Un balance bastante negativo para Colombia en materia de violaciones a derechos humanos dejó el año 2021, balance que incluye masacres, asesinatos y desplazamiento forzado masivo. Cifras de las organizaciones defensoras de derechos humanos y dos informes internacionales publicados la semana pasada lo evidencian, se trata del Informe Mundial de la ONG Human Right Watch (HRW) y el último informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país.
El informe de HRW señaló que “la Oficina de la ACNUDH documentó 76 masacres durante 2020 —la cifra más alta desde 2014— y recibió información sobre otras 82 entre enero y septiembre de 2021”. Las cifras de INDEPAZ son aún más graves: 96 masacres en el 2021. El tema es preocupante.
El asesinato de líderes y defensores de derechos humanos tiene también indicadores dolorosos: hasta septiembre de 2021, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) había documentado el asesinato de 58 defensores y se encontraba verificando otros 34 casos. Y según Indepaz, entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2021 fueron asesinados 168 líderes y defensores de derechos humanos. Aunque marca una disminución respecto a las cifras de 2020, sigue siendo un asunto alarmante.
El desplazamiento forzado aumentó, de hecho, 2021 es el año de mayores desplazamientos forzados masivos en los últimos 5 años. De acuerdo con el Sistema de Información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 82.846 personas fueron desplazadas entre enero y noviembre de 2021, un aumento del 169% respecto al 2020. Por su parte, la agencia de la ONU para Asuntos Humanitarios reportó un incremento del 62% en el número de eventos de desplazamiento.
Otro asunto preocupante en cuanto a vulneración de derechos humanos es que en el último año en Colombia la represión policial alcanzó niveles sin precedentes, como las graves violaciones a derechos humanos que se registraron durante el Paro Nacional. Según su informe, “Human Rights Watch halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales”. Así mismo, la ONG Temblores documentó 4.687 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública entre el 28 de abril del 2021 y el 26 de junio del 2021, en los que se incluyen 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la Fuerza Pública, otros 29 homicidios que están en proceso de verificación, 82 víctimas de agresiones oculares y 28 víctimas de violencia sexual. Según estos datos, se puede decir que el abuso y brutalidad policial que se observó particularmente durante el Paro Nacional requiere medidas de solución urgentes, las cuales deberían incluir un debate serio sobre la necesaria reforma a la policía, demanda que debería estar en la agenda nacional.
El capítulo sobre Colombia del informe mundial de HRW destaca las violaciones cometidas por las guerrillas y las disidencias de las FARC, los paramilitares y los abusos cometidos por integrantes de la fuerza pública. También resalta amenazas a la independencia judicial, el desplazamiento forzado interno, la situación de los migrantes y la violencia de género.
En cuanto a los ataques a la independencia judicial, el informe de Human Rights Watch dice: “El presidente Iván Duque, aliado de Uribe, y otros líderes de su partido, el Centro Democrático, hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la corte y restar legitimidad a la decisión. Algunos propusieron reformar la rama judicial”. La independencia del poder judicial se ha visto afectada en el país, con graves implicaciones sobre la democracia, el país necesita dar una discusión sobre la relación entre democracia, derechos humanos y justicia.
La crisis en cuanto a violaciones de derechos humanos es común en toda América Latina. En 2021 la situación empeoró y se dieron significativos retrocesos. Por ejemplo, el informe documenta la emergencia humanitaria y los abusos del régimen en Venezuela, las detenciones arbitrarias y las afectaciones a las elecciones libres en Nicaragua, y la represión y abuso policial común que se documentó en Chile, Ecuador, Cuba y Perú ante las manifestaciones ciudadanas. Otro punto común en la región fue el uso del estado de emergencia ante la pandemia de la COVID-19, el cual intensificó el control sobre la población civil. La pandemia tuvo efectos sociales y económicos catastróficos que se acompañaron con la pérdida de derechos y libertades ciudadanas.
Por otro lado está la crisis migratoria en toda la región, que se destaca como una situación común de vulneración a las garantías de seguridad e integridad para las personas en tránsito. El informe mundial destacó como situación grave en México los abusos contra migrantes por parte de la Guardia Nacional y políticas abusivas contra la migración. En este aspecto, y según el texto, Colombia es “el país que ha recibido la mayor cantidad de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Hasta junio de 2021, más de 1,8 millones de venezolanos vivían en Colombia” de acuerdo con el informe.
El último informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país hizo un balance de los últimos 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. El informe resaltó que la violencia se ha concentrado principalmente en 30 municipios, en su mayoría priorizados para la implementación. Adicionalmente, dice que continúa la violencia contra excombatientes y que es la mayor amenaza para su transición a la vida civil, de acuerdo con el texto, 303 excombatientes han sido asesinados, 79 han sido víctimas de tentativas de homicidio y 25 de ellos han sido desaparecidos desde la firma del acuerdo.
El 2022 parece continuar con esta tendencia al recrudecimiento en cuanto a violaciones a los derechos humanos en Colombia. El año inició con confrontaciones entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN en Arauca, enfrentamientos que dejaron como mayor afectada a la población civil. Esta situación empeora y se está extendiendo a otros territorios, confrontaciones que implica multiplicidad de actores armados, disputas por las rentas ilegales y la violencia acostumbrada de los años electorales en Colombia. Ante este panorama, es difícil hablar de la importancia que este país le da a proteger la vida, durante los primeros 20 días del año 2022 ya se documentaron 10 masacres y 9 líderes sociales asesinados.
*Historiadora, doctora en Ciencias Sociales.
Twitter: @FerSpinozaM
