Minneapolis, la ciudad que en 2020 se convirtió en el epicentro global de la lucha contra el racismo sistémico tras el asesinato de George Floyd, ha vuelto a situarse en el centro de una confrontación histórica. Esta vez, el escenario no es solo la violencia policial, sino una colisión directa entre el poder federal y las libertades civiles. El 1 de diciembre de 2025, la administración Trump dio inicio a la Operación Metro Surge, una ofensiva migratoria sin precedentes en Minnesota, estado bastión demócrata y hogar de la comunidad somalí más numerosa de Estados Unidos.
La escalada de la ofensiva federal
Bajo la premisa de combatir la inmigración irregular y un supuesto fraude en programas sociales, la Administración de Trump intensificó su retórica hostil contra la población somalí y las autoridades locales. Lo que comenzó como una operación focalizada se transformó, en enero de 2026, en un despliegue masivo de dos mil agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza en Minneapolis y Saint Paul. Un análisis de CBS News reveló que, lejos de capturar únicamente a “delincuentes peligrosos”, la operación resultó en miles de detenciones de personas sin antecedentes penales, dejando al descubierto la naturaleza política de la ofensiva.
La tensión alcanzó un punto de quiebre el 7 de enero, cuando un agente de ICE abatió a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, mientras permanecía en su vehículo. La tragedia reavivó el trauma colectivo de 2020 y desencadenó una oleada de protestas y demandas constitucionales por parte del estado y las ciudades afectadas, acusando al gobierno federal de discriminación racial y abuso de autoridad. La respuesta de Trump no fue la conciliación, sino la amenaza de invocar la Ley de Insurrección, mientras el Departamento de Justicia iniciaba investigaciones contra el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey por presunta obstrucción.
El clima de terror se agravó con la detención de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, y el asesinato de Alex Pretti, un enfermero estadounidense que observaba las protestas, el 24 de enero. Estos episodios, sumados a los ataques verbales contra la congresista somalí Ilhan Omar, estigmatizaron a la comunidad musulmana y evidenciaron un uso del poder federal orientado a desacreditar a representantes electos, mujeres y minorías.
Del tejido social a la acción institucional
La respuesta local fue un ejercicio de resiliencia. La red de “ayuda mutua” (mutual aid), forjada durante las protestas de 2020, se activó para documentar redadas, proteger familias y coordinar asistencia legal. Esta infraestructura comunitaria, que unió a sindicatos, iglesias y vecinos, demostró que la solidaridad es el antídoto más eficaz contra el miedo.
A este frente ciudadano se sumó una estrategia institucional robusta. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, una figura clave afroamericana y el primer musulmán electo al Congreso, lideró una batalla legal de más de 70 demandas contra la administración Trump, buscando frenar la Operación Metro Surge por sus vicios constitucionales.
La combinación de la presión social en las calles y de los esfuerzos judiciales forzó un repliegue federal. En febrero de 2026, tras el relevo en el mando de la operación y el desgaste político, la administración anunció el retiro gradual de los agentes. Aunque las operaciones migratorias ordinarias continuaron, la resistencia logró establecer un límite claro al poder federal. Incluso ante las amenazas de militarización, la organización y la organización ciudadana pueden frenar los abusos del gobierno central y defender los derechos fundamentales.
Sombras y lecciones de cara a una nueva era política
Sin embargo, el fin del despliegue no significó el fin de la vigilancia. Revelaciones posteriores, como las operaciones encubiertas Puppet Master y Project Whipple Shield, documentadas por WIRED, expusieron el uso de drones, infiltración y monitoreo de activistas, prácticas que defensores de derechos humanos han comparado con el infame programa COINTELPRO del FBI. En octubre también se conoció que una agencia federal utilizaba una empresa privada registrada en Minnesota llamada Midwest Transfer Companies LLC para financiar determinadas operaciones encubiertas, lo que profundizó los cuestionamientos sobre transparencia y supervisión.
El desenlace de esta crisis llegó con las elecciones del 3 de noviembre. La indignación ciudadana se transformó en una victoria electoral contundente. Los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado y recuperaron el control legislativo estatal, y Minnesota eligió a Amy Klobuchar como gobernadora y a Peggy Flanagan como la primera mujer indígena en el Senado. Fue la prueba definitiva de que la defensa de los derechos civiles es, en última instancia, una disputa democrática por el poder.
Para Colombia y América Latina, Minnesota deja una lección profunda sobre la importancia de defender la democracia no solo desde las instituciones, sino mediante la articulación entre la movilización ciudadana, la acción jurídica y la participación electoral. Su experiencia demuestra que la defensa de los derechos civiles puede transformarse en una fuerza política capaz de disputar democráticamente el poder, llevar demandas sociales a las urnas y exigir rendición de cuentas a los gobernantes.
También evidencia la importancia de construir alianzas duraderas que transciendan las coyunturas de protesta y permitan sostener la resistencia frente al autoritarismo. Minnesota representa tanto una advertencia sobre la fragilidad del Estado de derecho como un ejemplo poderoso de que la resistencia ciudadana puede contener los abusos del poder y transformar el rumbo político de su país.









