QUITO - Una profunda crisis institucional sacude los cimientos de la cúpula militar y el poder ejecutivo en Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó mediante el Decreto Presidencial 496, la destitución del comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el teniente general Mauricio Xavier Salazar Machuca. El motivo real detrás de esta repentina salida no responde a una reestructuración rutinaria ni a cuestiones administrativas, sino a un acto de censura y castigo político: el alto oficial fue despedido fulminantemente apenas dos días después de haber exigido garantías jurídicas explícitas y cuestionado el marco legal bajo el cual el gobierno autorizó la presencia y operaciones temporales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) en suelo ecuatoriano, específicamente en la Base Aérea Taura.

El detonante de este pulso entre la legalidad constitucional y la ambigüedad gubernamental ocurrió el pasado 8 de septiembre. En esa fecha, el entonces comandante Salazar dirigió una misiva al alto mando militar en la que exigía delimitar de manera formal y rigurosa el alcance legal de la presencia de tropas y aeronaves estadounidenses. Su objetivo fundamental era uno solo: evitar que las maniobras extranjeras vulneraran la Carta Magna del Estado ecuatoriano.

En su requerimiento, el general destituido apeló directamente al Artículo 5 de la Constitución de la República. Dicha norma establece con absoluta claridad que el Ecuador es un territorio de paz y prohíbe de forma expresa e incuestionable la instalación de bases o instalaciones militares extranjeras, así como la cesión de bases nacionales a fuerzas armadas de otras naciones. Curiosamente, este mismo artículo había sido objeto de interés de la administración de Daniel Noboa, la cual intentó promover una reforma constitucional para flexibilizarlo, iniciativa que terminó siendo rotundamente rechazada por la ciudadanía en las urnas a través de un referendo popular.

Lejos de tratarse de un desacato, la postura de Salazar representaba un ejercicio de celo profesional y defensa de la soberanía. En el documento oficial emitido por la institución aérea, el jefe militar enfatizó la imperiosa necesidad de que la FAE preservara de manera incondicional el control operacional y administrativo de la Base Aérea Taura. Asimismo, instó al Ejecutivo a emitir con urgencia los acuerdos, instrumentos o convenios específicos que dotaran a las Fuerzas Armadas de un "marco habilitante" adecuado. Esto último buscaba permitir la cooperación bilateral con Washington sin que ello significara una transgresión directa a la soberanía nacional.

El jefe militar caído en desgracia subrayó un punto clave que incomodó a Carondelet: las operaciones de la USAF debían sujetarse de manera estricta a los dictámenes emitidos en enero de 2024 por la propia Corte Constitucional (específicamente los dictámenes 7-23-TI/23, 9-23-TI/24 y 10-23-TI/24). Dichas resoluciones son de cumplimiento obligatorio y regulan los acuerdos de movilidad militar, conocidos como estatutos SOFA (Status of Forces Agreement), así como los sobrevuelos en operaciones marítimas. De forma tajante, estos dictámenes prohíben la creación de estructuras orgánicas permanentes de ejércitos extranjeros o la participación en actividades bélicas de conflicto armado en alianza con fuerzas foráneas. Al preguntar qué marco jurídico respaldaba las acciones actuales de Estados Unidos, Salazar tocó una fibra sensible del poder político.

La salida abrupta de Salazar ocurre en un contexto de amplísima presencia operativa y logística de Washington en territorio ecuatoriano, un despliegue que ha crecido de manera exponencial sin que exista claridad sobre los límites jurídicos precisos que rigen a estas fuerzas. Actualmente, el país experimenta el despliegue de aeronaves Osprey estadounidenses involucradas en operativos contra disidencias de las FARC, la presencia constante de buques de guerra de gran calado —como el USS San Antonio y el USS Gridley— operando estratégicamente desde el puerto de Manta, y aportes permanentes de inteligencia militar ejecutados mediante drones del Comando Sur.

A este escenario se suman la donación y recepción de un avión C-130 Hércules para la FAE, acuerdos financieros por 25 millones de dólares gestionados a través de la Oficina de Antinarcóticos (INL), la implementación de la iniciativa de seguridad denominada «Escudo de las Américas» e, incluso, la apertura formal de una oficina permanente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la ciudad de Quito. Para sectores críticos y analistas jurídicos, la acumulación de estos convenios opera en un limbo legal que el gobierno prefiere mantener opaco, evitando los controles legislativos y constitucionales correspondientes.

Ante la remoción de Salazar, el Ejecutivo designó rápidamente al brigadier general Mauro Enrique Pablo Julián Bedoya Avilés como el nuevo comandante general de la FAE. Bedoya Avilés es un piloto militar que cuenta con una formación académica y táctica en el extranjero, habiendo pasado por instituciones de Francia, Israel y Brasil, además de haber desempeñado funciones diplomáticas y estratégicas como agregado militar en Washington y director de Ciberdefensa del Estado.

Asume la conducción institucional en un momento sumamente delicado, donde su predecesor deja una vara alta en cuanto al respeto institucional, marcada también por el cumplimiento de la disculpa pública ordenada por la Corte Constitucional en el polémico caso de los niños de Las Malvinas.

El “caso de los niños de Las Malvinas” hace referencia a la detención ilegal, tortura, desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad (afrodescendientes de entre 11 y 15 años) ocurrida en diciembre de 2024 en Guayaquil, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo militar. Los cuerpos de los niños fueron hallados calcinados cerca de la base de Taura, lo que desató una enorme indignación nacional y derivó en una sentencia de la Corte Constitucional que obligó a la cúpula militar a ofrecer disculpas públicas oficiales al Estado y a los familiares de las víctimas.

La destitución fulminante de Salazar es una advertencia clara del gobierno de Daniel Noboa y, cuando menos, alarmante para la democracia ecuatoriana. Castigar con el despido a un comandante general por cumplir con su deber constitucional de preguntar, exigir garantías jurídicas y velar por el respeto a la soberanía nacional es un aviso al resto de las Fuerzas Armadas: la obediencia ciega a los pactos internacionales y a la agenda de Estados Unidos puede estar por encima del mandato de la propia Constitución de la República.