El Consejo Nacional de Cultura denunció ante todas las instituciones de esa rama en el país el anuncio de la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Pueblo Viejo de transformar la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública Municipal en una base de alojamiento para las tropas del ejército nacional.
Por medio de un manifiesto público y vehemente, el máximo órgano consultivo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes calificó la iniciativa como un atropello jurídico y una vulneración flagrante a los derechos fundamentales de la población civil caribeña.
La controversia escaló tras conocerse una serie de visitas técnicas conjuntas adelantadas en el recinto por la gobernadora María Margarita Zúñiga Guerra, el alcalde Brando Márquez Márquez, y el alto mando de la Segunda Brigada del Ejército. Esas inspecciones civiles y militares tenían como propósito planificar la adecuación física de las salas de lectura para el acuartelamiento permanente de soldados, bajo el argumento institucional de contrarrestar el recrudecimiento de la violencia y el accionar delictivo de las bandas criminales que azotan a esta subregión del departamento.
No obstante, los veintidós firmantes del estamento cultural —entre quienes se encuentran delegados de la Academia Colombiana de Historia, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y diversos pueblos indígenas— manifestaron su rotunda oposición.
El Consejo denunciante argumenta que la seguridad de los ciudadanos no puede restablecerse a expensas de clausurar los escasos espacios destinados al desarrollo intelectual, el tejido social y la reconciliación democrática. Advirtieron, además, que pretender desplazar el material bibliográfico hacia recintos alternos con graves carencias locativas constituye un grave detrimento al patrimonio público y una flagrante revictimización de los habitantes locales que han sido objeto por décadas de la violencia paramilitar, guerrillera y gubernamental.
El núcleo de la denuncia radica en el marco legal y las disposiciones multilaterales vigentes. De acuerdo con el pronunciamiento, utilizar bienes civiles dedicados a la educación y la cultura para fines bélicos contraviene la Constitución Política de Colombia y la Ley 1379 de 2010. Con mayor gravedad aún, la corporación hizo énfasis en que la ocupación militar de la infraestructura vulnera el Principio de Distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las directrices de la Convención de La Haya de 1954. Al albergar tropas, un centro de saber comunitario se transforma de manera automática en un objetivo militar legítimo para los grupos armados ilegales, exponiendo de forma irresponsable al personal bibliotecario, a los investigadores y a los niños usuarios a los rigores de un ataque armado.
Ante la gravedad de este escenario, el Consejo Nacional de Cultura elevó una exigencia perentoria a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las autoridades territoriales para detener de forma inmediata y definitiva el proyecto de reconversión. El organismo exhortó al mando militar y al gobierno local a estructurar planes alternativos de seguridad ciudadana que protejan la vida sin desmantelar los centros de resistencia pacífica. “La cultura es un escudo contra la violencia”, concluye el texto, y afirma que que las armas no deben sustituir a los libros.