La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no nació como una institución ordinaria del Estado colombiano. Fue concebida como la columna vertebral del componente de justicia del Acuerdo Final de Paz suscrito con las antiguas FARC-EP y, posteriormente, incorporada al ordenamiento jurídico mediante reformas constitucionales que le otorgaron un carácter especial dentro del sistema de justicia colombiano. Su creación respondió a una apuesta compleja: sustituir la lógica exclusivamente retributiva del fracasado sistema penal por un modelo de justicia transicional orientado a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Esa realidad explica por qué la reciente propuesta de trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP —además de los 84.663 millones que arrastra de desfinanciación— hacia la Rama Judicial no puede analizarse únicamente como una decisión técnica, menos aún cuando ha recibido el respaldo del presidente Abelardo De la Espriella, quien ha expresado posiciones críticas frente a la jurisdicción y ha cuestionado la proporcionalidad entre los recursos asignados y los resultados obtenidos. La controversia se produce, además, en un contexto político en el que el Gobierno ha mostrado reservas frente a diversos mecanismos de supervisión internacional, entre ellos la Corte Penal Internacional.
A mi juicio, estamos frente a una afrenta política y constitucional hacia la JEP. Política, porque el mensaje que transmite el Ejecutivo no es neutral. Cuando el presidente respalda una iniciativa dirigida específicamente contra el presupuesto de la principal institución surgida del Acuerdo de Paz, el efecto simbólico es inevitable. El mensaje es que la justicia transicional deja de ser una prioridad estatal. Constitucional, porque la autonomía judicial no solo se protege frente a presiones externas sobre las decisiones de los jueces, sino también frente a medidas que puedan afectar materialmente su capacidad de funcionamiento. No se trata de sostener que la JEP sea intocable, sino de reconocer que una cosa es ejercer control sobre el gasto público y otra muy distinta debilitar una jurisdicción creada por mandato constitucional.
Preocupa aún más la coherencia ideológica que parece existir entre esta iniciativa y una visión política escéptica frente al derecho internacional. La JEP forma parte de un entramado institucional que permitió a Colombia demostrar ante la comunidad internacional, y particularmente ante la Corte Penal Internacional, que era capaz de investigar y juzgar por sí misma los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Debilitar presupuestalmente a la JEP, mientras se envían señales de desconfianza frente a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, puede ser interpretado como una toma de distancia respecto de los compromisos que Colombia asumió después de décadas de guerra.
Sin embargo, quienes defendemos la importancia institucional de la JEP debemos ser igualmente honestos con sus resultados. La jurisdicción ha contado durante años con recursos considerables y ha gozado de un respaldo político y jurídico excepcional. Aunque ha producido avances relevantes en el esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad, en el reconocimiento de responsabilidades y en la construcción de verdad judicial, resulta difícil ignorar que una parte importante de la ciudadanía esperaba resultados más tangibles después de casi una década de funcionamiento. La lentitud de los macrocasos, el reducido número de sanciones efectivamente ejecutadas y la percepción de distancia entre el enorme presupuesto invertido y los resultados visibles han alimentado cuestionamientos legítimos sobre su eficiencia.
Por eso, el debate no puede resolverse mediante consignas. Sería un error sostener que cualquier reducción presupuestal constituye un ataque al proceso de paz, pero también sería un error afirmar que la discusión se limita a un ejercicio ordinario de austeridad fiscal. La propuesta tiene una carga política evidente y se dirige contra una institución que simboliza uno de los pilares fundamentales de la implementación del Acuerdo Final.
Conviene recordar, además, que la decisión final no corresponde al presidente sino al Congreso de la República. Será el Legislativo el que determine si la modificación presupuestal prospera o no dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, los efectos políticos ya están produciéndose. La controversia ha reabierto el debate sobre el compromiso del Estado con la justicia transicional, ha generado preocupaciones en sectores de víctimas y ha proyectado ante la comunidad internacional una imagen de incertidumbre sobre el futuro de una de las instituciones más importantes surgidas del proceso de paz.
La JEP debe rendir cuentas y demostrar resultados acordes con los recursos que ha recibido, pero un Estado serio no puede convertir la discusión presupuestal en un instrumento para enviar mensajes de desaprobación política frente a un modelo de justicia que él mismo incorporó a su Constitución. Muy seguramente, si mañana no le gusta al señor Abelardo el sistema de justicia interno, procederá a desfinanciarlo. Esa es la verdadera dimensión del debate que hoy enfrenta Colombia, ante el silencio de los representantes de las altas cortes, quienes, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, demandaban “respeto por la institucionalidad”, pero ahora callan y se refugian en sus lánguidas investiduras.
