A partir del primero de enero de 2026, los cerca de 3.000.000 de trabajadores y 1.2 millones de pensionados y pensionadas cuyas mesadas equivalen al salario mínimo, junto con sus familias, mejorarán sus condiciones de vida; pues, ante el fracaso de la concertación tripartita, el gobierno decretó que dicho salario será de $1.750.905 mensuales; el cual, sumado con el auxilio de transporte, también incrementado a $249.095 mensuales, asciende a $2.000.000, que equivalen al 23% de incremento salarial; el mayor aumento jamás recibido en los gobiernos liberales, conservadores, neoliberales de derecha y extrema derecha; los cuales, durante décadas hicieron aumentos pírricos, por debajo del IPC, del salario mínimo para favorecer las ganancia de los empresarios y la acumulación de capital; además de someter a la pobreza a la clase trabajadora. Iniquidad en la que ha permanecido Colombia durante décadas, al punto que figura como uno de los países más desiguales del mundo y el de mayor desigualdad del hemisferio occidental.
La novedad de este incremento, radica en que el presidente decidió invocar el precepto constitucional de “remuneración mínima vital y móvil” (artículo 53. CP) para avanzar en el cierre de la brecha abismal existente entre el costo de la canasta básica familiar, equivalente a $3.2 millones para una familia de tres miembros, y el salario mínimo. Los dueños del poder económico y político jamás aplicaron este principio, argumentando falsamente que aumentar los salarios genera inflación y mayor desempleo. Un salario vital y móvil debe cubrir el costo de la canasta básica y, con el incremento hasta $2.000.000, este sector de la clase trabajadora podrá comprar hasta el 62.5% de dicha canasta; lo cual, significa una mejora importante en sus condiciones de vida y la de sus familias.
Es innegable que el “Gobierno del Cambio” produjo avances significativos en ese propósito, al decretar incrementos por encima del IPC durante los cuatro años de su gobierno, en 2023 aumentó en $160.000 que equivalen al 16%, en 2024 le subió $140.000 equivalentes a 12%, en 2025 lo extendió en $123.000 que representa el 9.5% y, en 2026 lo aumentó en $327.000, similar al 23%, para un acumulado de $750.905; es decir, que el salario mínimo creció nominalmente en 75,4%; una conquista innegable de las movilizaciones y las luchas de la clase trabajadora, reconocidas y reivindicadas, incluso convocadas, por el presidente Gustavo Petro.
Dicho aumento que, ajustado a la inflación (IPC) de los cuatro años, significa un crecimiento real del salario mínimo en un 38.8%; es decir, que el poder adquisitivo de cerca de tres millones de trabajadores se incrementó en la misma proporción. Este hecho significó que, en los cuatro años del actual gobierno, las y los trabajadores pudieron comprar más alimentos y productos de la canasta básica, circuló más dinero y, por consiguiente, creció la demanda de bienes y servicios, los patronos se vieron obligados a contratar más trabajadores y aumentó la oferta; realidades que echaron por tierra la falsa teoría económica neoliberal que durante décadas nos vendió la idea de que aumentar salarios traía como consecuencia más inflación, menos empleo, despidos de trabajadores y quiebra de las pequeñas y medianas empresas.
Con esta política, gobiernos neoliberales, mantuvieron a la clase trabajadora sometida a salarios de hambre durante más de tres décadas, situación que se agravó a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez; quien expidió la ley 789/2002, mediante la cual amplió la jornada laboral diurna a 16 horas, (de 6 am a 10 pm), disminuyó la jornada laboral nocturna a 9 horas (de 9pm a 6am) y redujo el 25% en el pago de recargos dominicales y festivos laborados. Con esta medida les ahorró a los capitalistas billones de pesos, quienes durante 23 años pagaron salarios de hambre y sobrexplotaron a los y las trabajadoras al pagarles menos por su trabajo en horario nocturno, en dominicales y festivos; billones que saqueados “legalmente” de sus derechos laborales, fueron a parar en las arcas del empresariado. Esta política, institucionalizada durante siglos, es clara demostración de la lucha de clases que libra soterradamente la clase burguesa contra la clase trabajadora; pero que niegan sistemáticamente.
La dimensión de esta conquista se hace más notoria si la comparamos con los incrementos al salario mínimo durante los gobiernos neoliberales anteriores; Álvaro Uribe, en ocho años, lo incrementó el 66% nominal, equivalente al 8.2% anual, que, con otras variables, significó un 9.1% de aumento del salario real; Juan Manuel Santos, también en ocho años, lo incrementó 52% nominal, en promedio 6.5% anual, que con otras variables, significó un incremento real del 15% , Iván Duque en cuatro años hizo aumento nominal acumulado del 29%, equivalente al 11.5% de aumento real.
La política de incrementar el salario mínimo real mediante aumentos superiores a la inflación acumulada, implementada por el presidente Gustavo Petro, que permitió una recuperación significativa del poder adquisitivo del salario mínimo, se inscribe en la práctica de gobiernos progresistas de América Latina; Veamos solo dos ejemplos, en sus dos primeros gobiernos el presidente Lula de Brasil, en ocho años, aumentó el salario mínimo en 155% nominal y 54% real y el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, en su periodo de seis años, aumentó el salario mínimo en 250%, casi lo triplicó, lo cual significó un aumento real de su poder adquisitivo de más del 150%; en ambos países la economía creció, la producción se multiplicó, la demanda de bienes y servicios se incrementó, etc. Experiencias que desvirtuaron en la práctica las falacias de los economistas y empresarios neoliberales.
Mientras los aumentos acumulados realizados por el gobierno del cambio, han avanzado, tanto para la clase trabajadora, como para los 1.2 millones (aproximadamente) de pensionados y pensionadas que devengan una mesada equivalente al salario mínimo, en dirección a la recuperación del poder adquisitivo de sus salarios y sus mesadas, para el millón de pensionados y pensionadas, incluidos más de 245.000 docentes jubilados y jubiladas, que devengan mesadas superiores o ligeramente superiores al salario mínimo, tales ajustes han impactado negativamente sus ingresos y, por consiguiente, su poder adquisitivo se ha deteriorado progresivamente durante más de tres décadas de vigencia de la ley 100/1993. A este numeroso sector el incremento del salario mínimo le ha representado una nivelación por lo bajo de sus mesadas pensionales.
En el cuatrienio del presidente Petro, dichas mesadas se han deteriorado en la misma proporción en que se ha incrementado el salario mínimo; concretamente, en este año las mesadas pensionales se incrementarán nominalmente en 5.1% que corresponde al IPC registrado en 2025; es decir, 18% menos que el incremento del salario mínimo; esto significa que, mientras el salario real de los trabajadores se apreció en 38.8%, el poder adquisitivo real del millón de pensionados y pensionadas, cuyas mesadas superan el salario mínimo, se ha deteriorado en la misma proporción de dicho aumento.
La burguesía colombiana en su desmedida codicia, ha utilizado a sus testaferros políticos de extrema derecha, candidatas y candidatos del uribismo y los gremios económicos, enfurecidos por el incremento del salario mínimo, que avanza hacia la conquista del salario vital y móvil, han presentado demanda de nulidad ante el Consejo de Estado del decreto que incrementó positivamente dicho salario, con el riesgo de que este organismo que hace oposición solapada, a veces descarada, al gobierno, falle en favor de anular por vía judicial lo que la clase trabajadora ha conquistado con la movilización y el respaldo a las reformas democráticas del gobierno. Por fortuna, un juez de la República negó la acción de tutela contra el decreto 1469 de 2025, incoada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Castillo, por no encontrar razones valederas que causaran daño o perjuicio personal al autor de la misma que, dicho sea de paso, devenga una “modesta” pensión superior a $40 millones mensuales.
El presidente de la República ha alertado sobre este riesgo y ha anunciado que convocaría un paro nacional en caso de un fallo adverso del Consejo de Estado, que no solo atentaría contra los intereses y derechos de la clase trabajadora, sino contra la política económica que, innegablemente ha dado resultados positivos en materia de crecimiento de la economía, la baja inflación, la disminución del desempleo, etc. Las centrales sindicales, el movimiento campesino, indígena y popular, los estudiantes del SENA, las bancadas parlamentarias del Pacto Histórico y la juventud en general, deben defender en las calles esta importante conquista de las y los trabajadores colombianos.