El diputado colombiano Omar Restrepo denunció este viernes (01.01.2021) que Yolanda Zabala Mazo se convirtió en la primera excombatiente de las FARC en ser asesinada en 2021, un crimen perpetrado por desconocidos en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste).
"Iniciamos el año con la dolorosa noticia del asesinato de la firmante de paz, Yolanda Zabala Mazo y su hermana Reina Zabala Mazo, en Briceño, Antioquia", escribió en sus redes sociales Restrepo, conocido en su época de guerrillero como Olmedo Ruiz.
#URGENTE #ATENCIÓN iniciamos el año con la dolorosa noticia del asesinato de la firmante de paz, Yolanda Zabala Mazo y su hermana Reina Zabala Mazo, en Briceño, Antioquia. Yolanda realizaba su proceso de reincorporación en el ETCR de la Plancha, Anorí. #DuquePareElGenocido pic.twitter.com/9G8YnoGT96
— Omar Restrepo (Voz campesina en el Congreso) (@Omar_FARC) January 1, 2021
El congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgida de la desmovilización de la guerrilla, señaló que la excombatiente estaba haciendo su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda (aldea) La Plancha, en el municipio de Anorí (Antioquia).
"¡Qué noticia tan dolorosa! A tan solo 12 horas de haber iniciado el nuevo año nos informan del asesinato de Yolanda Zabala, firmante de la paz, junto a su hermana Reina Zabala en Briceño", expresó, por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido FARC.
#Urgente | ¡Qué noticia tan dolorosa!
— Sandra Ramírez (@SandraFARC) January 1, 2021
A tan solo 12 horas de haber iniciado el nuevo año nos informan del asesinato de Yolanda Zabala firmante de la Paz junto a su hermana Reina Zabala en Briceño, Antioquia
¡Qué indiferencia la de @IvanDuque! pic.twitter.com/DlmOdzpuoDCon este crimen, ya son 250 los excombatientes de la guerrilla asesinados desde que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016. En julio pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales -entre ellas la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación- tomar medidas de protección para exintegrantes de las FARC.