Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro, exjefe de las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en plenos años noventa. Este afrontaba un reciente proceso judicial por el asesinato de tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, en Medellín. La sorpresa llegó el pasado 15 de febrero, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín lo absolvió y ordenó la libertad inmediata.
Hacia finales del año pasado, la W Radio publicó una lista de quince reclusos que hacían parte de la “Mesa Nacional por la Paz Total” y el primer nombre lo encabezaba Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas. Un nombre que no pasa desapercibido entre fiscales, especialmente de Medellín y la regional de Antioquia, porque mientras daban el gran golpe de sus vidas al paramilitarismo en materia investigativa y financiera, en un caso conocido como el Parqueadero Padilla, también afrontaban el exterminio de sus colegas.
En la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) le explicaron a este medio que “esa Mesa es una iniciativa de ellos [los reclusos]”, que “no tiene apoyo ni la impulsa la OACP”. Aunque dejaron ver que le dan una palmadita en la espalda: “la vemos con buenos ojos como actividad de construcción de paz, pero es independiente de las actividades oficiales del Comisionado”.
Según consultamos, los fiscales del reciente caso “Lucas” esperaban la resolución por parte del Juzgado Segundo Penal para inicios de diciembre del año pasado, pero se atravesó la noticia de que iba a ser parte del proceso de la Paz Total. El desenlace del fallo no sólo se retrasó sino que pareció empantanarse todo.
Para aclarar dudas, Cuestión Pública consultó con el juez la decisión y la relación por el lugar que hoy ocupa alias Lucas en la Mesa Nacional por la Paz. Aún no obtenemos respuesta.
Fuentes cercanas al caso Lucas ven como un exabrupto que pueda, siquiera, ser considerado un gestor de paz desde la cárcel La Picota, donde ha estado recluido.
¿Se trataría, entonces, de otra coincidencia de la justicia que termina por favorecer a uno de los integrantes de la llamada Mesa Nacional por la Paz de las cárceles?
La semana pasada ocurrió con Jorge Luis Alfonso López, el hijo de Enilce “la gata” López, ex empresaria del chance. Su caso alcanzó la espuma de la opinión nacional, porque dejaba en libertad al autor intelectual del asesinato de Rafael Enrique Prins, en 2005, director del periódico “El Apocalipsis”, de Magangué. Tenía, además, una vena emblemática: “Es el primero, en Colombia, en el que se condena al autor intelectual del asesinato de un periodista”, según le dijo Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en entrevista con Cecilia Orozco, en El Espectador.
Aunque cumplía su condena en casa por cárcel, tan pronto asumió su papel de facilitador de paz, Alfonso López pidió la libertad. El juez que se la concedió dijo que el gobierno siempre estuvo al tanto de su decisión. Pero, tras conocerse la noticia, el ministro del Interior Alfonso Prada salió a apagar el incendio y negó que el Gobierno hubiera solicitado tal condición para que pudiera ser gestor de paz. En menos de 48 horas, dicha resolución quedó revocada.
El teflón de Lucas
Jacinto Alberto Soto Toro nunca aportó verdad en el proceso de justicia en el que se vio involucrado el 30 de abril de 1998, cuando fueron allanadas las oficinas de aquel parqueadero de nombre Padilla.
Allí una comisión de investigadores del CTI y fiscales encontraron una extensa contabilidad de consignaciones por miles de millones de pesos del clan Castaño, Mancuso y del Estado Mayor de las ACCU. Incluidas las cuentas de la masacre del Aro, ocurrida en octubre de 1997, el pago de nóminas de los bloques paramilitares, la compra de armas y municiones.
Si bien en ese momento aceptó ser miembro, Soto Toro siempre mintió frente a su responsabilidad y dijo a los fiscales e investigadores a cargo del hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez (entonces Fiscal Regional) ser el que “asentaba” nombres y cheques. Nada más. No proporcionó información alguna sobre quiénes financiaron el paramilitarismo, a pesar de que en el allanamiento se incautaron más de trescientos cheques con nombres de ganaderos, empresarios y comerciantes.
Ni siquiera fue capaz de reconocer en las indagatorias de aquella época que su alias era Lucas en la organización.
Pasados un poco más de dos meses de estar detenido, se fugó de la cárcel con una falsa boleta de libertad expedida por otro funcionario de la Fiscalía. El 28 de agosto del 2015 fue requerido, de nuevo, por el ente investigador y se presentó con documentos de Justicia y Paz en los que demostraba la cesación del proceso, sin más remedio, lo exoneraron de toda culpa. “Yo no tengo ninguna denuncia por esos mismos delitos por los cuales enumera ahorita, no tengo ninguna denuncia de ningún ciudadano colombiano de bien que no pertenezca a ningún grupo al margen de la ley, no la hay”, insistió en aquella ocasión.
La Fiscalía lo retuvo de nuevo en abril del 2021, porque encontró pruebas suficientes para vincularlo con el asesinato de tres funcionarios del CTI: Manuel Guillermo López Umaña, asesinado el 5 de septiembre de 1997; John Jairo Ruíz, el 14 de marzo de 1998 y Luis Fernando Gónzalez Jaramillo, el 13 de abril de 1998.
Como al cíclope en la Odisea, Lucas le volvió a clavar una lanza al ojo de la justicia y la dejó ciega. Los fiscales del caso apelarán el reciente fallo.
Consultar el fallo completo en https://drive.google.com/file/d/1LPgeLVBV2jXEB7NM6E6duCAdwjPBqQdC/view?usp=sharing
