La semana pasada una delegación de Buenaventura liderada por la alcaldesa de Buenaventura y su equipo visitaron Washington, DC. Durante esa visita se realizó una reunión con la sociedad civil estadunidense y la diáspora bonaverense y afrocolombiana en la Embajada de Colombia.
Dada la alarmante situación humanitaria y de derechos humanos y laborales, inseguridad, corrupción y sus afectaciones fiscales y el incumplimiento de la mayoría de los acuerdos firmados en el 2017 en favor de la sociedad bonaverense para cerrar las brechas y la desigualdad; las organizaciones firmantes de este pronunciamiento quisiéramos señalar lo siguiente:
Priorizar y Actuar Para Garantizar la Paz Urbana
Instamos a la Presidencia de Colombia, Congreso de Colombia, el Alto Comisionado para la Paz y la fiscalía general de Colombia que hagan todo lo posible para que se pueda avanzar con el proceso de paz urbana que comenzó en septiembre 2022 y sembró tanta esperanza para muchos en la ciudad donde se encuentra el primer puerto más importante del país. Mientras que este proceso estaba avanzando se vio una reducción de violencia armada y disminución de homicidios debido a la tregua entre los grupos armados ilegales que permitió el transito libre de los habitantes.
La reducción drástica de homicidios que sucedió entre septiembre y marzo del 2022 animó a muchos, dentro y fuera de Colombia, a pensar que la paz es posible y que una Buenaventura sin violencia armada es el principio de un futuro mejor. Este espacio socio-jurídico permitió que se pactara un cese al fuego armado.
Pero él mismo ha sido muy frágil debido a que se requiere del Congreso de la República de Colombia para que apruebe una ley y provea un marco legal que permita asumir acuerdos en este espacio, agilice el proceso y de garantías para los participantes. A su vez, la corrupción entre algunos oficiales públicos y los grupos ilegales ha bloqueado el proceso y fomentado desconfianzas.
La oficina del Alto Comisionado de Paz no ha priorizado los procesos de paz urbana. Esto ha llevado a que el proceso sea muy frágil, no cuenta con herramientas necesarias para la negociación requerida y puede terminar en que se agudice la situación de inseguridad y que sea muy difícil conseguir que estos actores le tengan confianza o participen en futuros procesos que llevarían a su desmovilización.
Para asegurar que el proceso sea exitoso se requiere transparencia en el mismo, la veeduría de la sociedad civil local, nacional e internacional y que se rompan cualesquiera vínculos criminales que puedan existir entre oficiales públicos y los grupos ilegales. A su vez, la protección de los lideres sociales, religiosos y étnicos debe ser asegurada.
Los que terminan perdiendo es esta situación son los civiles que ya residen en situaciones muy precarias y marginalizadas, especialmente los jóvenes adolescentes y niños. Una Buenaventura segura garantiza mejores condiciones de vida a sus habitantes, inversiones y estabilidad de los negocios nacionales e internacionales.
Avanzar con los Acuerdos firmados el 6 de junio del 2017
Los diferentes sectores sociales, empresariales, gubernamentales, el gobierno nacional, departamental y local deberían unirse, en las mesas temáticas, para implementar el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura 2040 (PIEDB 2040) y ejecutar los proyectos que se requieren para cumplir lo acordado y mandado en la ley 1872 y su decreto reglamentario 958 de 2018. Este proceso ha sufrido unos golpes muy grandes y situaciones muy complejas donde se quiere desconocer la gobernanza en el cumplimiento de Acuerdos. Pese a esto, lo que se gritó en las calles de Buenaventura, durante el Paro y las áreas que se identificaron que requerían atención para disminuir la inequidad, desigualdad, el racismo estructural y buscar que Buenaventura sea prospero para todos los bonaverenses y el país siguen siendo una prioridad.
Los temas de condiciones básicas requeridas para vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio como el acceso a la salud, educación, justicia, productividad y empleo, vivienda y agua potable las 24 horas, entre otro, siguen sin resolverse en el territorio.
El Plan de Acción Laboral de los EE. UU. y Colombia se firmó con el compromiso de que ambos países resuelvan la crisis de derechos laborales, precarización laboral y la protección a los trabajadores de los terminales portuarios. Después de una década de la firma, la situación laboral sigue siendo precaria y requiere atención especial de parte de la ministra de Trabajo de Colombia, el Departamento de Labor de los EE. UU., la OIT y todas las empresas que utilizan los servicios del puerto.
Los acuerdos del paro cívico de Buenaventura, se establecieron para resolver los problemas estructurales y garantizar derechos, esto implica que se realicen inversiones públicas y privadas para atender el déficit de inversión social causado por el mal manejos de recursos, corrupción y otros temas estructurales que se han comido el presupuesto de la gente y/o desviados recursos designados para el pueblo a otras agendas. Se debería considerar el modelo de economía propuesto en la visión compartida de desarrollo del PIEDB 2040 1 para aumentar los recursos, cerrar las brechas y estimular las economías locales.
Como organizaciones de sociedad civil, estamos en la espera que el gobierno de los EE.UU. avance con lo pactado en el marco del TLC acerca de sindicalistas y el sector portuario y que se incluye Buenaventura en futuros intercambios y futuras acciones para disminuir el racismo y la discriminacion racial. Le exigimos al Presidente Joseph Biden, el Congreso de los EE.UU., el departamento de estado, departamento de labor que dentro de sus mandatos y acuerdos con Colombia que integren esfuerzos que apoyan desmantelar los grupos ilegales y criminales de Buenaventura, justicia para las victimas de los mismos, avancen e implementen los acuerdos humanitarios que se acordaron con el ELN que son de directo impacto al municipio de Buenaventura y avancen implementacion del Capitulo Etnico del acuerdo de paz del 2016.
Washington Office on Latin America (WOLA)
Latin America Working Group (LAWG)
International Institute for Race and Equality
Colombia Acuerdo de Paz NGO
Colombia Human Rights Committee (CHRC)
Alianza Nacional de Periodistas Afro-Colombianos
Afro-Latino Development Fund
Favor comuniquese con Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. acerca de inquietudes o respuestas.
