La familia del activista y comunicador colombiano Beto Coral denunció este viernes la pérdida total de contacto con él tras un traslado realizado por autoridades migratorias de Estados Unidos. Su situación se agravó con la desaparición de su nombre del sistema oficial ICE Locator, utilizado para ubicar a personas en condición de custodia migratoria. La falta de información sobre su paradero llevó a sus allegados a solicitar la intervención urgente del Gobierno colombiano, organismos internacionales de derechos humanos y Naciones Unidas, ante el riesgo de que se estén vulnerando garantías fundamentales reconocidas por el derecho internacional.
De acuerdo con la denuncia hecha pública por sus parientes, Coral fue trasladado recientemente a otra instalación bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Sin embargo, desde ese momento no ha sido posible establecer comunicación con él ni obtener información oficial sobre el lugar donde permanece recluido contra su voluntad.
La preocupación aumentó cuando los allegados verificaron que el nombre del activista dejó de aparecer en ICE Locator, la plataforma digital administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), herramienta utilizada para consultar la ubicación de personas detenidas por razones migratorias.
Según la familia, la desaparición del registro de Beto Coral en el sistema impide conocer tanto su ubicación como las condiciones en las que se encuentra.
Ante la incertidumbre, familiares y personas cercanas al activista hicieron un llamado urgente al gobierno de Colombia para que ponga en marcha los mecanismos diplomáticos disponibles para estos casos y solicite información oficial a las autoridades estadounidenses. De igual forma, pidieron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales encargados de la protección de personas privadas de la libertad.
“El día de ayer perdimos contacto con Beto. No tenemos acceso a su ubicación y al parecer lo trasladaron nuevamente (...) Ante la falta de información y la imposibilidad de tener contacto con él, lqueremos hacer un llamado urgente al Gobierno de Colombia, a las Naciones Unidas, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para que acompañen el caso y velen por el respeto de sus derechos fundamentales.”, señalaron allegados al colombiano al advertir que la ausencia de información genera una creciente preocupación por su integridad física y jurídica.
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— Beto Coral (@Betocoralg) September 2025
La situación ha despertado inquietud entre organizaciones de derechos humanos debido a las obligaciones concretas que tienen los Estados respecto de las personas bajo su custodia. En los sistemas democráticos, la localización permanente y verificable de quienes se encuentran privados de la libertad constituye una garantía esencial para evitar abusos y proteger derechos fundamentales como la integridad personal, el debido proceso y el acceso a la defensa.
Diversos expertos han dicho que cuando una persona se encuentra detenida por agentes estatales, las autoridades tienen el deber de mantener registros actualizados sobre su situación y de facilitar información a familiares, representantes legales y organismos competentes.
La falta de trazabilidad de una persona bajo custodia puede convertirse en una señal de alerta que exige aclaraciones inmediatas por parte de las instituciones responsables.
Aunque hasta el momento no existe información que permita afirmar de manera definitiva que Beto Coral haya sido víctima de una desaparición forzada en los términos establecidos por el derecho internacional, especialistas consultados sobre estándares de protección advierten que la combinación de tres factores —traslado no informado, pérdida de registro público e imposibilidad de comunicación— constituye una circunstancia especialmente sensible que amerita una respuesta urgente.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que este delito ocurre cuando una persona es privada de la libertad por agentes del Estado o con su autorización, apoyo o aquiescencia, y posteriormente se niega dicha privación de la libertad o se oculta la suerte o el paradero de la persona desaparecida, colocándola fuera de la protección de la ley.
Juristas especializados en derechos humanos señalan que la desaparición temporal de una persona de una base de datos oficial no constituye por sí sola prueba suficiente de una desaparición forzada. No obstante, subrayan que la falta de información sobre una persona detenida y la imposibilidad de verificar su ubicación son circunstancias incompatibles con las obligaciones internacionales de transparencia y rendición de cuentas que deben cumplir los Estados.
Por esa razón, organismos internacionales suelen considerar prioritario que las autoridades responsables aclaren de manera inmediata cualquier vacío de información relacionado con personas bajo custodia estatal, especialmente cuando existen familiares que reportan dificultades para conocer su situación.
Hasta el cierre de esta edición no se conocía una explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses sobre las razones del traslado de Coral, el centro de detención al que habría sido conducido ni las circunstancias que explican su desaparición del sistema ICE Locator.
Tampoco se ha informado públicamente si la pérdida de su registro corresponde a un procedimiento administrativo, a un traslado entre instalaciones o a cualquier otra circunstancia relacionada con su proceso migratorio.
La preocupación en torno al caso también se ha visto alimentada por versiones difundidas en redes sociales y algunos espacios informativos que señalan que Beto Coral habría sido sometido a tratos degradantes o actos de tortura durante su detención.
El periodista Daniel Coronell, amigo de Coral, ha seguido el caso desde Miami y reiterado preocupación por las condiciones de la detención, los traslados entre centros de custodia, la falta de información sobre su ubicación y las posibles afectaciones al debido proceso. En distintos espacios periodísticos, Coronell ha advertido sobre la necesidad de que las autoridades estadounidenses esclarezcan de manera inmediata la situación jurídica y el paradero del activista colombiano.
Organizaciones defensoras de derechos humanos recuerdan que, de comprobarse prácticas como el aislamiento prolongado, la incomunicación injustificada, las golpizas, las amenazas, la coacción psicológica o cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante, estas podrían catalogarse como torturas y constituir graves violaciones de los estándares internacionales de protección de las personas privadas de la libertad.
