Editor: Francisco Cristancho R.
En la columna anterior nos ocupamos de una señora enfermedad y no, no hablamos del COVID, sino de la mal nombrada Salud Hernández-Mora. Hoy volvemos a ella porque se frustró su anhelo de ver a Antonella Petro distanciada de sus padres y de su país: el presidente hizo público, a través de su cuenta de X, un texto escrito por su hija menor en el que informa que ha resuelto volver a Colombia tras saberse víctima de una estrategia de terceros –gente proterva, a nuestro juicio– por la que, en sus palabras, “no dejaré a las personas que quiero solas [para] darle el gusto a gente sesgada”. En lo que a nosotros refiere, solo podemos alegrarnos al saber del reencuentro de una familia y eso sentimos con la decisión de Antonella, quien en una demostración de generosidad con sus detractores –a la que no está obligada y éstos tampoco merecen– quiso explicar sus motivaciones para regresar a su hogar con este escrito:
Con sus opiniones sobre el exilio de la hija del presidente, la señora virulenta también dejó ver –con el deje colonialista que acostumbra– su postura sobre la calidad de la formación y de la educación en Colombia. Como dijo en su columna de esta semana, “estudiar en el exterior, con todos los privilegios que otorga la posición del progenitor” es “un premio antes que un castigo”, incluso cuando conlleva el desarraigo, el exilio y la separación indeseada del núcleo familiar. Olvida la señora Hernández, o deliberadamente ignora, que la educación superior que ofrecen las universidades colombianas, misma que se apresta a cursar Antonella, es ampliamente reconocida incluso en su país; destacada en rankings y notoria por su exigencia y calidad. Nada de esto es saliente para la periodista europea que cobra en pesos y trabaja para una familia caleña, pero para quien ninguna universidad distinta a la de Navarra tiene valor, mucho menos aquellas que facturan en monedas del tercer mundo.
-Pasando a otro tema- Admirable nos pareció la gestión del Gobierno Nacional respecto del paro de empresarios camioneros. No hubo vencedores ni vencidos; cada lado negoció y cedió; el gobierno en pleno se ocupó de dialogar, a puerta cerrada y sin estridencias como las que acostumbraban sus predecesores: por mencionar algunas, la uniformada de Duque después de que agentes de la Policía asesinaron a golpes a un ciudadano retenido en un CAI, las banderas de Colombia del exministro Molano cuando la censura del Congreso lo acechaba, o las gorras del ESMAD que portaban congresistas de gobierno en el pleno de la Cámara mientras se escuchaban testimonios de víctimas de abuso policial durante el paro nacional de 2021.
El asunto que subyace al paro, sin embargo, no es menor: un gremio organizado y concentrado en unos pocos muy ricos que se han valido de todo tipo de favores y alianzas para dominar un sector esencial de la economía como lo es el transporte de carga. Celebramos los esfuerzos de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Ministerio de Transporte dirigidos a recuperar el transporte férreo de carga y a hacerlo un negocio rentable que propicie, como nunca antes, una verdadera libre competencia en el mercado del transporte, con independencia de cuánto agrade o disguste a los gamonales de las mercancías o a los patronos de otros negocios (varios non sanctos) con quienes suelen coincidir en sus agendas.
Igualmente acertada es la lectura del gobierno sobre las condiciones de este sector. El precio del ACPM no parece incidir en la remuneración o en la duración de la jornada del conductor: su salario continúa siendo poco, generalmente sin cotización a la seguridad social; en condiciones insalubres y por más de diez horas al día, sabido es que “sin recargo” de ninguna clase. Cuando el presidente reparó en esta tesitura y presentó sus propuestas de reforma, cuya lectura recomendamos, los dueños de las flotas de camiones que sitiaban las principales ciudades no veían la hora de levantarse y desaparecerse entre el tráfico. Muy tarde, señores.
Adenda: ¿Dónde están los equipos con los que se opera el spyware Pegasus? ¿Quién los tiene? ¿Escuchan al presidente? ¿Al gabinete? ¿A los negociadores de paz? ¿A la jefatura de las Fuerzas Militares? ¿Lo obtenido con Pegasus ha llegado a salas de redacción en la forma de “filtraciones” o “revelaciones”? No dejemos de hablar de esto: una operación de inteligencia ilegal, financiada con recursos públicos u obtenidos mediante extinción de dominio, en la que unos desconocidos –quienes pueden o no pertenecer a la fuerza pública, o pertenecer a medias, durante la jornada laboral y después asegurarse el sobresueldo con el otro bando– habrían chuzado a quien quisieran con los medios y por el tiempo de su elección. Es momento de que el presidente Petro desclasifique toda la documentación relativa a la adquisición y puesta en operación de Pegasus, incluidos los manifiestos de vuelo de la aeronave en la que se habría transportado, de ida, un maletín lleno de dólares, y de regreso, una herramienta con mucho más poder que el dinero. Solo así alcanzaremos, sino la verdad, al menos sus contornos.
Hasta la próxima.