tallahassee. Rubio declaró que no tenía conocimiento del contrato secreto de su compañero Rivera con la empresa venezolana. Reconoció, sin embargo, que se reunió con Rivera en dos ocasiones en 2017 para discutir la situación en Venezuela. En ese momento Rubio era senador por el estado de Florida.

Rubio no ha sido hasta ahora vinculado al caso y hoy ejerce la tutela sobre los recursos petroleros de Venezuela bajo mecanismos de control comercial.

También, Rubio lidera de forma directa las negociaciones y la fiscalización del presupuesto mensual venezolano desde el secuestro en Caracas del dictador Maduro. Los fondos derivados de la venta supervisada de crudo se destinan a fines específicos aprobados por Rubio, como la posible adquisición de insumos médicos en casos de emergencias.

También fue condenada la socia de Rivera, Esther Nuhfer, por cuatro cargos y se le concedió la libertad bajo fianza. Los abogados de Nuhfe han anunciado, de la misma manera, que apelarán la condena.

El caso ha generado preocupación sobre la influencia extranjera en la política estadounidense y ha puesto en evidencia la compleja red de relaciones corruptas entre políticos y empresarios en Washington.

Rivera había forjado una falsa imagen política, primero como legislador estatal y después como congresista (2011-2013), como un aguerrido anticomunista. Anteriormente, Rivera había sido objeto de varias investigaciones estatales y federales por irregularidades en su campaña.

Por su parte, el colombiano residente en Miami Alfred Santamaría fue asistente personal y "enlace comunitario" de Rivera cuando éste era congresista. También figuró como socio del venezolano Antonio Intriago, jefe de los mercenarios colombianos que asesinaron en Puerto Príncipe al presidente de Haití, Jövenel Moisse, en junio de 2021.

Los abogados de Rivera arguyeron que él no trabajaba para el gobierno de Nicolás Maduro, sino que intentaba derrocarlo, posición que causó risas. También dijeron que Rivera no necesitaba registrarse como agente extranjero porque el contrato de su empresa era con una compañía estadounidense, PDV USA, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, y no con la propia empresa estatal, pese a que ambas son la misma.

Los fiscales dijeron que Rivera repartió las ganancias secretas del contrato, que finalmente ascendieron a unos 20 millones de dólares después de que la empresa rescindió el contrato.

Otros testigos de la acusación fueron Brian Ballard, un importante miembro de un grupo de cabildeo y uno de los principales recaudadores de fondos del presidente Donald Trump, y Hugo Perera, uno de los otros dos hombres que admitieron haber participado en la trama delictiva. Perera no fue acusado porque accedió a declarar contra Rivera y Nuhfer.

Perera dijo que Rivera y Nuhfer habían mantenido en secreto el contrato porque sabían que explotaría un escándalo político si se hacía público. Los abogados defensores señalaron que Perera, un promotor inmobiliario que había cumplido condena por tráfico de cocaína y fraude fiscal en la década de 1990, pudo quedarse con los aproximadamente 5 millones de dólares que ganó con el acuerdo con Venezuela.

Uno de los testigos de la defensa fue el congresista Pete Sessions, republicano por Texas, quien declaró que trabajó con Rivera en 2017 para intentar persuadir a Maduro de que renunciara y celebrara elecciones presidenciales. Sessions también dijo que entonces no sabía nada del contrato secreto de Rivera con la empresa venezolana.

Edward R. Shohat, uno de los abogados defensores de Rivera, dijo a los integrantes del jurado en su alegato final que los fiscales habían intentado confundirlos. “Lo único que pretendía era destituir a Maduro”, dijo Shohat refiriéndose a Rivera.

David O. Markus, abogado defensor de Nuhfer, dijo que ella había firmado el contrato “de buena fe”, creyendo que era con una filial estadounidense. Nunca, “ni en mil millones de años”, habría intentado ayudar al gobierno de Maduro, dijo Markus.