La pregunta que las y los colombianos debemos hacernos, a pocos días de la elección presidencial, es sencilla pero trascendental: ¿queremos que durante los próximos cuatro años la Casa de Nariño sea ocupada por un presidente comprometido con los intereses de Colombia o por un simple mandatario subordinado a los designios de Washington?

La discusión no debe limitarse al terreno electoral ni a las pasiones partidistas. Por el contrario, exige un análisis político, jurídico e incluso académico, pues de ella depende la orientación que asumirá el país en un contexto internacional cada vez más complejo e inestable.

En primer lugar, es fundamental comprender que la política exterior de cualquier Estado tiene como propósito esencial la defensa de los intereses nacionales. Aunque dichos intereses pueden ser múltiples y cambiantes, tradicionalmente se agrupan en tres grandes objetivos: garantizar la supervivencia física del Estado y la seguridad de sus habitantes; promover el bienestar económico de la población; y preservar la autodeterminación y la soberanía nacional.

La propia Constitución Política de Colombia asigna al Presidente de la República la responsabilidad de dirigir las relaciones internacionales. El artículo 189 establece, entre otras funciones, la de nombrar agentes diplomáticos y consulares, recibir representantes extranjeros y celebrar tratados y convenios internacionales que posteriormente deben ser sometidos a la aprobación del Congreso. En consecuencia, quien ocupe la Presidencia debe actuar con absoluta lealtad a los intereses de la nación colombiana.

En segundo lugar, resulta pertinente recordar que una persona que adquiere la nacionalidad estadounidense presta un juramento mediante el cual renuncia formalmente a toda lealtad política hacia cualquier Estado extranjero y se compromete a defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Ese acto constituye una obligación jurídica y simbólica frente al Estado norteamericano.

Si bien la existencia de una doble nacionalidad no implica necesariamente una incompatibilidad automática con el ejercicio de cargos públicos en otros países, sí plantea interrogantes legítimos sobre posibles conflictos de lealtades cuando se trata de asumir la jefatura de un Estado soberano, especialmente en escenarios de tensión diplomática o de divergencia de intereses entre ambas naciones.

Por otra parte, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los aranceles económicos y el uso de la fuerza militar han vuelto a ocupar un lugar central en la política exterior estadounidense. Diversas operaciones militares realizadas en países como Yemen, Somalia, Iraq, Siria, Irán y Venezuela, así como las constantes amenazas diplomáticas y comerciales contra distintos gobiernos del mundo, reflejan una estrategia basada en la presión económica y la demostración de poder. Colombia y México tampoco han estado exentos de advertencias y presiones provenientes de Washington.

A ello se suma una creciente preocupación por el debilitamiento del sistema multilateral y del derecho internacional. Las acciones unilaterales de las grandes potencias, la instrumentalización de organismos internacionales y el desconocimiento de principios fundamentales de la convivencia entre los Estados han contribuido a erosionar mecanismos que históricamente han servido para que países de menor poder relativo, como Colombia, puedan hacer valer sus posiciones en el escenario global.

En este contexto, la eventual llegada a la Presidencia de un candidato estrechamente alineado con los sectores más radicales de la derecha estadounidense representa, cuando menos, una preocupación legítima para quienes consideran que la política exterior colombiana debe construirse desde la defensa autónoma de los intereses nacionales. El debate no consiste únicamente en las afinidades ideológicas, sino en la capacidad real de ejercer una conducción independiente del Estado colombiano frente a las presiones de una potencia extranjera.

La situación adquiere una dimensión aún más relevante cuando se observa el estilo de liderazgo que ha caracterizado a Donald Trump. Las movilizaciones ciudadanas conocidas como “No Kings” reflejan el rechazo de amplios sectores de la sociedad estadounidense a lo que consideran tendencias autoritarias y una creciente concentración del poder. Para muchos de sus críticos, Trump ha actuado más como un gobernante dispuesto a imponer su voluntad personal que como un presidente sometido a los límites institucionales propios de una democracia constitucional.

Al mismo tiempo, preocupa que algunos sectores políticos colombianos promuevan propuestas extractivas, como la expansión del fracking, presentándolas bajo el concepto de un supuesto “fracking responsable”. Los riesgos ambientales asociados a esta práctica han sido ampliamente debatidos en numerosos países y, en varios casos, han dado lugar a restricciones o prohibiciones debido a sus posibles impactos sobre ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas.

Finalmente, cabe preguntarse cuál sería la posición de un gobierno estrechamente alineado con Washington frente a una eventual intervención militar estadounidense o de alguno de sus aliados. ¿Actuaría con independencia y priorizaría los intereses de Colombia? ¿O respaldaría automáticamente decisiones tomadas en el exterior, incluso cuando estas pudieran comprometer la seguridad, la soberanía o los intereses nacionales?

Estas son las preguntas de fondo que deberían orientar el debate público. Lo que está en juego no es únicamente la elección de un presidente, sino la capacidad de Colombia para mantener una política exterior soberana, defender sus intereses nacionales y preservar su autonomía frente a las presiones de cualquier potencia extranjera.

La decisión, en última instancia, es entre una Presidencia que represente plenamente a la nación colombiana o una que corra el riesgo de convertirse en una prolongación de intereses ajenos. Entre un presidente de la patria o un virreyezuelo de la colonia.

* Analista Internacional - @hectorjgaleanod.