La Corte Suprema de Justicia resolvió en segunda instancia ratificar la responsabilidad penal del exmagistrado y expresidente de esta Corporación, José Leonidas Bustos Martínez, por su participación en la red de corrupción judicial conocida como el “Cartel de la Toga”.
José Leonidas Bustos se encuentra guarecido en Ottawa (Canadá), huyendo de la justicia de Colombia.
El fallo, emitido por el magistrado ponente Gerson Chaverra Castro, determinó la situación jurídica del exalto funcionario tras los recursos de apelación presentados por su defensa contra la sentencia condenatoria de primera instancia.
Se le encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo.
La Sala Especial de Primera Instancia lo había absuelto del cargo de tráfico de influencias de servidor público, decisión que se mantuvo en este pronunciamiento.
De acuerdo con la investigación y el recuento de los delitos probados por la Corte, los hechos se remontan al periodo en que Bustos Martínez se desempeñaba como magistrado y presidente de la Sala de Casación Penal, entre 2008 y 2016.
Bustos se concertó con otros altos funcionarios judiciales, entre ellos el exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, el exconsejero Francisco Javier Ricaurte Gómez y abogados litigantes como Luis Gustavo Moreno Rivera.
El grupo se dedicaba a contactar a congresistas y ex aforados que tenían procesos pendientes en la Corte Suprema (específicamente por investigaciones de parapolítica).
A cambio de millonarias sumas de dinero, la organización ofrecía intervenir ilegalmente en los trámites judiciales mediante actos dilatorios, órdenes de archivo, autos inhibitorios, preclusiones y omisiones en la expedición de órdenes de captura.
Valiéndose de su alta posición e influencia dentro de la Sala Penal, Bustos se encargaba del "cabildeo" (lobby) para garantizar que se adoptaran posturas contrarias a la ley pero favorables a los intereses de los congresistas implicados, como Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo. Como retribución, recibía pagos en efectivo y dádivas de lujo (como un reloj Cartier).
El caso se destapó formalmente a mediados de 2017, a raíz de la cooperación internacional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación, tras revelarse grabaciones que evidenciaban los sobornos. Tras el tránsito del expediente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, el proceso llegó a la Corte Suprema para su juzgamiento definitivo, culminando ahora con esta decisión de segunda instancia que reafirma la condena contra el exmagistrado.
