La caída de Roger Mariaca, Fiscal General del Estado de Bolivia, obliga a preguntarse quién ganó realmente con la paralización de las investigaciones contra Fernando Cerimedo.
La captura de este servidor no puede analizarse únicamente como un episodio judicial. Su detención se produjo cuando encabezaba una de las investigaciones penales más sensibles del país y de la región: la que involucra al consultor político argentino Fernando Cerimedo, y apenas días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo señalara públicamente por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
La explicación oficial sostiene que se trata de una actuación legítima contra una supuesta estructura criminal infiltrada en el Ministerio Público. Esa hipótesis genera cierto escozor, en especial por el contexto en el que surgió. Si las autoridades bolivianas logran demostrar en juicio la existencia de vínculos entre funcionarios de la fiscalía y organizaciones dedicadas al narcotráfico, la captura de Mariaca no solo será jurídicamente válida, sino institucionalmente necesaria.
Sin embargo, debido a que la acusación es de enorme gravedad, el escrutinio también debe serlo. Lo que hoy genera inquietud no es la existencia de una investigación penal contra un alto funcionario; en un Estado de derecho nadie puede sustraerse al control judicial. Lo que despierta interrogantes es la secuencia de los acontecimientos: primero aparecieron las sanciones diplomáticas estadounidenses, luego vino la captura y, finalmente, quedó apartada la máxima autoridad que dirigía una investigación políticamente incómoda.
La cuestión adquiere relevancia porque Estados Unidos no se limitó a adoptar una decisión migratoria. Al revocar la visa de Mariaca, lo presentó ante la comunidad internacional como un funcionario que presuntamente favorecía actividades criminales y obstaculizaba la lucha contra el narcotráfico. Aunque ningún Estado está obligado a explicar a quién admite en su territorio, resulta inevitable preguntarse por el efecto político e institucional que produce una descalificación de esa magnitud cuando recae sobre la principal autoridad investigativa de otro país.
La preocupación no radica tanto en las facultades soberanas de Washington como en la posibilidad de que tales pronunciamientos terminen condicionando las decisiones internas. La independencia judicial no se compromete únicamente cuando existe una orden expresa o una presión visible; también puede verse afectada cuando el peso político de una potencia crea incentivos, expectativas o costos para las autoridades nacionales. En esos escenarios, la autonomía institucional se vuelve más formal que real.
La historia latinoamericana ofrece razones para no ignorar este riesgo. Durante décadas, la región ha experimentado distintas formas de influencia externa justificadas en objetivos aparentemente incuestionables: la lucha contra el comunismo, la guerra contra las drogas, el combate al terrorismo o el combate a la corrupción. En muchas ocasiones, la discusión nunca giró exclusivamente en torno a la legalidad de las medidas adoptadas, sino en torno a una pregunta más profunda: ¿quién define las prioridades de los sistemas de justicia nacionales y bajo qué intereses se ejerce esa influencia?
En el caso boliviano, la pregunta resulta especialmente pertinente porque la caída de Mariaca tuvo un efecto inmediato sobre una investigación que alcanzaba a Fernando Cerimedo, una figura con conexiones políticas regionales y relevancia más allá de las fronteras bolivianas. No existen elementos suficientes para afirmar que su investigación fue desmantelada deliberadamente ni para sostener la existencia de una conspiración internacional. Pero tampoco puede ignorarse que la captura del fiscal produjo consecuencias políticas y judiciales que favorecen a Cerimedo, al generar desde ya una ruptura en la línea investigativa.
Por supuesto, la tesis oficial podría terminar imponiéndose. Si las autoridades presentan pruebas sólidas, verificables y susceptibles de contradicción sobre los presuntos vínculos de Mariaca con redes criminales o con estructuras relacionadas con Sebastián Marset, el debate quedará sustancialmente despejado. Pero mientras esas evidencias no sean plenamente conocidas y sometidas al juicio público, la sospecha sobre la influencia de factores externos seguirá siendo una cuestión legítima de debate democrático, más aún cuando es bien sabido que ese es el modus operandi del gobierno estadounidense. Un ejemplo de ello es lo que hicieron con los funcionarios de la Corte Penal Internacional que expidieron órdenes de captura contra el primer ministro y altos mandos militares de Israel.
Al final, lo que está en juego supera la situación procesal de un fiscal. Se trata de la credibilidad de las instituciones latinoamericanas y de su capacidad para actuar con independencia frente a las presiones geopolíticas. Las democracias no solo deben garantizar que los culpables respondan ante la justicia; también deben garantizar que las decisiones judiciales se perciban libres de cualquier sombra de subordinación externa.
En este contexto, el silencio de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) resultaría difícil de justificar. Si uno de los principios fundacionales de la organización es la defensa de la autonomía e independencia de los ministerios públicos y fiscalías de la región, corresponde que examine con rigor institucional lo ocurrido en Bolivia.
No se trata de respaldar a Roger Mariaca ni de prejuzgar sobre su eventual responsabilidad penal, sino de verificar si la captura de un Fiscal General en ejercicio —precedida de sanciones y señalamientos arbitrarios e injustos por parte de una potencia extranjera— reúne las garantías necesarias de independencia, debido proceso y ausencia de interferencias externas.
Precisamente para estos escenarios existe el Grupo de Trabajo para la Autonomía e Independencia de los Ministerios Públicos de la AIAMP, cuya misión no es proteger a personas, sino preservar principios.
Cuando la autonomía de una fiscalía nacional puede verse comprometida por presiones políticas internas o internacionales, el deber de la AIAMP no es observar en silencio, sino promover una evaluación objetiva, transparente y basada en estándares regionales que contribuya a disipar cualquier duda sobre la integridad institucional del proceso.
