Treinta y cuatro años después de la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, Irma Franco, David Suspes, Gloria Anzola, Gloria Lizarazo, Ana Rosa Castiblanco, Bernardo Beltrán, Hector Jaime Beltrán, Luz Mary Portela, Lucy Oviedo, Norma Esguerra y Cristina del Pilar Guarín y cuando la mayor parte de papás y mamás ya no viven, los familiares de los desaparecidos seguimos recibiendo patadas del Estado colombiano.
En efecto, el fiscal primero delegado ante la Corte Jorge Hernán Díaz —ex defensor de Andrés Felipe Arias, el famoso “uribito”— fue llevado al ente acusador por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, y su equipo de trabajo salieron en la presente semana en un medio de comunicación a afirmar de manera olímpica que en el Palacio de Justicia no hubo desapariciones forzadas.
Además de revictimizar a los familiares de las víctimas, la expresión de la fiscalía general de la nación nos recuerda al actual ministro de defensa que varias veces ha reducido el asesinato de líderes sociales a “problemas de faldas” o “problemas que se generan por ropa mal colgada”. Bueno, y también nos recuerda a un ex presidente y hoy senador que afirmaba cuando se le preguntaba por campesinos asesinados en el marco del conflicto que “no estarían recogiendo café”. El lema aquel trabajar, trabajar y trabajar ha ido mutando a negar, negar y negar.
Las afirmaciones del equipo de la fiscalía además de desconocer sentencias nacionales e internacionales del caso, son de una pobreza argumentativa considerable. El hecho de que aparezcan algunos fragmentos óseos, si bien implica que el delito de desaparición forzada ya no existe, no borra el hecho de que el delito sí fue cometido. Concluir que porque aparecen unos restos mezclados con otros entonces no hay desaparecidos ni hay desaparición forzada denota desconocimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de 2015, que en sus numerales 269 y 270 expresa de manera clara que el manejo de la escena del crimen una vez terminada retoma del Palacio de Justicia no estuvo caracterizada por errores sino por actos mal intencionados por parte de agentes estatales para dificultar el conocimiento de la verdad de lo que allí ocurrió. Treinta y cuatro años después entendemos perfectamente porqué el Estado colombiano se apresuró a lavar el edificio y a concentrar los cadáveres en el patio del primer piso.
Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia en la audiencia de seguimiento al caso más antiguo del sistema interamericano de derechos humanos hemos pedido a la Procuraduría General de la Nación investigar y sancionar las actuaciones irregulares de funcionarios de la Fiscalía y de Medicina Legal, quienes abiertamente pre juzgaron.
El Estado Colombiano ha sido juez y parte de la investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia, tanto así que durante los primeros 20 años no realizó avances investigativos y hoy 34 años después expone como verdades judiciales ideas que no alcanzan a ser ni hipótesis ni conjeturas sino que alcanzan el escaso nivel de chisme.
Mal para Colombia, mal para el gobierno y mal para las víctimas el actuar indebido de la fiscalía y de Medicina Legal. ¿De qué reconciliación nos hablan si el ejemplo estatal es el del negacionismo? ¿Si personas como Belisario Betancur terminan siendo recordados como poetas y personas como Noemí Sanín, que propiciaron de alguna manera la proyección de un partido de fútbol por la televisión para tapar lo que estaba sucediendo en el Palacio, son intocables por la administración de justicia?
No dejamos de recordar al único ex presidente que salió a protestar por una decisión judicial ni dejaremos de recordar las comunicaciones entre militares participantes en la retoma que rezan textualmente: “esperamos si aparece la manga que no aparezca el chaleco”. En efecto, nuestros familiares han sido entregados a pedazos y la verdad quiere ser borrada de tajo en épocas en las que el presidente de Colombia es el hijo del ministro de obras públicas de Belisario Betancur.
Definitivamente, en Macondo el tiempo gira en redondo.