Hace pocos días condenamos y exigimos justicia por Piri, el joven afrocolombiano que murió el 20 de septiembre tras ser golpeado y sometido a descargas eléctricas en la zona entre Ciudad Bolívar y Soacha. Hoy recibimos nuevas denuncias que nos parten el corazón y encienden las alarmas: Colombia parece dar pasos hacia el retorno a épocas oscuras, en las que las personas afrodescendientes, indígenas y campesinas, así como quienes habitan zonas marginadas y afectadas por el conflicto, enfrentan un alto riesgo de perder la vida a manos de agentes estatales y fuerzas de seguridad.

Por eso nos preocupan profundamente las denuncias recibidas del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y del Observatorio del Costo Humano de la Guerra. El PCN reporta que, en menos de diez días, dos hombres afrodescendientes murieron como consecuencia de la violencia policial y dos jóvenes campesinos perdieron la vida durante operativos de seguridad.

El 27 de septiembre, Luis Alfredo Echeverry, afrocolombiano de 28 años, murió después de recibir un disparo durante un operativo policial en Villa Rica, Cauca. El 21 de septiembre, Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, jornalero campesino de 18 años, fue víctima de un presunto asesinato extrajudicial durante un operativo de la Policía y la Fuerza Aérea en Guachaca, Santa Marta. Su familia y varios testigos afirman que se encontraba desarmado, que se entregó y que posteriormente fue ejecutado. A su vez, el 22 de septiembre, en La Macarena, Meta, otro campesino, Luis Carlos Mojica Guzmán, fue asesinado por el Ejército mientras también se encontraba desarmado.

De acuerdo con el Observatorio del Costo Humano de la Guerra, entre el 7 de agosto y el 5 de octubre se documentaron 185 muertes. Estas incluyen 32 líderes y lideresas sociales asesinados, seis firmantes de paz asesinados, 11 policías asesinados, 19 militares muertos en combates y ataques, 73 integrantes de grupos armados reportados como muertos en operaciones de la Fuerza Pública, tres presuntas ejecuciones extrajudiciales, dos afrocolombianos muertos en operaciones policiales, una muerte por uso de la fuerza actualmente bajo investigación y 13 masacres.

La muerte de cualquier ser humano es una tragedia. Cada víctima es hija, hijo, madre, padre o familiar de alguien. Reducir al mínimo las muertes y las lesiones físicas debe ser 1una prioridad en todos los operativos estatales, y el derecho internacional humanitario debe respetarse estrictamente durante los combates.

Uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Colombia ocurrió durante el conflicto armado interno, cuando más de 7.000 personas inocentes fueron asesinadas y luego presentadas falsamente como bajas en combate. Esta práctica se redujo de manera significativa gracias a la valentía de los defensores de derechos humanos, las madres y otros familiares de las víctimas.

Asimismo, durante la última década, Colombia sufrió una ola de violencia derivada del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y de las fuerzas de seguridad, especialmente entre 2019 y 2021. Aquellos hechos dejaron un dolor insuperable, cuyas heridas aún no cicatrizan, y provocaron una profunda desconfianza hacia las instituciones de seguridad, además de intensas divisiones en la sociedad.

Colombia no puede regresar a una lógica en la que los cuerpos humanos sean presentados como trofeos de supuestos logros de seguridad. Tampoco puede permitir que se profundicen el perfilamiento racial y la estigmatización de quienes viven en zonas con presencia de grupos ilegales.

Es urgente que las entidades competentes, los organismos internacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático actúen para frenar este recrudecimiento de la violencia y rechazar la aceptación de la violencia como respuesta a la violencia. También es indispensable impedir la repetición de prácticas abusivas y distorsionadas de seguridad, así como el uso perverso de ese discurso, la deshumanización y las violaciones de derechos humanos cometidas en su nombre.

Porque, lejos de proteger a la población, estas prácticas producen más inseguridad, profundizan las heridas del país y ponen en riesgo la vida de todas las personas.

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