En Colombia la democracia no ha servido —al menos no todavía— para erradicar el robo del poder. Pero ha comenzado a lograr algo que no es ninguna lagaña de mico: permitir que los ladrones cambien. Que no roben siempre los mismos. Que, de vez en cuando, lleguen otros.
Durante siglos, el botín del Estado ha sido patrimonio de castas cerradas, apellidos repetidos, clubes exclusivos y regiones blindadas por el silencio y la amenaza de bandas criminales. Robar es un privilegio hereditario, una tradición mejor cuidada que la Constitución. El acceso al saqueo está regulado con más rigor que el acceso a la educación o a la salud. No cualquiera puede meter la mano. Hay que pertenecer a lo que Álvaro Gómez llamó “el régimen”, al que él perteneció y conoció a fondo.
La democracia colombiana —imperfecta, ruidosa, frágil— introdujo una anomalía peligrosa para ese orden: el voto. Y con él, una posibilidad que para las élites siempre fue intolerable: que el poder pudiera cambiar de manos y, por tanto, la administración del botín.
No nos engañemos. El sistema no se volvió virtuoso de la noche a la mañana. El pecado original sigue ahí. El Estado continúa siendo una presa codiciada. La diferencia es que ya no es un coto cerrado. Ahora, de cuando en cuando, llegan nuevos ladrones: otros acentos, otros orígenes, otros resentimientos, otras hambres, otras lealtades sociales.
Y eso explica buena parte del escándalo moral que sacude al país cada vez que ocurre un relevo. No es que antes no se robara. Es que antes robaban “los de siempre” con modales, con corbata, con editoriales que los protegían. Robaban para los suyos, para los mismos sectores, cada vez más ricos, que siempre tuvieron acceso al presupuesto, a los contratos, a la impunidad inveterada. La Fiscalía, el gran paraguas de la corrupción de cuelo duro, los sigue protegiendo.
Hoy el escándalo no es solo el robo —que sigue siendo condenable— sino el destino del robo. A quién favorece. A qué sectores llega. Qué barrios, qué regiones, qué grupos sociales aparecen por primera vez en el reparto de lo público, aunque sea de manera distorsionada, clientelar o corrupta. Colombia, al fin y al cabo, es un país de ladrones.
La democracia colombiana, en su versión más cruda, ha permitido algo que nunca ocurrió bajo el régimen del saqueo exclusivo: que sectores históricamente excluidos se asomen, así sea por las rendijas, a un poder que antes solo los reprimía o los ignoraba. Incluso cuando ese acceso es torpe, contradictorio o moralmente incómodo.
Por eso el debate real no es si hay corrupción —la hay, pulula—, sino quién decide, quién reparte y quién queda fuera. El verdadero miedo de muchos no es que el Estado sea robado, sino que ya no sea robado únicamente por ellos: los de siempre.
El ejemplo más brutal es el saqueo de la salud pública: sus grandes depredadores actúan hoy con desesperación, recurriendo sin pudor a mentiras, trampas y delitos para retener en sus bolsillos los miles de millones destinados a un derecho social fundamental.
La democracia no nos ha dado aún gobiernos honestos. Pero sí nos ha entregado algo más elemental: el derecho a decir “ya no son solo ustedes”.
Tal vez ese sea el punto de partida, no el final de la ruta. Una democracia que empieza permitiendo cambiar de ladrones puede, con presión social y memoria, aspirar algún día a dejar de necesitarlos. Pero ese día no llegará defendiendo privilegios disfrazados de moral.
Porque en Colombia, lo verdaderamente revolucionario no ha sido acabar con el robo, sino romper el monopolio del saqueo. Y eso, para muchos, sigue siendo imperdonable.
Para la justicia colombiana el único delito grave es robar poquito. Es imperdonable. Para ser delincuente y vivir en la impunidad se debe ser Dilian Francisca, Char, Kaloy, Uribe, su familia y sus bandas criminales; Fico, Martínez Neira, Turbay, Duque, Mattos, Papá Pitufo, Barbosa, Gaviria, López, Martha Mancera, Espriella, Mancuso, Sarmiento. Solo cito a una milésima parte. Hay que robar en grande para que la Fiscalía General de la Nación se convierta en su atento y seguro abogado defensor.
Hace poco, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, me respondió un derecho de petición en el que informó, de manera tajante, que ella se encargará de impedir que la entidad investigue a su esposo (Germán Marroquín Grillo) por vínculos de público conocimiento con el “cartel de la toga”. (Ver aquí).
En Colombia, la moral pública no se indigna por el robo, sino por el desorden en el reparto. El verdadero crimen no es saquear, sino hacerlo sin pedigree. No obstante, hoy, el régimen ha sido avisado. El botín ya no es hereditario.