De acuerdo con la Secretaría de Transparencia de Colombia, este país ostentó entre los años 2010 y 2023 un escandaloso 94% de impunidad en los casos de denuncias por corrupción. Tenemos una Fiscalía General de la Nación que, en toda su historia, ha sido incapaz de condenar a los máximos responsables de los delitos más execrables cometidos en el país. De manera deliberada, suelen ser fragmentados los casos que relacionan a los criminales más poderosos de Colombia, evitando así profundizar en los análisis de contexto para identificar estructuras y conductas sistemáticas de los aparatos organizados de poder. Tenemos también un Congreso incapaz de sacar adelante una ley que imponga sentencias ejemplares por casos de corrupción y la eliminación de beneficios como prisión domiciliaria, libertad condicional, pabellones VIP en los centros penitenciarios y reducciones ridículas de condenas a quienes defraudan al Estado. Es decir, tenemos un Estado que funciona para favorecer a los más poderosos criminales y corruptos, de manera que puedan continuar con éxito su carrera delincuencial.
El caso del corrupto contratista Emilio Tapia es un gran ejemplo de cómo el Estado ha sido moldeado para facilitar a los poderosos su accionar criminal. Tapia fue condenado por la justicia por delitos asociados a la corrupción y el lavado de activos, así como por concierto para delinquir, en primer lugar, por el caso conocido como el “Carrusel de la Contratación”, en el que, junto a los hermanos Moreno y los hermanos Nule, se robaron al menos 2 billones de pesos en el 2010. Por este caso, su condena en primera instancia fue fijada en 17 años de prisión. Pero, bajo oscuros argumentos, el Tribunal de Bogotá decidió reducir su condena a solo 7 años y 5 meses. Por este caso, Tapia Aldana nunca devolvió un centavo.
Para este entonces, Tapia “cumplía” su pena en el Batallón de Ingenieros del Ejército en Malambo (Atlántico), situación abiertamente ilegal, pues Tapia no reunía ninguno de los requisitos para pasar su reclusión en una casa fiscal. Esto es, no había sido funcionario público ni miembro de las fuerzas militares o de policía. No obstante, Tapia se mantuvo allí hasta el 2019, cuando un repudiable juez de la República le dio el beneficio de prisión domiciliaria.
En el 2020 y en ejercicio del beneficio de prisión domiciliaria, a través de figuras ilegales constituyó la Unión Temporal Centros Poblados, con la que ganó fraudulentamente la licitación del MinTic para dotar de internet a las escuelas rurales del país, sobre lo que luego se comprobó que había robado más de 70 mil millones de pesos con ayuda de funcionarios del gobierno de Iván Duque. No solo se robó el dinero, también la oportunidad de que las infancias más vulnerables del país accedieran a la conectividad digital y, por tanto, al derecho a la educación.
Casi en paralelo, en el 2021, atacó de nuevo con una figura similar, por medio de la cual ganó la licitación de Emcali para ejecutar dos obras alternas necesarias para el tratamiento y potabilización del agua del municipio de Puerto Mallarino, en el Valle del Cauca, que costaban más de 6 mil millones de pesos. Nuevamente, no solo se robó la millonaria suma, sino el derecho de comunidades vulnerables al acceso a agua potable, un derecho conexo a los derechos a la vida y a la salud, entre otros.
Por los casos de Centros Poblados y Emcali, juntos, Tapia recibió la irrisoria condena de seis años de prisión y devolver poco más de 5 mil millones de pesos, de los cuales solo devolvió la mitad con el argumento de que no tenía fondos suficientes para reintegrar esa fracción de la plata que se había robado. Sin embargo, ha sido de conocimiento público que, mientras tanto, Emilio Tapia sí tiene los recursos para comprarle a su hoy prometida, la cuestionada Representante a la Cámara por Córdoba Saray Robayo Bechara, un anillo de compromiso con un diamante de al menos 5.2 kilates que, avaluado por su precio más bajo podría costar, al menos, mil doscientos millones de pesos. Asimismo, a pesar de haber estado más de diez años en prisión, tuvo también el dinero suficiente para organizar una estrafalaria fiesta en Montería con el fin de lanzar la candidatura de su enamorada, esta vez al Senado de la República por el descompuesto partido de la U, con miras a las elecciones del 2026. Según las fuentes que documentaron dicha parranda, su costo ascendió a los 700 millones de pesos. ¿De dónde salieron?
Es pertinente recordar que la congresista Robayo Bechara engañó al país desde su condición de aforada, negando ante los medios de comunicación tener relación alguna con Emilio Tapia y haberse visto con él, luego de una denuncia del periodista Gonzalo Guillén que advirtió de las recurrentes salidas sin controles del Inpec que Tapia hacía para encontrarse con su entonces amante y hoy prometida.
Volviendo al 2021, al comprobarse que Emilio Tapia había violado en múltiples ocasiones la prisión domiciliaria para viajar por diferentes partes del país con el objeto de continuar sus negocios corruptos, la Procuraduría solicitó la revocatoria de la medida de prisión domiciliaria. Fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, al pabellón de funcionarios públicos (sin nunca haber sido uno), desde donde continuó delinquiendo y organizando bacanales junto a sus amigos y compinches, los criminales Carlos Mattos y alias ‘Kiko’ Gómez, lo que fue denunciado por los periodistas Gonzalo Guillén y Diana López Zuleta. Entonces, fue trasladado a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, en marzo de 2022.
Pasaron solo tres meses para que Tapia consiguiera que un juez corrupto de Malambo profiriera una inconstitucional decisión en el marco de una tutela elevada por su segunda esposa, Natalia Morales (a quien abandonó por Saray Robayo), quien, alegando el derecho a la reunificación familiar y a la dignidad de sus hijos, consiguió que Tapia Aldana fuera trasladado al Pabellón ERE de la Cárcel El Bosque, de Barranquilla. Esto, en contra de la ley y la jurisprudencia constitucional, reflejadas también en una directriz del Inpec que prohíbe el traslado de un privado de la libertad cuando lleva un período inferior a un año en un centro de reclusión, en este caso en La Picaleña, y teniendo en cuenta los antecedentes de Tapia de burlar la seguridad, incluso, en las prisiones más controladas del país, además de ser un delincuente reincidente y peligroso.
En mayo de 2023, luego de nuevas denuncias de los periodistas Diana López Zuleta y Gonzalo Guillén por las reiteradas salidas de Emilio Tapia del establecimiento penitenciario, sin control alguno por parte de los guardias, así como las fiestas y el ingreso de elementos prohibidos de los que se beneficiaba también el asesino ‘Kiko’ Gómez, el Inpec ordenó el cierre del Pabellón ERE de Barranquilla, por lo que Emilio Tapia fue trasladado a otro lugar de ese centro de reclusión de mediana seguridad.
Pero era una farsa: una nueva tutela de otro juez corrupto de Malambo ordenó al director del Inpec reabrir el Pabellón ERE solamente para Tapia Aldana, por considerar que su cierre había violado su derecho a la dignidad. Esto, luego de que el mismo juez se pusiera en evidencia por tratar de favorecer a Emilio Tapia con otra decisión ilegal, también de tutela, en la que ordenaba al director del Inpec enviarlo, de nuevo, a una casa fiscal del Batallón de Ingenieros del Ejército en Malambo, la cual no pudo ser cumplida porque no había cupo. El juez, entonces, ordenó el arresto del director del Inpec, el de su superior y el de los funcionarios que se habían negado a conducirlo. La Procuraduría intervino ante las evidentes irregularidades de dicha orden, por lo que el juez tuvo que recular y terminó decidiendo el absurdo de reabrir el ERE solo para él. No sobra decir que la Procuraduría abrió también investigación al Inpec, pues desde su oficina jurídica se negaron a apelar esta decisión del juez, investigación que no llegó a ninguna parte.
Estos hechos ratifican la corrupción sistemática y descarada de la justicia para favorecer a Emilio Tapia, violando de manera impune, una y otra vez, la Constitución y la ley.
La consolidación del descaro llegó cuando, a pocos días de nacer la hija de Tapia y la congresista Saray Robayo, un juez de Barranquilla le otorgó, en abril de 2025, libertad condicional, a pesar de que la ley prohíbe este tipo de beneficios a quienes reinciden en la comisión de delitos. A la fecha, ni la Comisión de Disciplina Judicial, ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la Procuraduría, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo han movido un dedo para corregir este atropello. Tampoco el Ministerio de Justicia al que, estando encabezado por Ángela María Buitrago, La Nueva Prensa le remitió la información con las pruebas de las citadas irregularidades y jamás obtuvo respuesta de ninguna clase.
Hoy, Tapia cumple su condena disfrutando de la libertad y los miles de millones que le ha robado al país, más los dineros que ha lavado y que, según su primera esposa, Astrid Sofía Hoyos (a quien abandonó por Natalia Morales), en el marco de una demanda por alimentos en su contra, reposan en cuentas en el extranjero, propiedades de finca raíz en los Estados Unidos, fideicomisos en Nueva Escocia y cuentas en paraísos fiscales, recursos que la Fiscalía nunca quiso rastrear.
Así como en el caso de Tapia, la Fiscalía se ha dedicado a regalar preacuerdos, en contra de lo que establece la ley, liberando con ellos a máximos responsables de delitos de corrupción, evitando sancionar a los autores detrás de crímenes de lesa humanidad, logrando que la verdad nunca salga a la luz. Los Tribunales Superiores y la Corte Suprema de Justicia han encontrado en múltiples ocasiones evidencias de estas conductas por parte de los funcionarios de la fiscalía, jueces y magistrados, pero han omitido su deber de denunciar, ayudando a mantener la impunidad y facilitando el mantenimiento de estas poderosas estructuras criminales.
Se tiene, también, los múltiples magnicidios ocurridos en Colombia. En ninguno de esos casos la justicia colombiana ha identificado ni condenado a sus máximos responsables. Tampoco existen resultados sobre los asesinatos de ya miles de líderes y lideresas sociales y de firmantes de paz, a pesar de lo evidente de su sistematicidad. Y ni hablar del exterminio de la Unión Patriótica ni de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la política de Seguridad Democrática, a pesar de la obvia responsabilidad de quienes lideraron dicha política en el Estado y en las fuerzas armadas. Tampoco existe claridad alguna sobre las causas y aparatos organizados de poder que han sostenido y profundizado el conflicto armado en Colombia por más de 60 años.
Tampoco han producido investigaciones serias ni condenas contra los máximos responsables de delitos relacionados con corrupción electoral. Por ejemplo, por este delito que favoreció a la hoy senadora María Fernanda Cabal, capturaron a dos ejecutores, pero no a ella, quien se benefició de dichos votos mal habidos. De la misma manera ocurrió en el caso que la relacionaba directamente con paramilitares, denunciado por un líder social del Valle del Cauca, quien, el día iba a declarar contra Cabal sufrió un atentado. Esto, luego de advertir amenazas en su contra horas antes para que no atendiera a la diligencia. Hoy no se sabe de la suerte del denunciante y nada ha sucedido con la investigación. Igual suerte han corrido quienes compraron votos de congresistas, y quienes los vendieron, para la reelección de Álvaro Uribe, pero él, directo beneficiado, no respondió ante la justicia y, en cambio, fue reelegido como presidente de Colombia.
También han comprado votos para las casas Char y Gerlein: Aída Merlano paga hoy su condena por estos hechos, pero los beneficiados de esta estructura criminal ostentan libremente sus cargos públicos sin que la Corte Suprema ni la fiscalía haya avanzado en la investigación contra ellos, a pesar de todas las pruebas que Merlano entregó tempranamente a la entonces periodista Vicky Dávila, quien las escondió por más de dos años, pero que hoy reposan en poder de la Corte. Vicky Dávila nunca fue investigada por obstruir a la justicia y hoy es candidata presidencial.
Tampoco existen condenas a máximos responsables por el caso de Odebrecht, ni por el lavado de activos de los bancos de Sarmiento Angulo, a pesar de haber sido condenado en varias ocasiones por esto en Estados Unidos. No las hay por los puentes y carreteras “construidos” por sus empresas y que se han caído por la corrupción en dichas obras, cobrando vidas humanas.
No existen siquiera investigaciones serias por el matrimonio entre la Fiscalía y el Clan del Golfo, y los principales fiscales envueltos en todos los casos mencionados en el párrafo anterior, y de confianza de Néstor Humberto Martínez, siguen trabajando en la Fiscalía, ocupando los más altos cargos, como el imputado fiscal Daniel Hernández o el temible vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz. Tampoco existe investigación contra Néstor Humberto Martínez, involucrado en casi todos los delitos y crímenes de mayor envergadura en el país, incluyendo el saboteo al Acuerdo de Paz.
Carlos Mattos ha sido beneficiado con más de dos años de hospitalización en casa, a pesar de que Medicina Legal conceptuó que no tenía ninguna condición de salud que le impidiera pasar su condena en prisión, como lo establecen sus sentencias. También fue beneficiado con corruptos preacuerdos de la Fiscalía y, a pesar de que la justicia tiene pruebas de ello, nada se ha hecho al respecto. También ha logrado que la Fiscalía se resista a investigarlo por masacres cometidas en el Cesar, no obstante las declaraciones rendidas por los paramilitares que confirman haberlas ejecutado bajo sus órdenes.
Ante este panorama, el director de Justicia Penal Militar propuso la creación de una Comisión Internacional de Justicia —iniciativa que habían sugerido con anterioridad el presidente Gustavo Petro y su entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez—, a lo que rápidamente replicaron los magistrados de las Altas Cortes, quienes, con una actitud extorsiva (negocian con la aplicación o no de la justicia, según sea la transacción), le dijeron al presidente que, de seguir con esa propuesta, éstos no apoyarían su reforma a la justicia (como si no fuese su obligación ante un sistema que no funciona y con un vergonzoso porcentaje de impunidad), y le aseguraron que la Rama contaba con todas las capacidades para impartir justicia, lo cual riñe con la realidad.
En razón de lo anterior, la propuesta no volvió a mencionarse y la Reforma a la Justicia fue recientemente aprobada en el Congreso y hoy se encuentra a la espera de sanción presidencial, pero en ella no se tuvo en cuenta la creación de una comisión interna especial de justicia que se dedicara a identificar, juzgar y sancionar a máximos responsables de los crímenes y delitos más graves que han ocurrido en el país, por lo que no hay esperanza de que éstos lleguen a conocer la cara de la justicia, ni sus víctimas y el pueblo colombiano la verdad sobre esos hechos.
Así las cosas, parece que la única oportunidad que tiene Colombia de obtener verdad, justicia y memoria, es que en la próxima Asamblea Nacional Constituyente se incluya la creación de una Comisión Internacional de Justicia que brinde la objetividad y eficacia suficientes para esclarecer estos y otros graves crímenes, y que permitan el desmantelamiento de estas estructuras criminales enraizadas en el Estado. Asimismo, que se incluya un nuevo régimen jurídico que castigue los delitos asociados a la corrupción con las penas más altas, teniendo en cuenta que el impacto que tienen sobre la sociedad es equiparable o incluso mayor a delitos como el homicidio; con un régimen de rebaja de penas coherente con ello y con el cierre definitivo de pabellones especiales para quienes se atrevan a defraudar al Estado, considerando que con ello privan a comunidades enteras —usualmente las más vulnerables— de sus derechos fundamentales.
Porque no hay reforma, ni laboral, ni pensional, ni de salud, que vaya a verse materializada de verdad, desde su espíritu, mientras no se barra con la mafia incrustada en todos los poderes públicos, comenzando por el judicial y mientras no se provea de dientes a la Constitución para que ésta se haga cumplir y para que los criminales y mafiosos no sigan estando por encima del Estado, como en esta columna se ha ilustrado.