Carlos Alonso Lucio, actual jefe de empalme y asesor espiritual del ateo Abelardo Espriella, arrastra una cola monumental como las de los grandes cometas interestelares pero la de él no es de polvo y gases cósmicos sino de delitos e impunidad.
Al final de los años 80 —para comenzar— estuvo envuelto —con su tío Ramiro Lucio— en una gigantesca operación de narcotráfico que tuve la oportunidad de descubrir, investigar y publicar en el extinto diario bogotano La Prensa, del que fui editor por casi diez años.
Lucio, el sobrino, aparecía como cabeza principal de una fábrica de pinturas, llamada Arcolores, cuyas instalaciones estaban en Bosa, frente al cementerio El Apogeo. Parecía más una bodega abandonada que una industria en funcionamiento.
Por intermedio de viejas fuentes judiciales pude establecer que la empresa de Lucio importaba insumos químicos apropiados para la fabricación de cocaína, principalmente acetona. En el transcurso de la investigación supe que las pinturas de Lucio eran registradas ante el desaparecido Instituto de Comercio Exterior —INCOMEX— como exportaciones a Cuba.
Las autoridades antinarcóticos, en efecto, le tenían puesto el ojo y la DEA dijo saber que las exportaciones a la isla de Fidel eran de cocaína y no de pinturas, producto que Cuba —sumida en la miseria absoluta por el bloqueo de Estados Unidos— no podía darse el lujo de comprar.
Por los mismos días en que las pinturas de los Lucio se registraban como exportaciones a Cuba, fueron arrestados allá el coronel Antonio de la Guardia y el general Arnaldo Ochoa (héroe de la guerra de Angola), acusados de haber estado moviendo cocaína colombiana para pasarla de Cuba a Estados Unidos.
De la Guardia dirigía el departamento de Moneda Convertible (MC) dentro del Ministerio del Interior cubano— y sus subalternos coordinaban con narcotraficantes colombianos el paso ilícito de cocaína en aviones y barcos que usaban el espacio aéreo y las aguas territoriales de Cuba como puente de tránsito hacia el estado de La Florida. Por su parte, el general Ochoa fue vinculado al caso por la justicia revolucionaria como realizador y gestor de negocios paralelos y narcotráfico.
Toda la red fue desmantelada a mediados de 1989, año en el que el régimen de Fidel Castro los arrestó, los juzgó en consejo de guerra en la famosa “Causa Número 1 de 1989” y los condenó a morir frente a un pelotón de fusilamiento. Esta orden se cumplió el 13 de julio de ese mismo año. La operación continuada de narcotráfico fue descrita como un negocio de los militares cubanos con la organización de Pablo Escobar, a la que en ese tiempo le eran atribuidos todos los grandes negocios de cocaína en el mundo.
Si la cocaína de Lucio no pasaba por Cuba bajo el amparo de De la Guardia y Ochoa, quiere decir que hubo militares cubanos desconocidos que salieron indemnes.
Tiempo después de mis publicaciones en La Prensa, fui denunciado por Ramiro Lucio en un juzgado del centro de Bogotá. Era una oficina sepultada en la penumbra y ahogada en un desorden crónico: montañas de expedientes amarillentos y legajos amarrados con piola se apilaban en el suelo como barricadas de papel. El ambiente, impregnado de un frío húmedo y un olor a papel mohoso, contagiaba una tristeza igual a la de los ciudadanos que esperaban horas sentados en bancas de madera cojas a que los atendieran en otros despachos.
Para ese tiempo Ramiro Lucio era notario en Cali, había sido congresista y combatiente del M-19, lo mismo que su sobrino Carlos Alonso. Tardó cerca de una hora en aparecer. Recuerdo que tenía la cara como un tomate y los ojos inyectados de sangre. Llegó, dando tumbos de lado a lado, en una borrachera épica; presentó la cédula de ciudadanía y se derramó en insultos contra un escribiente judicial creyendo que era yo. El aliento a aguardiente mal digerido agobiaba a cualquiera que estuviera a más de un metro de él. Le dije a la juez —una jovencita pulcra y de carácter firme— que ni ella ni yo ni nadie teníamos por qué soportar los insultos y el aliento de orangután de ese bribón. Ella estuvo de acuerdo conmigo, amenazó con ponerlo en arresto y anunció que más adelante citaría a otra audiencia, pero nunca la hubo. La última noticia que tuve del Lucio el tío era que había muerto.
Reaparece Lucio
Carlos Alonso Lucio rebrota de tiempo en tiempo envuelto en escándalos que se han convertido en su característica.
En el mapa político de Colombia, el año 2026 marca un periodo de mutaciones profundas. El ascenso de la sospechosa administración de Abelardo Espriella desdibuja los equilibrios del poder y sitúa en el centro de la escena a personajes de trayectoria criminal y borrascosa.
Entre ellos destaca, precisamente, el ex convicto Carlos Alonso Lucio, hoy con labores cruciales como coordinador del equipo de empalme gubernamental y asesor espiritual del ateo y dudoso presidente electo.
Su presencia en la primera línea de la gestión pública suscita de inmediato la reapertura de viejos expedientes de corrupción y otros crímenes de la memoria histórica nacional. Los debates contemporáneos, que incluyen denuncias penales por injuria y calumnia interpuestas por el gobierno de Gustavo Petro, no son fenómenos aislados. Estos hechos hunden sus raíces en una de las mayores crisis institucionales de las últimas décadas: la confrontación jurídica y política que protagonizaron, hace más de quince años, el propio Lucio y el antiguo comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Aquel episodio no solo expuso las costuras del proceso de desmovilización de los escuadrones de la muerte del narcotráfico conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia, sino que provocó un terremoto en la cúpula de la Fiscalía General de la Nación, cuya titular en ese tiempo era Viviane Morales, esposa y protectora de Lucio. Ella, ahora tomará las riendas de la educación pública colombiana en nombre de la secta fundamentalista, “cristiana integral”, conocida como “Casa sobre la roca”, con catedrales y devotas feligresías en distintos países.
El origen del cisma jurídico se localizó en una carta de alta tensión institucional. Luis Carlos Restrepo —quien dirigió la degradada política de paz durante el sanguinario y corrupto gobierno de Álvaro Uribe Vélez— remitió un documento formal a la entonces fiscal general, Viviane Morales. El contenido del texto era de gravedad extrema. Restrepo acusó de manera directa a Carlos Alonso Lucio de haber ejercido como asesor político clandestino de los escuadrones de la muerte del narcotráfico, durante las negociaciones desarrolladas en la zona de concentración de Santa Fe de Ralito, en el año 2004. Entonces, Abelardo Espriella también tuvo allí funciones todavía más estrechas y comprometidas con la criminalidad. En esos días se conocieron y desde entonces han sido almas gemelas en el universo del hampa.
La denuncia de Restrepo no se limitó a señalar la presencia de Lucio en los campamentos narco-paramilitares, sino que detalló delitos graves en el ejercicio de tal asesoría. Según el ex comisionado, los actos de Lucio vulneraron el marco legal de un proceso de paz que el Estado pretendía conducir bajo supuestos estrictos parámetros de legalidad. La acusación extendió las sospechas hacia una red de relaciones más amplia, al atribuirle nexos estrechos con las crecientes maquinarias del narcotráfico y organizaciones guerrilleras degradadas, como el ELN. Para la opinión pública, la gravedad de estas afirmaciones no solo radicaba en el cuestionamiento ético de un analista político, sino en la sospecha de que gruesas cuerdas criminales se movieron de manera activa detrás de la supuesta desmovilización de miles de elementos del hampa de extrema derecha.
La radicación formal de la denuncia colocó a la fiscal general, Viviane Morales, ante una encrucijada moral y jurídica sin precedentes en la historia judicial del país. La respuesta inicial de la funcionaria aparentó blindar la legitimidad de la institución: dio a entender, con el fin de engañar, que se haría una investigación penal formal contra su propio cónyuge, el cual, por su parte, venía manejando los hilos más gruesos y sensibles de la Fiscalía General. La complejidad de la materia determinó que el expediente diera la apariencia de quedar en manos de la Unidad Antiterrorismo, un área incompetente cuya misión era el desmantelamiento de grupos armados al margen de la ley.
A pesar de hacer creer que se apartaría del conocimiento directo del caso, la polémica creció con rapidez. Morales declaró ante los medios de comunicación que su postura era “inchantajeable”, una afirmación con la que no pudo disipar las protestas de la opinión pública. Encendió un debate público sobre la verdadera posibilidad de mantener la imparcialidad cuando el investigado pertenece al entorno familiar más íntimo de la cabeza del organismo encargado de acusar en lo penal. La consecuencia política fue inmediata. Diversos sectores interpusieron denuncias en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde exigieron la apertura de una indagación sobre la conducta de la fiscal general por una presunta falta de garantías y un evidente conflicto de intereses. Esto, claro está, no sirvió de nada.
El trámite procesal contra Carlos Alonso Lucio se asignó al fiscal de la Unidad Antiterrorismo, René Lemus Ospina. Bajo el amparo de la antigua Ley 600 de 2000 —el sistema penal de corte inquisitivo que regía para los hechos de esa época—, el funcionario judicial asumió la tarea de recaudar el material probatorio. El cronograma contemplaba la citación formal a declarar tanto del denunciante, Luis Carlos Restrepo, como del denunciado. El objetivo central consistía en determinar si existían los méritos legales suficientes para vincular a Lucio mediante una indagatoria formal.
El desarrollo de esta investigación se caracterizó por el hermetismo y el miedo del fiscal que debía investigar al esposo de su jefa. A pesar del estrépito mediático que acompañó las audiencias iniciales y las declaraciones de prensa, los registros judiciales disponibles no consignan una condena penal posterior contra Lucio por estos hechos específicos. La ausencia de un fallo condenatorio definitivo permitió que el investigado mantuviera su libertad, pero el expediente nunca desapareció del todo del escenario político. La idoneidad moral de Lucio quedó para siempre en el aire y el abyecto fiscal investigador salvó su puesto de trabajo.
En marzo de 2012 Viviane Morales salió de la Fiscalía General. Presentó renuncia antes de que el Consejo de Estado la botara al haber encontrado que la elección de la señora era nula porque no tuvo los votos necesarios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la llevaron al cargo. Debió ser elegida con al menos dos terceras partes de la Sala Plena (es decir, un mínimo de 16 votos de los 23 magistrados posibles y ella apenas tuvo 14).
De forma paralela al ataque contra Lucio, la Fiscalía General de la Nación abrió un frente judicial contra el propio Luis Carlos Restrepo. La entidad acusó al ex comisionado de paz de haber orquestado una falsa desmovilización del frente de asesinos del narcotráfico “Cacica La Gaitana”. El escenario político se convirtió en un juego de espejos donde cada bando imputaba al otro una traición al Estado: Restrepo señalaba los vínculos paramilitares de Lucio, mientras que la Fiscalía perseguía a Restrepo por un fraude procesal y por el uso de la denuncia como mecanismo de presión política. Ninguno de los dos mentía.
La presión judicial hizo que Restrepo huyera del país en el año 2012, lo que dio inicio a un prolongado exilio que desató airadas controversias en el ámbito internacional. La situación jurídica del ex comisionado se estancó en el ostracismo hasta el año 2016, cuando un oscuro fallo definitivo lo absolvió con el argumento de que ninguna prueba ni testimonio de cargo fueron suficientes, “jurídicamente inviables”. Este veredicto reabrió la discusión histórica sobre la existencia de una persecución con motivaciones políticas en su contra, un diseño judicial que muchos analistas vinculan hoy con la denuncia original que Restrepo presentó contra el esposo de la fiscal general.
El impacto de este enfrentamiento directo trascendió la suerte individual de sus protagonistas y afectó tres esferas fundamentales de la vida pública de Colombia. En primer lugar, consolidó una narrativa crítica en torno a la figura de Carlos Alonso Lucio, cuyo pasado quedó asociado de forma indeleble al crimen organizado. En segundo lugar, el episodio desnudó las debilidades institucionales de la Fiscalía al hacer evidente que la estructura del poder judicial carece de mecanismos automáticos para resolver los conflictos de interés de sus directivos. Por último, sembró dudas de gran calado sobre la transparencia del proceso de paz de Santa Fe de Ralito, al demostrar que existieron agendas ocultas y asesores en la sombra que modificaron el rumbo de las negociaciones con esa poderosa vertiente del hampa.
En el presente año 2026, los ecos de aquella fractura conservan plena vigencia. Instalado en el comité de empalme del nuevo gobierno, Lucio enfrenta un nuevo capítulo de litigios debido a las acciones penales que Gustavo Petro interpuso en su contra por corrupción y nexos ilegales.
Para cerrar: Carlos Alonso Lucio fue a la cárcel en el año 2000 por sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo halló culpable del delito de falsa denuncia. Fue un enredijo de delitos con los que quiso librarse de pagar un crédito bancario que adquirió de manera ilícita utilizando a un incauto.
Hoy, instalado con descaro en el comité de empalme del año 2026, el exconvicto que ayer simulaba la compra de laboratorios fotográficos para estafar bancos, y cuyas huellas químicas conducían a la Cuba de los ochenta y a los campamentos de Ralito, camina por los pasillos del Palacio de Nariño investido de una impunidad asombrosa. Asesor espiritual de un oscuro mandatario ateo —Abelardo de Espriella—, Carlos Alonso Lucio es el camaleón definitivo del hampa nacional: un hombre que ha sabido transitar las cloacas del narcotráfico, los escuadrones de la muerte y los pasillos de la Fiscalía, demostrando que en Colombia, a veces, el único requisito para alcanzar la cima del poder es arrastrar una cola criminal lo suficientemente larga como para oscurecer y arrodillar la justicia.
