La Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria al senador Alvaro Uribe Velez, y al día siguiente el sol salió como de costumbre. Nada de lo que predijeron los voceros del uribismo ocurrió. Las gentes no salieron a tomarse las calles, salvo a algunos desfiles de carros de alta gama y pequeñas concentraciones donde se expresaron a favor y en contra de la medida, ni el país quedó sumido en el caos y la violencia, como advirtió una de las columnistas preferidas del uribismo.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte actuó dentro del marco de sus competencias y tomó una decisión en un caso complejo, en medio de presiones provenientes de diversos sectores.

Los 5 magistrados que integran la sala especial de instrucción fueron unánimes en respaldar la ponencia que privó de la libertad a Uribe, dejando claro que nadie, por importante y representativo sea, está por encima de la ley y que Uribe no tiene garantizada impunidad perpetua por el hecho de haber enfrentado a las FARC.

Lo único que podemos decir las personas que estamos al margen del proceso, es que se trata de una decisión adoptada por el órgano de justicia competente, que el procesado no ha sido objeto de una sentencia condenatoria y que por lo tanto no se puede decir fehacientemente que es penalmente responsable de los delitos que le imputan.

Hablar sobre el contenido de una decisión y de las pruebas sobre la que esta soportada sin conocer a fondo un proceso que está sometido a reserva, por mandato legal, es una irresponsabilidad. Basar las críticas en informes de prensa y las posturas de los sujetos procesales, es desconocer que tienen el defecto de ser fragmentarios, sesgados y tendenciosos.

En una democracia las decisiones de los órganos de justicia se respetan y acatan. Por eso resulta inaceptable la actitud del presidente IVAN DUQUE de cuestionar la decisión de la corte, en defensa de su mentor y jefe político. Su obligación es la de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y velar por la independencia y autonomía de las ramas del poder público, principios sobre los cuales esta edificado nuestro estado social de derecho. Por esa razón, debemos rechazar enérgicamente qué en respuesta a la decisión de la Corte, DUQUE proponga una reforma judicial, cuyo objetivo es precisamente la eliminación de la corte suprema de justicia.

Se trata de un acto revanchista del jefe estado, de una actitud dictatorial que busca librar a Alvaro Uribe Velez de una sentencia condenatoria.

La democracia y el estado social de derecho están en grave peligro. A falta de las esperadas revueltas populares a favor de Uribe, Duque quiere acabar con la institucionalidad de un plumazo.

En lugar de dedicar los 24 meses que le quedan de gobierno a resolver los graves problemas sociales derivados de la pandemia y que tiene a millones de colombianos en situación de pobreza extrema, DUQUE concentrará sus esfuerzos en garantizar que Alvaro Uribe goce de impunidad a toda costa.

Duque renunció a su condición de jefe de estado y presidente de todos los colombianos, para convertirse en defensor oficioso de Alvaro Uribe Velez, quien ha contado con todos los medios y recursos para defenderse de los múltiples procesos judiciales que cabalgan en su contra, la mayoría de ellos por delitos de lesa humanidad.

Los colombianos debemos confiar en los órganos de justicia o jamás dejaremos atrás la violencia que nos ha enlutado a lo largo de la historia. Quienes se suman al coro en contra de la Corte, promueven de esta manera la desconfianza en las instituciones judiciales, lo cual ha traído como consecuencia el fomento de la justicia privada y la existencia de los grupos alzados en armas.  

Los ataques que sufre la corte suprema ponen en grave peligro la integridad misma de los magistrados, por esa razón debemos hacer un llamado urgente a los órganos de justicia internacional y a los gobiernos democráticos para que exijan al Iván Duque protección a los togados,  restablezca el orden constitucional y legal y cumpla con la obligación de acatar y hacer efectivas las decisiones judiciales.